Una nueva amenaza se cierne sobre la PNC
La nueva Policía Nacional Civil es el resultado de enormes esfuerzos, plasmados en los acuerdo de paz, para convertirla en una entidad moderna, alejada del oprobioso pasado de sus más altos integrantes, y durante la última década se ha intentado fortalecer su carácter de institución civil, pero no con cualquier persona ajena a ella, sino con profesionales de carrera.
Esos esfuerzos parecen haber terminado de manera abrupta a partir de las sindicaciones de corrupción contra el presidente Morales, quien emprendió una serie de cambios que deberían llamar la atención de los guatemaltecos, porque constituyen un franco retroceso, como la imprevista salida del ministro de Gobernación, a principios de año.
La llegada de Enrique Dehenhart en sustitución de Francisco Rivas es una de las más desafortunadas decisiones del mandatario, porque a partir de ahí cada paso parece ser un retroceso para apuntalar la PNC, como se ratifica con el descabezamiento de la cúpula de esa institución, una de sus primeras y sospechosas medidas.
Con esa acción se truncó el reforzamiento de la PNC y se dio paso a nombramientos de personas no solo alejadas de la institución, sino llegadas luego de haber ocupado cargos ligados a prácticas corruptas, como son los controles aduanales. No importó que tales remociones desvirtuaran el combate de estructuras criminales, méritos de los cuales todavía disfruta el actual responsable de la seguridad interna.
Por si fuera poco, el pasado jueves, durante el cambio de autoridades en el Ministerio Público, Dehenhart protagonizó una nueva escena de bochorno, al montar un remedo de acto con características militaroides y colocar a las autoridades de la PNC en una situación vergonzosa, propia de quienes parecen vivir en otra época, cuando el abuso de poder y el derroche de recursos eran la regla.
Ahora, con la salida de Adela de Torrebiarte al frente de una oficina llamada precisamente a incrementar la institucionalización de la PNC, se acrecienta la preocupación, porque se suma a la anteriormente citada escena que eleva el nivel de incertidumbre sobre el futuro de una entidad que debe estar alejada de cualquier manipuleo político y sobre todo del servilismo politiquero.
El Gobierno debe cesar en el debilitamiento de instituciones como la PNC, porque esto se está volviendo una constante que apunta a un socavamiento de dependencias llamadas a jugar un papel crucial en la seguridad ciudadana. Según las denuncias planteadas por De Torrebiarte, existe un creciente riesgo de que se busque hacer retroceder a esa entidad en la historia y convertirla en un aparato puesto al servicio de los más mezquinos intereses de quienes, en los últimos meses, manipulan al Ejecutivo en forma casi inmisericorde.