En la última década en Guatemala se ha visto como algunos restaurantes particulares, por ejemplo, han limitado la admisión de personas por motivos políticos y, últimamente, por razones sanitarias.
En septiembre de 2017, por ejemplo, cuando el Congreso reformó el delito de financiamiento electoral ilícito para blindar de investigaciones penales a secretarios generales de partidos políticos, se difundieron noticias sobre algunos restaurantes que anunciaron que no permitirían el ingreso de los diputados artífices ya que esto fomentaba la impunidad en el país.
Recientemente, en los últimos meses, también ha habido comercios que se informaron que se reservarían el derecho de admisión de aquellas personas que no estuvieran vacunadas contra la covid-19. De tal cuenta, el requisito para poder ingresar a las instalaciones sería el carné que demuestre que el cliente está inoculado.
De igual forma, se han conocido casos en la última década en la que restaurantes niegan el derecho de ingreso a personas indígenas que portan indumentaria maya, lo cual ha sido condenado como un acto de racismo.
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Los casos mencionados anteriormente han generado cuestionamientos por la ilegalidad en que puedan incurrir los comercios que se reserven el derecho de admisión por motivos de raza, religión, ideología política o cualquier otro criterio discriminatorio. Sin embargo, existen dudas sobre los alcances que tenga la legislación guatemalteca para prohibir y sancionar estas prácticas.
