Baja histórica en extorsiones está en peligro por falencias en cárceles de Guatemala

Las acciones policiales durante los estados de prevención y la pandemia del covid-19 produjeron, en el 2020 uno de los descensos más marcados en las extorsiones. Sin embargo, el logro se sostiene sobre un equilibrio frágil que depende del control en las cárceles.

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En marzo, el Sistema Penitenciario (SP) reubicó a un número no divulgado de reos en un recinto separado, en las granjas de rehabilitación Cantel, en Quetzaltenango, y Pavón, en Fraijanes, Guatemala. Las autoridades lo denominaron “Área de Reflexión”, un nombre un poco menos sardónico que “Mi Casita Feliz”, el sector de  aislamiento que Cantel habilitó en el 2018 para extorsionistas, pero que no tuvo inquilinos a largo plazo.

Este año, los reubicados también tienen algo en común. No es la avidez por reflexionar, sino que a todos los vinculan con una extorsión o les incautaron un teléfono celular en la cárcel, según el vocero del SP, Carlos Morales.

La medida tuvo razones de dos dígitos: el 70% de todas las llamadas extorsivas se efectúan desde las cárceles, donde los reos tienen acceso a teléfonos celulares por medio de visitas o guardias penitenciarios cómplices o que son amenazados. Cantel —de donde salió el 47% de todas las extorsiones del país el año pasado— y Pavón son los principales orígenes de las llamadas de los extorsionistas imitadores, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP). Los imitadores, que fingen ser pandilleros para amedrentar a sus víctimas, pero carecen de recursos para cumplir sus amenazas, hacen ocho de cada 10 llamadas extorsivas desde las cárceles, y los pandilleros, el resto.

La reubicación en el Área de Reflexión no fue fortuita. David Boteo, jefe de Dipanda, la unidad contra las extorsiones de la PNC, afirma que ocurrió como el seguimiento a las acciones policiales de enero y febrero pasados, durante los estados de prevención en varios municipios de Guatemala, Chimaltenango y Escuintla, para reducir la delincuencia. Los operativos dejaron la captura de extorsionistas y homicidas —incluidos sicarios—, y el decomiso de pistolas y fusiles de asalto —25 armas en 20 días, cuando lo normal es seis en un mes—, entre otros.

El impacto más visible se observó en las cifras de extorsión, que aumentan sostenidamente desde el 2016. Entre el 2018 y el 2019, los casos crecieron 60%, pero para finales de junio del 2020 las cifras —seis mil— estaban debajo de la mitad de los números del año pasado —14 mil—. El descenso se sostuvo entre marzo y abril, en parte, por las medidas de seguridad que el Gobierno implementó para controlar la propagación de la pandemia del covid-19.

Pero, en mayo, algo sucedió. Las extorsiones aumentaron en 10 departamentos, aunque volvieron a caer en junio en Guatemala y Escuintla, donde hubo estados de prevención en enero y febrero, están entre los primeros cinco de las tasas más altas de extorsión departamentales, según un informe del centro de análisis Diálogos, que utiliza datos del MP y del Instituto Nacional de Estadística (INE). En otros departamentos, donde se elevaron las cifras en mayo, el alza siguió en junio hasta casi alcanzar o superar los casos de enero, como Alta Verapaz, Chiquimula y Zacapa. Si algo demostró esta variación es que el equilibrio de la baja histórica en casos de extorsión todavía es frágil.

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¿Qué sucedió?

Solo con la medida en Cantel, las extorsiones de los imitadores bajaron entre 70% y 75%, según la Fiscalía contra las Extorsiones del MP, que la PNC cita. Eso se refleja en las estadísticas a nivel nacional. Sin embargo, si el 70% de las llamadas extorsivas proviene de todas las cárceles, era poco previsible que separar a los reos extorsionistas solo en Cantel y Pavón reduciría los casos a largo plazo sostenidamente.

La medida todavía no se implementa en cárceles como el Infiernito, en Escuintla, y el Centro Preventivo de la Zona 18 capitalina —que la pandilla Barrio 18 domina—, ni en Fraijanes 2, en Guatemala, y El Boquerón, en Santa Rosa —que al menos hasta febrero dominó la Mara Salvatrucha—, según Dipanda, aunque en marzo, el Ministerio de Gobernación trasladó a 236 salvatruchas de Fraijanes 2 a Pavoncito.

