El presidente Otto Pérez Molina, a pesar de la decisión tomada el jueves por el Congreso para retirarle la inmunidad e iniciar el proceso de antejuicio, aún no puede cantar victoria porque faltan acciones legales que sin duda alguna serán utilizadas en su contra. Pero, además, aun en el caso de que allí sea engavetado el expediente, se encuentra frente a una situación de victoria pírrica para él y contraproducente para los que participaron.

Desde el punto de vista de la política teórica formal, constituye una victoria que un presidente logre escapar de un juicio político al que ha sido llevado por un diputado opositor, porque lo libra de enfrentar a la justicia ordinaria para responder por acciones cuya legalidad es dudosa, por no decir inexistente. Pero otra lectura también puede darle el calificativo de derrota porque tampoco sale indemne y un potencial enjuiciamiento tampoco debe ser descartado.

Esto se debe a que la decisión de no retirarle a Otro Pérez Molina la inmunidad para iniciarle un antejuicio puede ser pírrica, es decir que ganarla es peor que perderla, y también contraproducente para los integrantes de la alianza patriotista y liderista. Los diputados de este último grupo abandonaron mañosamente el pleno, a fin de reducir el número de parlamentarios necesario para esa sanción política al presidente, para luego regresar y arremeter de manera vergonzosa con la sugerencia de un casuístico proyecto de ley que puede muy certeramente ser bautizado como una propuesta “antiCicig”.

El tema de fondo es la renuncia del presidente, porque de ser aprobado el retiro de la inmunidad, estará obligado a salir del cargo, que termina en los 151 días calendario faltantes para el 14 de enero de 2015, los cuales, desde el punto de vista político, se reducen a los 49 días contados entre la primera y segunda vueltas, y los 75 días contados a partir del 25 de octubre.

El proceso de elegir a un nuevo vicepresidente sería tan lleno de vericuetos como el que llevó al cargo a Alejandro Maldonado Aguirre. En resumen, no vale la pena porque desde el punto de vista de aceptación popular ya se encuentra en el lugar más bajo que haya tenido ningún presidente guatemalteco. Seguramente pensaron así los legisladores de otros partidos que votaron a favor de la inmunidad presidencial.

Para los diputados lideristas y patriotistas que ven sus maniobras como un veredicto final a favor del presidente, se trata de un hecho contraproducente porque confirma la alianza politiquera entre ambos grupos. Todo eso ocurre dentro del Congreso, la entidad política ocupante del penúltimo lugar de respaldo ciudadano, y beneficia al último lugar, el Organismo Ejecutivo. Por eso, la crisis de credibilidad política se mantiene sin cambio alguno.

Lo ocurrido es una muestra de lo que ocurrirá en el Congreso en el nuevo gobierno. Dependiendo de quien gane, es seguro que los diputados de un partido ajeno al oficial se encargarán de paralizar la tarea gubernativa, de la misma manera como los patriotistas lo hicieron contra los ministros de Colom, y los lideristas se ensañaron contra el gabinete de Pérez Molina antes de aliarse con las huestes de Baldizón.