Catorce leyes de reactivación económica han caminado lento en el Congreso

Solo una iniciativa ha avanzado en siete años. Congreso demuestra poco interés en iniciativas enfocadas al desarrollo.

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Pleno del Congreso de la República. Foto: Hemeroteca Prensa Libre
Pleno del Congreso de la República. Foto: Hemeroteca Prensa Libre

Los diputados al Congreso necesitaron más de un año para aprobar la primera iniciativa de ley que se incluye en un ambicioso paquete de reactivación económica. Con 101 votos a favor, los congresistas dieron vida el pasado miércoles a la Ley de Leasing, que esperó más de seis años para ser aprobada.

Esta nueva norma permite a las micro, pequeñas y medianas empresas (mypymes) mayor flexibilidad para acceder a herramientas de crédito empresarial, que podría ser vital para la renovación de su equipo y acceder a tecnología. También podrán arrendar a plazos bienes inmuebles con opción de compra.

Con esta ley no se resuelve la inestabilidad económica del país, que ya era débil antes de la pandemia y las tormentas tropicales del 2020, pero esta propuesta, junto a las que aún duermen en el Legislativo, sí pueden hacer una diferencia, afirman analistas.

Quedan 13 proyectos pendientes de convertirse en leyes. Uno es la iniciativa 4818, ley de interés preferencial para facilitar el acceso a la vivienda, que fue presentada desde la administración del Partido Patriota y fue incluida en 16 de 61 sesiones plenarias desde el 14 de enero de 2020 al 12 de enero de este año.

Fue la segunda iniciativa con mayor atención para los diputados. La primera fue la ahora Ley de Leaging, que en el mismo período se programó en 21 sesiones, pero la mayoría de veces iba a la mitad o en los últimos puntos del orden del día.

Este factor también influyó en su lento avance, ya que fue común, como en buena parte del año pasado, el “marcaje y desmarcaje”, que impedía cumplir con las agendas establecidas: interpelaciones, elección de cortes y reactivación económica.

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No son prioridad

La mayoría de mensajes que dio la junta directiva del Congreso en el 2020 eran sobre la necesidad de impulsar la reactivación económica, incluso en la sesión del pasado miércoles el presidente de ese organismo, Allan Rodríguez, manifestó que seguirán con la aprobación de otros proyectos de ese tipo.

Esa prioridad no se reflejó en los pasados meses de trabajo. Solo en septiembre, octubre y noviembre, iniciativas económicas se incluyeron unas y 10 veces en las plenarias, el resto de meses el número fue menor.

En marzo no se incluyó ni una sola propuesta de ese tipo, lo cual coincide con las medidas de confinamiento por el covid-19 y la reducción de actividades en todas las áreas. El mismo fenómeno se vio en diciembre, aparentemente el período de recesos parlamentario que se tradujo en vacaciones.

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Privado y público

A criterio de analistas consultados, se entiende por qué el discurso legislativo no llegó a la práctica. Consideran que muchos parlamentarios se enfocaron en impulsar una agenda para beneficio personal, obviando las necesidades y retos nacionales.

“Lo que refleja es que el Congreso ha tenido una agenda muy particular, muy vinculada a intereses políticos —partidarios, del Pacto de Corruptos—, pero leyes de trascendencia nacional, como la de competencia, se quedaron dormidas. También una ley nacional de agua, importantísima y urgente. Todo ese paquete de leyes de reactivación económica las han dejado a un lado”, dijo Marvin Flores, de Acción Ciudadana (AC).

Quien también considera que no se priorizaron temas claves en el Legislativo en el 2020 es Geidy de Mata, directora del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), quien destacó que junto a estas leyes pendientes se requieren mecanismos para la fiscalización.

“Una agenda legislativa que priorice las necesidades para construir ese desarrollo sostenible, la transparencia y la rendición de cuentas es fundamental para identificar la calidad del gasto. La percepción que tengo es que no han visualizado la importancia de una agenda estratégica que permita encaminar al Estado a ese desarrollo integral”, afirmó.

Hay algunas iniciativas que son motivo de rechazo entre oficialistas y opositores, como la 5506, para la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con peaje, que según Flores puede tener un doble fondo.

“Hay diputados que se han opuesto de manera objetiva, por temas de transparencia, pero seguramente también hay otros que están buscando algún tipo de negocio. Lamentablemente hemos visto casos anteriores donde han recibido, incluso, dinero para favorecer alguna ley. Entonces, algunos podrán obedecer a la búsqueda de beneficios personales”, señaló.

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Acuerdos

El diputado Rodolfo Neutze, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, manifestó que cuentan con buena representación de fuerzas políticas en la mesa de trabajo, con lo cual esperan alcanzar acuerdos que permitan que se aprueben pronto todas esas iniciativas en materia económica rezagadas.

