Hace algunas semanas, el gobierno madurista decidió darle vida a la Ley de precios justos, que entre otras decisiones castiga a quienes en sus empresas obtengan ganancias superiores al 30 por ciento. Este criterio olvida el factor económico fundamental de que el porcentaje de utilidades de una determinada actividad es muy variable. Cuando alguien tiene un precio de costo de US$1, por ejemplo, si lo vende a US$2, obtiene una ganancia del cien por cien, según este criterio. Y puede ser que otro producto tiene US$100 de costo y se vende a US$120, lo cual significa 20 por ciento de ganancia. Según esa ley, hay que castigar al primer productor, y las penas son irracionalmente elevadas.

Como consecuencia de esta y de otras medidas similares, el fenómeno del desabastecimiento ha hecho su aparición. Algunas empresas prefieren cerrar, y con ello aumentar el desempleo. El caso más reciente es el de la ensambladora de automóviles Toyota. Cada vez es más clara la predicción de un cambio en el apoyo de quienes se sienten ahora apoyados por el Gobierno, con lo cual es posible que la mayoría poblacional opositora crezca a proporciones inesperadas, con consecuencias impredecibles, pero violentas.

El chavismo sin Hugo Chávez se debilita de manera clara e imparable. Maduro no tiene el carisma de su mentor, y la presión por la falta de alimentos y de otros bienes de consumo pronto dará pruebas de que ya no hay oídos para las acusaciones gubernativas de supuestos planes de golpes de Estado ni de conspiraciones internas o externas. Conforme el tema de la economía se convierta en un problema de hambre, las presiones populares aumentarán y las reacciones del Gobierno no podrán evitar ser cada vez más drásticas, es decir, más violentas, con más muertos y heridos en las manifestaciones populares tanto en pro como en contra del madurismo.

El análisis sereno de la situación venezolana llega a la conclusión de que, por desgracia, no parece haber alternativa para una situación de violencia, cuya cercanía en el tiempo es evidente. No se puede dejar de señalar que los venezolanos saben que su país, a causa de su petróleo, debería ser pujante. No lo es, a causa de los errores y las irresponsabilidades en el manejo de los recursos. Si bien se puede discutir la creencia de que las fuerzas desbocadas del mercado son la panacea, tampoco se puede aceptar que decisiones de fondo populista sean las que rijan la economía. El resultado, una vez más, está a la vista: empobrecimiento en un país que tiene todas las razones teóricas para ser, sobre todo, una potencia social.