Partiendo del criterio de que esta es una de las legislaturas más deslegitimadas, se debe sospechar y proceder con mucho escepticismo ante las recurrentes iniciativas de los diputados, que siempre parecen tener perversas intenciones detrás de sus propuestas, como una vez más se percibe con la iniciativa conocida como ley contra el terrorismo.

Una vez más los diputados parecen aprovecharse de las circunstancias para incluir apartados que claramente riñen con principios constitucionales y más que criminalizar la protesta aflora una intención oscura de acallar la crítica o de buscar el castigo de quienes osen diferir de los criterios oficiales.

De hecho, la misma definición de terrorista presenta el mayor reto para los legisladores, pues la pregunta medular es quién se encargará de explicar el concepto para lograr comprender sus límites, pues en lo que ha logrado trascender se percibe más bien la intención de castigar a quienes manifiesten criterios discordantes.

El apartado que se refiere al ciberterrorismo estipula penalizar a quienes incurran en ese delito con fines económicos, políticos, religiosos, ideológicos, militares y/o cualquier otro que utilice los medios de comunicación, informática, tecnologías de la información, electrónica o similar, con el objeto de infundir temor, causar alarma, intimidar a la población y con estas acciones cause una violación a la voluntad de las personas, y serán sancionados con penas de hasta 15 años.

Un párrafo irrefutable sobre las intenciones perversas detrás de esta propuesta, pues su extremo subjetivismo hace obligatoria la pregunta de quién califica esos aspectos, porque en determinados casos la interpretación puede ser antojadiza y opuesta al espíritu de los promotores de la normativa, sobre todo cuando predomina un afán amedrentador y limitador para cualquier posibilidad de crítica o discrepancia.

Es evidente que en Guatemala prevalece una absoluta falta de voluntad, pues esta ley no solo es absurda, sino innecesaria, como lo ha planteado el sector privado, al pedir que los desbordes en las protestas pueden y deben ser controlados con mecanismos existentes que permiten contrarrestar cualquier desmán.

No se debe caer en excesos que pongan en peligro otras garantías, como la libre emisión del pensamiento, que no aplica solo a los medios de comunicación y podría quedar vulnerable según la libre y veleidosa interpretación de los autores.

Esta iniciativa es tan torpe que lejos de criminalizar a quienes abusan de la protesta pone en riesgo a muchos otros sectores, que igualmente pueden ser señalados como extremistas o ser criminalizados a causa de una antojadiza aplicación de la ley.

Una vez más, el exceso de entusiasmo e iniciativa de los diputados pretende ir en contra de principios constitucionales que ponen en riesgo sagrados derechos que podrían debilitar incluso el trabajo de los medios de comunicación independientes, cuya labor quedaría restringida y bajo la amenaza de que algunas opiniones o críticas puedan ser calificadas de ideas terroristas, un concepto cuyo significado debe ser más específico, porque ha sido mal utilizado por gente intolerante y poco culta.