TIEMPO Y DESTINO

Una mejor seguridad pública entre necesidades primarias

Luis Morales Chúa

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Prevalece en la población una sensible desesperanza ante la realidad de que los hechos de violencia y otras múltiples formas de delitos no disminuyen en cantidad y crueldad, como lo indican estudios que sobre temas de criminalidad se publican frecuentemente, unos oficiales y otros provenientes de entidades privadas nacionales o internacionales.

No puede menos que causar estupor la revelación reciente de que por lo menos seis mil mujeres guatemaltecas han desaparecido y se desconoce su paradero, y lo mismo que sucede con miles de niños enviados al extranjero, como incontenible actividad de la trata de personas.

Súmese a todo eso, los informes oficiales sobre el promedio de seis mil muertes al año causadas con arma de fuego, unas, y con armas punzocortantes, las demás.

Acerca de esas desapariciones figura en Internet, desde diciembre de 2015, un extenso reportaje publicado en el diario mexicano La Jornada, firmado por Sanjuana Martínez, bajo el titular “Alarmante, el número de mujeres guatemaltecas desaparecidas en México”, ilustrado con fotografías de familiares de algunas de las víctimas y con entrevistas verdaderamente estremecedoras.

Ayer, este diario publica una información acerca de la deforestación en el Parque Nacional Laguna Lachuá, en Alta Verapaz, atribuida a grupos criminales que comercian grandes cantidades de madera.

En fin, el problema es de enormes proporciones y su reducción a dimensiones normales resulta casi imposible, con los medios que actualmente cuenta el Estado. Afrontarlo y resolverlo es asunto de la competencia del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación y de otras instituciones, de conformidad con la cooperación interinstitucional establecida por la legislación específica.

Otra de las atribuciones relativamente nuevas añadidas al Ministerio Público es la emanada de la Ley de Extinción de Dominio, en la que el Estado reconoce que en los últimos años se han incrementado, de manera alarmante, los delitos que atentan contra el patrimonio del Estado y de los particulares, y de los que ocasionan grave daño a la vida, la integridad, la libertad y la salud de los habitantes de Guatemala, relacionados con la delincuencia organizada y otras formas de actividades ilícitas o delictivas.

Expresa, además esa ley, que los responsables de delitos económicos, infracciones de narcotráfico o de la delincuencia organizada, utilizan diversos mecanismos ilegales, mezclados con medios legales, para la transferencia y circulación de bienes, ganancias, frutos y productos de la criminalidad, así como para el encubrimiento u ocultamiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o la propiedad real de esos bienes, ganancias o derechos, a sabiendas de que proceden de actividades delictivas y que, mediante actos de corrupción, tráfico de influencias y otros ilícitos, cada vez más personas individuales y jurídicas, han acumulado bienes con recursos provenientes de actividades ilícitas o delictivas.

Así, pues, el mapa de la criminalidad ya está definido y, en consecuencia, los organismos Ejecutivo y Legislativo, harían bien en fortalecer económicamente al Ministerio Público, al Ministerio de Gobernación y a otras entidades obligadas a dar cumplimiento a las leyes contra la criminalidad, para que aumenten personal y mejoren sustancialmente los sueldos, en el entendido de que la seguridad pública es hoy como ayer una necesidad primaria y urgente de la población guatemalteca.

De lo contario el gran esfuerzo que esas instituciones desarrollan siempre será insuficiente.

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