Si bien es cierto que desde los emperadores chinos se ha esparcido la convicción de que las crisis son el desencadenante de grandes oportunidades y de posibilidades para mutar procesos o conductas sociales e individuales, también lo es que las secuelas de cada momento traumático dejan una honda huella en quienes quedan inmersos en uno de esos torbellinos. Los países no son ajenos a ese ajetreo, cuyas consecuencias tienen también repercusiones en millones de personas.

En ese recuento de daños, después del movimiento telúrico que estremeció los cimientos de la institucionalidad y del poder político, es inevitable observar la tambaleante situación en la que quedaron quienes tenían la obligación de velar por el uso responsable de los recursos públicos y que, por el contrario, toleraron el saqueo atroz al que era sometido el sistema tributario nacional. Algo infame que se pretendía suplir con la creación de nuevos impuestos y un descomunal crecimiento de la deuda pública.

Ese golpe artero a la institucionalidad trascendió mucho más allá de la esfera política y le produjo un enorme daño a la credibilidad de todo el sistema y a la misma imagen del país. Ninguna nación puede quedar indemne cuando quienes están llamados a vigilar el uso adecuado de los aportes tributarios de la población miran para otro lado, mientras sus más cercanos colaboradores se dedican a la rapiña del erario y, de manera desvergonzada, a darse una vida de lujos ofensivos.

Un primer efecto de esa repudiable conducta cae por supuesto sobre la clase política, que en este caso ya ha empezado a cobrar la factura de los desaciertos, principalmente en las filas del partido oficialista, que enfrenta una incontrolable fuga de figuras, que aprovechan el oportunismo propio de los políticos criollos, cuando el barco se tambalea. Otros todavía esperan que la inscripción como aspirantes a algún cargo de elección popular les conceda una momentánea inmunidad, para evitar la persecución judicial por los abusos cometidos a la sombra del poder.

Otro daño irremediable es que se espera una baja sensible en la recaudación tributaria, debido al desencanto de los contribuyentes de ver cómo una mafia se apoderaba de millones de esos aportes que en vez de llegar a las arcas nacionales terminaban en manos de un grupo de facinerosos, lo cual tiene repercusiones directas en limitar servicios o poner en peligro la vida de guatemaltecos que solo encuentran negativas en el sistema de salud. De hecho, la crisis financiera que atraviesa el Estado es porque la SAT no logra cumplir con las metas tributarias.

Indudablemente, se esperan todavía otros efectos sobre la marcha del país, los cuales pueden tener serias repercusiones sobre la percepción de riesgo país que plantea Guatemala ante las calificadoras internacionales, que han dicho que pueden ser mínimos, aunque en el largo plazo esto se revierta, si la crisis no se resuelve satisfactoriamente.

Sin embargo, un cambio que puede influir en una profunda transformación de la administración pública es que el clamor popular haga sentir su voz exigiendo un mínimo de ética pública.