Esos cambios constituyen los resultados que el sector público busca alcanzar.

Es la suma de las satisfacciones individuales y colectivas que pueden ser producidas por cualquier sistema social o política gubernamental —en entredicho el rol de las políticas públicas para la consecución del bienestar común—, donde el Estado actúa como agente de desarrollo para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

En esencia, redistribuir equitativamente los bienes y servicios públicos sin caer en un exacerbado paternalismo estatal que crea redes clientelares.

Los principales componentes del valor público son los resultados/impactos en la ciudadanía, quien debe exigir mecanismos de rendición de cuentas —priorización, ejecución y calidad del gasto público—, la confianza/legitimidad que se constituye en el corazón de la relación entre el Estado y la sociedad; y los bienes/servicios públicos que están destinados a incrementar los niveles de desarrollo sostenible.  

Sin embargo, la crisis del sistema político guatemalteco en su conjunto —partidos políticos colapsados, medios de comunicación dependientes, organizaciones sociales cupulares, cámaras empresariales antidemocráticas y cooperación internacional desalineada—  tiene una merma significativa en la producción de valor público, pues no coadyuva a la recuperación de la mística comunitarista, aquella que pregona apoyar a las mayorías y a los sectores vulnerados, pues estos tienen una influencia directa en los sistemas de tributación, competitividad, empleabilidad, seguridad, política social y medioambiente.

A manera de colofón, el valor público es urgente para equilibrar las fuerzas entre Estado, mercado y ciudadanía, donde la eficacia, eficiencia y transparencia son los pilares para retejer los procesos de modernización de la Administración Pública —hasta hoy un mito la Gestión por Resultados—, avanzar hacia niveles aceptables de gobernabilidad y cohesión social, darle contenido, inclusión y humanidad a la democracia electorera, sanear las gusaneras del servicio civil y de la burocracia, replantear las tácticas de empoderamiento y resiliencia comunitaria, reivindicar nuestra soberanía popular sobre los bienes y servicios estratégicos del Estado concesionados y/o privatizados por las élites dominantes.

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