Con esta valiente y difícil decisión Grecia no se está negando a pagar su deuda, sino a pagarla en esas perversas condiciones. Alemania y Francia exigen al Gobierno de Grecia que reduzca aún más el fondo de jubilación y el gasto social. Pero los profundos recortes que ya se han hecho al gasto público, como la reducción en las subvenciones por hijas e hijos a cargo, las ayudas para las viviendas, las prestaciones por incapacidad, entre otros, están aumentando la desigualdad y la pobreza en este país; además que no están ayudando a que la economía del país crezca.

Así como están las cosas, nuevamente nos damos cuenta de que los sistemas de poder económico y político europeos prefieren salvar al capital antes que priorizar la vida digna, especialmente cuando se trata de aquellos países no considerados “plenamente” europeos, como es el caso de las naciones del Mediterráneo y de la Europa del Este. En consecuencia, difícilmente se puede negar la persistencia del racismo estructural en ese continente que supone ha avanzado en la lucha contra ese flagelo social.

Contrario al discurso de progreso y desarrollo que ha pregonado y pregona la modernidad capitalista neoliberal, irremediablemente se está provocando un fuerte retroceso en materia de respeto a los derechos humanos. Por eso la rebeldía de Grecia contra este sistema asfixiante, puede significar el inicio de una etapa en el que las élites políticas y económicas, así como los pueblos a nivel mundial, se sienten a dialogar para replantearse otros caminos, otras alternativas al orden económico imperante.

Lo que ocurre en Grecia también está vinculado a la crisis política que vivimos en Guatemala, no es un hecho aislado. A consecuencia de la crisis social y económica por la que atraviesa nuestro país, llevamos 12 semanas de protesta pacífica. Nuestras exigencias son claras, demandamos reformas de fondo al sistema político y económico. Sin embargo, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial no se quieren dar por enterados, continúan pactando impunemente y desoyendo nuestras demandas.

En ese sentido, considero que tanto en Grecia como en Guatemala —pero más en nuestro país— tenemos el desafío de pasar de las protestas y las propuestas a las acciones.

En nuestro país, es cierto que hay avances en propuestas que se han hecho para reformar las leyes ordinarias, como un primer paso para iniciar con esas reformas de fondo al sistema político y económico que exigimos. Pero aún nos queda el desafío de empezar a articular una plataforma genuina que pueda convertirse en ese espacio en el que la ciudadanía pueda canalizar sus propuestas e iniciar procesos de genuinas acciones de formación política.