Fuentes cercanas al caso confiaron a Prensa Libre que el MP lo que buscará en los próximos días es pedir la anulación de los convenios de colaboración eficaz de González y Monzón, aunque oficialmente aún no han presentado la solicitud al juzgado.
El control jurisdiccional del expediente está a cargo de Miguel Ángel Gálvez Aguilar, titular del Juzgado B de Mayor Riesgo, quien informó que a su despacho no ha llegado todavía ningún requerimiento formal para anular los convenios; no obstante, la Feci ha requerido bastante información de estos y del expediente judicial.
Respecto de que, si en la etapa en la que se encuentra el proceso penal, podrían perder efecto los convenios, el juzgador considera que deben analizarse muchos aspectos, garantizando el principio de legalidad.
Gálvez Aguilar detalló que el proceso se ha detenido por varias acciones legales que han sido promovidas por parte de los acusados; no obstante, espera programar audiencia para los primeros días de septiembre, tratando de no perjudicar el desarrollo del juicio por el caso La Línea.
“La mayoría de los acusados forma parte del caso La Línea, y debo pedir la denominada megasala para la exposición de las audiencias”, dijo el juez.
Por su lado, el MP, a través de su departamento de Comunicación, informó que el caso tiene “mucha actividad y son aproximadamente 83 acusados dentro de la carpeta”, y esperan que se fije la fecha para desarrollar la audiencia de etapa intermedia en la que se determinará si enfrentarán debate oral y público. Evitó emitir alguna opinión sobre la supuesta solicitud que haría la Feci para anular los convenios.
De las declaraciones
En abril del 2018 y en 14 días declaró Juan Carlos Monzón Rojas, el exsecretario privado de la exvicepresidencia Roxana Baldetti. Ante el juez Gálvez Aguilar detalló que el extinto Partido Patriota recibió fondos durante la campaña electoral por parte de varias empresas y personas particulares, pero que el 90 por ciento de los aportes no se reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Según las declaraciones de Monzón, los aportes se ocultaron mediante la utilización de empresas inexistentes relacionadas con Baldetti, desde las cuales se emitían facturas hacia los financistas para justificar los gastos. En esa oportunidad aseguró que los financistas sabían que las facturas serían emitidas por empresas que no representaban a la agrupación política.
Salvador González rindió su declaración en mayo del 2017, y brindó detalles sobre reuniones que sostuvieron funcionarios y políticos, así como la creación de sociedades vinculadas con el expresidente Otto Pérez Molina y Baldetti. Además, explicó un esquema financiero compuesto por empresas, cheques y bienes, entre otros.
En el expediente judicial se encuentran identificados unos 450 contratos dentro de las instituciones del Estado, los cuales fueron asignados a determinados contratistas contra pago de comisiones que eran distribuidas entre los integrantes del grupo ilícito. Las pesquisas determinaron que el monto asciende a unos Q500 millones.
¿Cómo surgió Cooptación del Estado?
El 16 de abril del 2015, salió a la luz el caso denominado La Línea, la cual era una estructura de corrupción que había tomado control de las aduanas para generarse beneficios económicos. Las averiguaciones y diligencias avanzaron y por medio de allanamientos y escuchas telefónicas se detectó a una supuesta organización criminal que alcanzaba al binomio presidencial de aquel entonces, Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina.
La documentación física que fue incautada, así como dispositivos electrónicos, condujeron al descubrimiento de un esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros, entre otros el cual reportaba operaciones desde el 2008, es decir, cuatro años antes que el desaparecido Partido Patriota asumiera el poder.
Del caso La Línea se desprendió el proceso Cooptación del Estado, en el que se señalan como principales cabecillas de la estructura a Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, sindicados de ser los creadores y beneficiarios de todo el conglomerado empresarial por medio de terceras personas, la cual se cree que operó desde enero de 2009 hasta abril del 2015, con la participación de varios operadores.
El expediente judicial detalla que los investigadores concluyeron que “no se trataba de un gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti” se lee en la parte acusatoria.
La carpeta detalla que varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero con apariencia de legalidad en muchos casos, pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura.
Entre otros acusados, en Cooptación del Estado figuran el exsecretario de la presidencia Gustavo Adolfo Martínez Luna, también yerno del exmandatario Pérez Molina; así como el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi y Julio Rolando Sandoval Cano, exsubinterventor de la Empresa Portuaria; el empresario Jonathan Harry Chevez y el exdirector del Registro Nacional de las Personas, Rudy Gallardo Rosales.