Para julio, el SP todavía no había reubicado a todos los pandilleros que extorsionan desde las cárceles. Sin embargo, la tasa de homicidios —que baja casi sostenidamente desde el 2010— se redujo en el primer semestre del 2020 a 17 casos por cada cien mil habitantes, cuando era de 21 en el 2019, y la reducción anual en los últimos años era de uno o dos casos.

La baja en las extorsiones y homicidios era una repercusión lógica, considerando que los estados de prevención ocurrieron en los departamentos con mayor incidencia en homicidios y extorsiones: Guatemala y Escuintla. Además, Guatemala y Chimaltenango, donde también hubo estado de prevención, son junto a Sacatepéquez y Quetzaltenango los departamentos de mayor actividad pandillera, según Dipanda. Las cifras policiales confirman que entre el 40% y el 60% de las extorsiones, homicidios, robos y asaltos a escala nacional ocurrió en esos cuatro departamentos, entre enero del 2018 y junio del 2020.

El factor inesperado fue la llegada de la pandemia de covid-19 al país, y que en los cuatro departamentos con mayor incidencia de pandillas también se registraron más contagios al comienzo, y por ello ameritaron mayor presencia policial entre marzo y mayo. En Guatemala, Sacatepéquez, Chimaltenango y Quetzaltenango, la mayoría de los delitos ocurrían en los municipios surcados por las carreteras principales, donde la vigilancia policial influyó en la reducción de delitos.

La suspensión del transporte colectivo en marzo, para reducir la propagación de la pandemia, también cortó de tajo el principal blanco de extorsión a la pandilla Barrio 18. La Mara Salvatrucha, que ataca principalmente a empresas grandes y trasnacionales, así como transporte de carga, según Dipanda, se encontró con retenes policiales en carreteras que le impedían cumplir amenazas de muerte.

Plan B de las pandillas

Boteo dice que los extorsionistas pandilleros están inactivos, al menos en cuanto a las acciones que ordenan los jefes.
La prohibición de visitas desde el 16 de marzo, así como la inspección de las encomiendas para los reos, según el vocero del SP, limita la comunicación entre los extorsionistas encarcelados y sus cómplices en la calle o sus víctimas potenciales. No obstante, casos como el de Santa Teresa y Chimaltenango dejan claro que suficientes extorsionistas todavía tienen celulares, y los utilizan para exigir dinero a los familiares de las víctimas.

Las requisas y cateos exhaustivos que la PNC y el MP hacían en las cárceles, hasta el año pasado, quedaron en suspenso desde que comenzó la pandemia. En algunos casos, el cambio no ha marcado una diferencia. En el 2019, la PNC iba casi todas las semanas a Cantel, y entre enero y abril incautó nueve celulares. En el mismo lapso, en el 2020, incautó ocho celulares.

Edwin Monroy, vocero policial, reveló que la PNC solo hizo cuatro cateos en cárceles desde marzo. En el SP, el portavoz dice que los guardias penitenciarios hacen las inspecciones ahora, para evitar el ingreso de personas ajenas a la cárcel y brotes severos de contagio —hasta el 4 de agosto sumaban 255 casos, de los que todavía hay 95 activos y 25 fallecieron—. “Solo los guardias de turno hacen revisiones, para tener el control de los centros y que no tengan ningún —objeto— ilícito”, señala Morales. Esto sucede en un contexto en el que hay un promedio de un guardia por cada 10 reos.

Pero las cifras actuales dicen mucho: 52 celulares incautados en los primeros cuatro meses del año en siete cárceles, contra 102 incautados en el mismo lapso en el 2019. La cifra del año pasado completo incluye 44 celulares hallados en Cantel, contra ocho entre enero y abril de este año, y 238 hallados en Pavón en todo el 2019, contra 19 entre enero y abril de este año.

Un mes después de esas incautaciones, las extorsiones aumentaron en 10 departamentos, y los pandilleros anunciaron a los transportistas que les cobrarán cuotas atrasadas cuando se reanude el servicio de transporte colectivo. Sin embargo, de la extorsión no se han salvado los servicios de extracción de basura, motoristas repartidores de comida a domicilio, camiones repartidores de bebidas y golosinas, y cualquier actividad comercial en el territorio de las pandillas, así como un creciente número de ocupantes de viviendas particulares.

Un investigador del MP en Quetzaltenango asegura que las cifras del 2020 reflejan la flexibilidad de los extorsionistas. “Antes, los transportistas estaban en el primer lugar de los más extorsionados, y los comerciantes, en segundo lugar. Ahora es al revés”, afirma.

