El juzgado en mención es el único que funciona en el ámbito nacional y se rige por una ley especializada, la cual regula la forma en que se deben desarrollar los procesos de las audiencias y los juicios en este tema.
La Ley de Extinción de Dominio es una legislación de orden público y de interés social. Su principal objetivo es regular la identificación, localización, recuperación y repatriación de los bienes que son ganancias, frutos, productos o permutas de procedencia ilícita o delictiva, en favor del Estado.
Dicha judicatura fue creada para conocer los procesos penales y extinguir los bienes de origen ilícito.
Con ese lineamiento, ha extinguido a favor del Estado propiedades, dinero en efectivo y también armas, en buena parte a personas relacionadas con la política.
De acuerdo con los datos proporcionados por el juzgado en mención, en sus primeros 10 años de funcionamiento se extinguieron US$134 millones 975 mil 361 en efectivo y una larga lista de bienes.
A diferencia de un proceso penal, el cual se persigue a una persona que cometió algún delito, las acciones de extinción de dominio se centran en contenido patrimonial, puesto que persiguen todo tipo de bienes producto de actividades ilícitas o que fueron utilizados para cometer hechos que son penados por la ley.
Todo tipo de riquezas
De acuerdo con la información del juzgado, la ley se aplicó a 110 bienes inmuebles, en su mayoría lujosos o de grandes extensiones, con un valor que va desde los Q300 mil hasta más de Q2 millones.
También se extinguieron 78 armas de fuego de distintos calibres, lo cual tuvo mayor incidencia en su primer año de funcionamiento, en el 2012, con 45 escopetas, pistolas, fusiles y otros tipos de armamento.
Asimismo, se expropiaron 352 vehículos de todo tipo: 316 automotores tipo sedán, camionetillas, microbuses y camiones, entre otros.
A lo anterior se suman 18 aeronaves y 17 embarcaciones marítimas, como lanchas y barcos.
Ataca finanzas de los criminales
El fin principal de la Ley de Extinción de Dominio es “atacar las estructuras criminales desde el bolsillo”, pues un aspecto es la responsabilidad criminal y otro muy distinto “los recursos que ellos obtienen producto del delito, que a veces están en manos de terceros”, indicó Édgar Ortiz, director jurídico de Fundación Libertad y Desarrollo.
El profesional considera que en todo proceso de extinción es fundamental “respetar el derecho de defensa”. Además, el juzgado es el encargado de “determinar si las peticiones son fundadas o no”, añade, al subrayar que esto incluye que los juzgados “actúen de manera imparcial, porque tampoco queremos que esta ley se instrumentalice para fines no deseados”.
Entre los desafíos que enfrenta el Ministerio Público en las investigaciones que buscan despojar al señalado de todo tipo de riquezas producto de actividades ilícitas “es la inteligencia criminal muy sofisticada”, que permita identificar a los principales actores de la estructura, concluyó Ortiz.
