A Eunice la detuvieron por confusión. Pasó dos días en una carceleta sin saber con claridad por qué estaba arrestada. Eso es quizá lo menos importante de su desagradable experiencia.
En mayo de 2018, cuando Eunice y su familia regresaban de un paseo a la Costa Sur fueron detenidos en un retén y los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) les requirieron sus documentos de identificación. Minutos después le indicaron a Eunice que tenía que acompañarlos a la comisaría, porque se había cursado en su contra una orden de aprehensión.
“Me llevaron con un juez de turno de ahí –en Santa Lucía Cotzumalguapa— y solo me dijo: Señora, ¿sabe por qué está detenida? Le respondí que no. Me comunicó que tenía orden de captura solicitada por un juzgado por haber tenido problemas con alguien y que estaba señalada de lesiones leves (…) Tenía una orden de captura desde hacía 14 años”, narró.
A Eunice le dijeron que como era domingo no podían trasladarla a la ciudad y pasó el resto de ese día hasta la madrugada del martes en la carceleta, sin su familia y con al menos cinco hombres. Recuerda además que el espacio estaba muy sucio, igual que los sanitarios, e infectado de roedores, por lo que no comió ni utilizó los baños.
El martes fue trasladada a la capital y la liberaron después del mediodía. En el juzgado le explicaron que su esposo había interpuesto en su contra una denuncia por agresión en 2004, y aunque la retiró a los dos días, la orden siguió vigente hasta que la detuvieron.
No obstante, pasó casi tres días tras las rejas. Nadie le ofreció disculpas por lo sucedido ni se le reintegró el dinero que tuvo que pagar a una abogada para borrar la captura de sus antecedentes.
Hay miles de casos como el de Eunice. Y otros peores. Como el de una persona que falleció en la carceleta de la Torre de Tribunales a la espera de ser escuchado por un incidente de tránsito.
Como en la mayoría de países, en Guatemala cualquier persona es vulnerable a quedar sujeta a la justicia, desde problemas sencillos hasta procesos penales que implican muchos años de prisión.
Hace más de diez meses la elección de las cortes es un tema que resuena cada vez que surge una controversia legal entre el Organismo Legislativo y el Judicial.
Cargos codiciados
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y salas de Apelaciones están por cumplir seis años en el cargo, uno más que el de su período constitucional, un caso inédito desde el retorno a la democracia. De dicha tardanza son responsables muchos actores que buscan privilegiar sus propios intereses. Además, el hecho de que el Congreso y el Ejecutivo interfieran en la elección trae como consecuencia que los magistrados electos no sean independientes.
En opinión de Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de sala de Apelaciones y expresidenta del Colegio de Abogados y Notarios (Cang), a todos los ciudadanos les afecta que un juez no sea independiente, porque en cualquier momento puede ser usuario del sistema de justicia.
“¿Cómo puedo estar segura de que ese magistrado o juez no responderá a intereses ajenos a la justicia? (…) No es que en el pasado hayamos sido totalmente independientes, pero al menos la intromisión de los poderes políticos del Estado no había sido tan descarada como en los últimos años”, resalta Pérez Ruiz.
Asimismo, hizo ver que la mayoría de personas supone que la CSJ solo es el órgano esencial del sistema de justicia, pero también es un ente político en la “correcta concepción de la política”. Su importancia radica en la visualización del control que tiene sobre el Ejecutivo y Legislativo para que no abusen de los derechos de los ciudadanos.
Pérez Ruiz agregó que las salas de Apelaciones cobran mayor relevancia, porque controlan la manera en que los jueces aplican el Derecho y cómo justifican sus decisiones en los casos.
“Ahí es donde se ‘cocina’ la observancia de la Ley y la aplicación de la justicia dentro de un caso concreto. Las salas de Apelaciones son fundamentales. Son el ‘colador’ de los jueces de Primera Instancia, las que definen hacia dónde va la administración de justicia en el país. Por eso es trascendental que vayan los más honestos, idóneos, los mejores”, resaltó, al reconocer que por su importancia esos cargos son muy codiciados, sobre todo en zonas conflictivas, porque el papel del juez es muy importante desde el punto de vista social.
En total, en el país hay 45 cortes de Apelaciones y están integradas por el magistrado presidente y dos magistrados vocales.
Postulación
En febrero de 2019 el Congreso convocó a las postuladoras, siete meses antes de que venciera el plazo de los actuales magistrados. Y aunque los legisladores procuraron acelerar el proceso, la Corte de Constitucionalidad (CC) les ordenó, mediante un amparo, que lo hicieran en el tiempo que señala la Ley de Comisiones de Postulación.
Las comisiones están integradas por un rector que preside, decanos de las universidades donde haya facultad de Derecho, representantes de abogados, magistrados de Apelaciones o de la CSJ.
La exdiputada Nineth Montenegro, ponente de la Ley de Comisiones de Postulación, explicó que la importancia de las comisiones de postulación es que funcionan como un puente para que las nóminas de candidatos lleguen depuradas al Legislativo y así proceder a una selección óptima.
“Se ideó de esa forma porque se creía que la academia era ajena a la politización y que por sus conocimientos iban a tratar de escoger a los candidatos por su proyección humana, su capacidad, sus valores éticos. En cambio, si se hacía directamente con el Congreso se iba a politizar”, indicó Montenegro.
Pero la academia acabó por politizarse y fue capturada.
Durante la elección, organizaciones presentaron amparos ante la CC por supuestas irregularidades detectadas durante su desarrollo, por lo que la corte suspendió el trabajo de la postuladora de la CSJ y ordenó que iniciara desde cero. Según la resolución, las comisiones debieron solicitar al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) información sobre jueces y magistrados aspirantes.
Además, el día en que la postuladora de la CSJ definió la lista de candidatos y la entregó al Congreso, el Ministerio Público capturó a Gustavo Alejos, señalado de corromper el proceso por estos vicios, y la CC amparó a la fiscalía y suspendió de forma temporal la elección en el Congreso, porque ya tenían la lista de los candidatos de Apelaciones y de la CSJ en sus manos.
En la actual elección uno de los operadores más visibles fue Alejos, financista de campañas políticas, ex secretario privado de la Presidencia, actor clave en los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y del extinto Partido Patriota, e investigado por otros casos de alto impacto.
El Movimiento Pro-Justicia indicó, en un informe, qué actores buscaban incidir en la elección. Uno de ellos es Roberto Villatoro, conocido como “el Rey del Tenis”, quien recién obtuvo arresto domiciliario en un caso de tráfico de influencias en la elección de cortes de 2014, y quien supuestamente mantuvo canales directos de comunicación, por medio de familiares y seguidores, con magistrados, jueces y diputados.
La misma situación de Villatoro tiene Gustavo Herrera, conocido como “el Gato Herrera”, quien está asilado en Nicaragua y señalado en un caso de desfalco millonario en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), según el informe.
Después de todo este entramado y que las listas de los candidatos para integrar las cortes ya llegaron al Congreso, la elección continúa en el limbo y sin fecha para que se lleve a cabo.
