Por lo general el plazo, desde que se empieza a estudiar un país hasta que se concreta la inversión internacional, es de tres años y depende también de qué sector se trata, comentó Zapata.

Una inversión nacional puede ser más rápida, entre 6 a 8 meses, pero en ocasiones se llevan un año o un año y medio, coinciden ambos entrevistados.

En un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llamado El fin del trámite eterno: Ciudadanos, burocracia y gobierno digital se refiere que solo el Organismo Ejecutivo establece en sus normativas 5 mil trámites que regulan diferentes tipos de empresas, negocios industrias, y que según Zapata estos trámites más los municipales los procesos se vuelven lentos y costos.

“La tramitología es uno de los grandes problemas que tiene Guatemala en términos burocráticos, en el estudio (del BID) se demuestra cómo Guatemala tiene la mayor cantidad de trámites que regula el Ejecutivo. Son cinco mil trámites al año, somos el país de América Latina con la mayor cantidad de trámites”, expuso Zapata.

Expuso que se necesitan 4.5 horas para completar un trámite, el 37% de tramites requieren tres acciones o más para su resolución. Además, en Guatemala solo el 4% se completa totalmente por internet o en línea, el resto requiere en algún momento presencia virtual, que es otro desafío por atender.

El promedio en Latinoamérica muestra que el 25% de las personas debió comunicarse con un canal de atención tres veces o más para conseguir lo que estaba buscando, pero en países como Perú, Guatemala o Bolivia, el dato sube a 40%, refiere el estudio.

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Esa tendencia sigue a pesar de la pandemia del coronavirus que obligó a entes privados y públicos a brindar alternativas en línea para los procesos y lo que se ve es que hasta el 10% de los trámites se pueden empezar a hacer en línea pero muchos requieren presencia personal en algún momento del proceso para finalizar, agregó el directivo.

Carrasco refirió que la alta tramitología es un problema que desincentiva la inversión, hace perder generación de trabajo al aplazar oportunidades de inversión por tramitologías y permisos o procedimientos que se vuelven burocráticos o con decisiones discrecionales de quienes atienden los trámites.

Menciona que las industrias pueden llegar a requerir hasta tres años para instalarse, y en el sector construcción y otros el estudio de impacto ambiental, permisos y licencias municipales y del Ejecutivo, requieren dos o tres años.

Respecto al costo para abrir una sociedad anónima en Guatemala es de 17.3% del ingreso per cápita, refiere el índice Doing Bussines del 2020. El país ocupa la casilla 96 del ranking de 190 países evaluados.

El costo de inscribir bajó a Q200, según las reformas aprobadas en el 2018, y se redujo el tiempo para inscribir tal sociedad, se requieren al menos seis procedimientos (si todos los datos y papelería están completos) y el cuál tiene la menor puntuación, además se necesitan 15 días, según ese índice.

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Respecto a permisos de construcción para un almacén estandarizado en la ciudad de Guatemala requiere 11 procesos y el plazo de 226 días. Estos varían por municipio ya que cada uno emite sus propios trámites y permisos. Los costos llegan a representar el 6% del costo de valuación de un edificio de Q1.6 millones según el ejemplo citado en el informe del índice.

La obtención de electricidad requiere 5 procesos, 44 días y 477% del ingreso per cápita. El registro de la propiedad inmueble necesita 7 procesos, 24 días y 3.6% sobre el valor de la propiedad. El pago de impuestos refiere que son 8 el mínimo de impuestos a reportar por año, llevan 248 días y representan 35% del total de las ganancias.

El cumplimiento de contratos requiere 1 mil 402 días y el costo representa el 26.5% del valor de la reclamación.

Zapata opinó que el plazo para abrir una empresas y el costo de una licencia de construcción son altos.

Carrasco indicó que el análisis de mercado respecto de las condiciones del clima de negocios del país donde se quiere instalar aspecto regulatorio y aspectos laboral y fiscal les puede llevar a las empresas entre 6 meses y un año, pero posterior a eso, cuando ya toman la decisión la tramitología puede durar unos 3 a 6 meses si no requiere licencias especiales como un comercio, pero llega a representar dos años o más cuando son sectores específicos que requieren más licencias o estudios.

Ambos mencionaron que es necesario impulsar la ley de tramitología que ya existe en el Congreso, analizarla y mejorarla si es necesario.

Carrasco agregó que impulsar un programa de gobierno digital es otra necesidad mientras que para dar certeza jurídica a las inversiones se debe retomar la aplicación adecuada del convenio 169 de la OIT, respecto a consultas comunitarias.

Añaden que se debe impulsar la ley antitrámites, gobierno digital, y dar certeza jurídica a otros temas como el convenio 169.