No deja de ser paradójico que entre las instituciones que mejor funcionan en el país se encuentre una oficina extranjera, cuyos rubros de gastos se encarga de cubrir la comunidad internacional, o mejor dicho, unos cuantos países cooperantes que han visto con preocupación cómo muchos indicadores de impunidad crecen de manera vergonzosa. Esa entidad es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que ha pasado por tres etapas evidentes desde su instalación, hace siete años.

El pasado lunes, Prensa Libre presentaba los datos de una encuesta levantada a mediados de octubre, en la que precisamente es la Cicig la que aparece como una de las entidades de mayor confianza en la lucha contra la criminalidad. Un 73 por ciento de los encuestados expresó que conocía de su funcionamiento, y un 95 por ciento opinaba que estaba haciendo una buena labor, lo que implica no solo un amplio conocimiento de esta oficina, sino que además es clara la calificación positiva de sus actividades.

Los datos presentados en esta última medición también son claros en determinar las razones que hacen que los encuestados valoren de manera positiva la labor de la Cicig, y es que se reconoce como artífice de esos logros al comisionado Iván Velásquez. De hecho, un 95 por ciento de quienes opinaron califica de buena la labor que está haciendo al frente de dicha oficina y respaldan, además, que continúe por más tiempo al frente de la entidad.

Un 89 por ciento de quienes respondieron opina que Velásquez es quien debería seguir al frente de esa entidad, con lo que se reconoce el efectivo trabajo que ha tenido, a diferencia de los comisionados anteriores, que más parecían enfocados en ganar exposición mediática en casos de impacto. Aquí cabe destacar que el abogado colombiano ha conducido la desarticulación de varias estructuras enquistadas en el Estado, las cuales prácticamente pasaron inadvertidas para muchos.

Hay que recordar que en la valoración sobre las labores de la Cicig pesa no solo la imagen de Velásquez, sino que el enorme aporte que ha hecho su equipo de investigación. No es poca cosa tener a un binomio presidencial tras las rejas, precisamente por ser presuntamente los cabecillas de una banda dedicada a saquear el sistema aduanero, mientras que muchos de sus colaboradores también se encuentran tras las rejas por anomalías en otras dependencias.

También se debe reconocer, como lo hacen los encuestados, que buena parte de los méritos de esa lucha contra la impunidad recae también en la actual jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, quien ha sido la contraparte local de una misión comprometida con el trabajo que le fue encomendado.

Los interrogados tienen claro que no solo se le debe ratificar en el cargo, sino que el próximo gobierno está en la obligación de prorrogar su mandato, si es que existe un claro compromiso por hacer que se comprenda que la corrupción debe emprender la retirada. Las autoridades entrantes han declarado su anuencia a extender el mandato de la Cicig y de la actual fiscal; habrá que ver si mantienen su palabra.