Resulta imposible abstraerse de la realidad nacional, y por más que se hagan esfuerzos de dirigir la mirada hacia otros horizontes, la problemática compartida por muchos de nuestros vecinos regionales nos regresa a nuestras propias penurias, porque tenemos una cultura del abuso, el caciquismo y de la resistencia a la cuentadancia por parte de la dirigencia gobernante.

En México, los medios de comunicación y las redes sociales han sido prolijos en denuncias en contra de la corrupción de la clase política, que ha buscado politizar la ayuda a los damnificados por el reciente terremoto, pero también proliferan los mensajes de etiquetar la ayuda a las víctimas de tal manera que no pueda ser utilizada, robada o vendida por representantes gubernamentales.

En Ecuador, acaba de ingresar a prisión preventiva quien fuera hasta hace pocos días el vicepresidente de ese país y quien está sindicado de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, célebre por haber hecho lo mismo con numerosos funcionarios y diputados de Latinoamérica, entre ellos varios guatemaltecos.

En Honduras y El Salvador, se han promovido leyes que buscan restarle impulso a la lucha contra la corrupción y en claro beneficio de gobernantes o funcionarios inescrupulosos que pretenden criminalizar las protestas o que los bienes malhabidos no puedan ser extinguidos, en una desvergonzada muestra del proceder de los liderazgos políticos en la región.

En Guatemala, la ofensiva contra ese flagelo continúa, y la más triste muestra fue el llamado Pacto de Corruptos en el Congreso, que tuvo que dar marcha atrás ante la gallardía de los ciudadanos que salieron a protestar contra el despropósito. Sin embargo, existen funcionarios, algunos con décadas de haber ejercido el poder de manera inescrupulosa, que todavía se aferran al manto de la impunidad, el cual se hace cada vez más corto y harapiento.

El gobierno central todavía no da suficientes muestras concretas y consecuentes de apoyar sin condiciones la lucha anticorrupción y, por el contrario, siguen los retrocesos, como es el caso del Ministerio de Salud, que desde el cambio de ministro ha tomado medidas sospechosas, como la decisión del funcionario de cerrar la oficina de fiscalización, lo cual obligó a la renuncia de una figura claramente comprometida con la cuentadancia.

Mientras que desde las más altas esferas de poder continúe el irresponsable y sospechoso manejo de los recursos públicos, Guatemala seguirá apareciendo en los últimos lugares de los indicadores mundiales de países más corruptos, lo cual tiene un impacto negativo, en detrimento de las instituciones, pero también en el desprestigio de una clase política que ya debe ser renovada.

A pesar de los discursos falaces y retorcidos de ciertos caciques que se sienten vulnerables por sus acciones opacas, cada vez más sectores, incluyendo a aquellos de pensamiento más tradicional, toman conciencia de que la corrupción no es buena para nadie, excepto para quienes medran del erario y del tráfico de influencias.