Hace unos cinco años, antes de que el Transurbano comenzara a funcionar en la zona 18 capitalina, la municipalidad retiró a todos los autobuses rojos, y los pandilleros del sector se quedaron sin poder exigir el dinero de las extorsiones a los propietarios de esos autobuses. “Andaban como locos viendo de dónde sacaban el dinero, y es cuando comenzaron a extorsionar hasta a las tortillerías”, manifestó un jefe de Dipanda de la época.

En el 2020, con la suspensión total del transporte colectivo a nivel nacional, la presión sobre los ingresos de las pandillas es mayor. Las extorsiones son su principal fuente de ingresos desde hace unos 15 años, cuando relegó al narcomenudeo a un segundo plano, según Boteo. Se trata de recursos que sostienen económicamente a los líderes de las pandillas en las cárceles, o afuera, a sus familias, y les permite comprar vehículos, armas de fuego, equipo para mantenerse comunicados entre sí y alquilar casas de seguridad.

Un fiscal que investiga extorsiones admite que los millones de quetzales que las pandillas manejan no entran al sistema bancario, o se manejan en cantidades tan pequeñas que no son rastreables.

Boteo señaló que la demanda de ese dinero en la pandilla hizo prever que cometerían otros hechos delictivos para complementar sus ingresos. “Muchos integrantes de la pandilla por decisión propia y sin autorización están robando y asaltando a diario para subsistir”, afirma. “Como no hay ninguna orden de adentro hacia afuera —de la cárcel—, muchos han caído —detenidos— en extorsiones particulares no vinculadas a la pandilla”.

Un informe de InfoSegura registró un incremento de delitos contra la propiedad desde el primer trimestre del año. Datos del Ministerio de Gobernación indicaron que, para mayo, hubo un aumento en el departamento de Guatemala, en particular en las zonas capitalinas 13, 14 y 16, y en Escuintla. Estos datos se pierden en las cifras a nivel nacional, que bajaron porque se redujo el robo de vehículos y motos. Sin esos rubros, el asalto a peatones y robos a comercios y residencias sí muestran alza, especialmente en el departamento de Guatemala. Boteo señala que la mayoría de los detenidos en la capital proceden de la provincia, delincuentes que han migrado.

Coyuntura compleja

Este es el escenario en el que el Gobierno anunció el retorno a la nueva normalidad, en plena pandemia, sin un control total de las cárceles, donde la sobrepoblación —de 400%— y pocos recursos —el 94% de su presupuesto empleado en funcionamiento— complican el sostenimiento a largo plazo de la estrategia interinstitucional contra las extorsiones.

En el 2018, Cantel tuvo un precedente: intentó aislar a los reos extorsionistas, un esfuerzo de vida corta, porque después de unos meses todos volvieron a la población general, auxiliados por recursos de exhibición personal y órdenes judiciales para su traslado. Ahora, la PNC y el MP esperan que el intento actual en Cantel, Pavón y Pavoncito perdure.

Lo que haría una diferencia es que esto dure dos años, en lugar de dos meses”, dice Boteo. “Es lo que se espera”. En la lista de futuros traslados, el subcomisario identifica a 39 cabecillas del Barrio 18, para evitar su acceso a celulares. “Si eso se logra, se vendrían a pique”, vaticina.

La posibilidad contraria también le ronda la mente. “Una vez no haya comunicación desde los centros carcelarios y ninguna orden de adentro hacia afuera, todo va a cambiar; pero si no aislamos a la pandilla, vamos a seguir en las mismas al reactivarse el comercio y el transporte —colectivo—”.

Entretanto, la PNC está entre la espada y la pared: las tareas habituales de seguridad ciudadana, y las que el covid-19 le generó en los departamentos con mayor incidencia. Con una fuerza de 44 mil 500 agentes, hay uno por cada 387 habitantes —en una población proyectada de 17.2 millones—, sin contar personal administrativo, de descanso y contagiado. Para julio, según cifras oficiales, había 376 policías contagiados —285 recuperados, 80 en cuarentena y 11 fallecidos—.
Entonces, si el desplome de las extorsiones entre enero y abril requirió un esfuerzo interinstitucional, mantenerlo implica otro esfuerzo similar, pero sostenido. El desafío es total.

*Especial para Prensa Libre


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