Esta comisión se va a reunir todos los martes para emitir los dictámenes pendientes. Asimismo, pedirá a la Junta Directiva que se incluya la iniciativa 5577, que busca derogar el impuesto de solidaridad (ISO).

La propuesta ingresó a la Dirección Legislativa en mayo del 2020, pero la Junta Directiva no la ha presentado en la sesión de pleno para que comience el trámite de evaluación.

Neutze asegura que esta propuesta permitirá “una cascada de nuevos empleos”, pero necesitan que la iniciativa camine, para responder todas las dudas que puedan surgir alrededor de ella.

Faltan esfuerzos

La mayoría de diputados manifestó en la sesión del pasado miércoles que están conscientes de que hace falta aprobar más proyectos de índole económica para poder ayudar a todas las personas que perdieron su empleo por la crisis del 2020.

“Hay que instar a todos los honorables diputados a que continuemos trabajando por esta reactivación económica, tan importante para el país. Lamentablemente, esta pandemia puso en evidencia lo débil de nuestro sistema de salud. Muchas personas perdieron sus empleos y es importante que, como diputados, no sea solo un decreto, sino que tengamos una lista de decretos importantes”, manifestó Karla Martínez, subjefa de bloque de la Unión del Cambio Nacional (UCN).

Evelyn Morataya, diputada de Bienestar Nacional (Bien), dijo que también es necesario respaldar legalmente al consumidor y no solo al empresario.

“Con este mismo entusiasmo que aprobamos la Ley de Leasing, yo también quisiera instarlos a aprobar la ley de competencia. Vean los precios del gas, de los combustibles, de los productos de la canasta básica, de las medicinas… Necesitamos una ley de competencia. Cuando protejamos al consumidor en Guatemala, entonces hablaremos de una verdadera reactivación económica en el país. Cuidemos los intereses de la población guatemalteca y no solamente los de un sector”, instó.

La legisladora Sonia Gutiérrez, jefa de bloque de Winaq, señaló que muchas propuestas para la reactivación se han ignorado. “Que vengan las iniciativas de ley de desarrollo rural, de empoderamiento y desarrollo económico de las mujeres, la ley de la agricultura familiar; eso es reactivación económica, pensando en el desarrollo, desde la integridad, equidad y sostenibilidad”, comentó.

 

Temas pendientes

Hermann Girón, presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), explicó que hay varias iniciativas pendientes, como una que busca modificar la ley de factoraje, que consiste en aclarar algunos temas; la ley de tasa preferencial y otras que se encuentran en el Programa Económico del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que incluye una diversidad de proyectos, y otras para promover la inversión y la transparencia que permitan reactivar la economía con mayor inversión local y extranjera.

“El Mineco (Ministerio de Economía) tiene identificadas las iniciativas de ley que deben estar en diferentes grados de avance, algunas con dictamen y otras pendientes, pero creo que tenemos una ventana legislativa que debemos aprovechar en estos siguientes meses”, subrayó.

Luis Fernando Samayoa, directivo de la Asociación Bancaria de Guatemala, destacó que el Congreso debe conocer la iniciativa de las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que lleva varios años en discusión.

Por su parte, Paul Boteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, comentó que el Congreso debe seguir conociendo, discutiendo y aprobando el paquete de leyes de reactivación económica que tiene pendientes.

Boeto opina que la reforma a la Ley de Zonas Francas debe apresurarse porque muchas empresas se vieron afectadas con los cambios que se hicieron a la norma en el 2016. De igual forma, dijo, la Ley Reguladora del Convenio 175 resulta estratégica en estos momentos, sobre todo por la crisis que se vivió en el mercado laboral durante el 2020. Darle flexibilidad al mercado laboral permitiría la recuperación de muchos empleos perdidos, señaló.

También se deben discutir y aprobar la ley de insolvencias, para que se ordenen los procesos de quiebra y cierre de empresas; la ley de simplificación de requisitos y trámites administrativos y se deben conocer las reformas al Código de Comercio y la Ley de Bancos e Instituciones Financieras, añadió.

El Congreso fue bastante improductivo en el 2020 y debe reivindicarse ante la población este año, coinciden algunos analistas. Tiene mucho trabajo pendiente, no solo con estas leyes, sino con la elección de cortes y las reformas que necesita el Estado de Guatemala. Es momento de que los diputados dejen el clientelismo político y se dediquen a legislar, que es el principal mandato que tienen. No debemos conformarnos con la aprobación de la Ley de Leasing. Tienen mucho trabajo pendiente, señaló.

Crítica: “Mantener su estatus quo”

Nils Leporowski, presidente del Cacif) respecto a iniciativas agendadas en diversas ocasiones, dijo que los proyectos de reactivación varados en el Legislativo son necesarios porque se perdieron alrededor de 100 mil empleos en 2020 y que ven poco interés del Congreso por aprobarlas.

“Un país sin infraestructura no se puede desarrollar y la iniciativa la han tenido por mucho tiempo sin ánimos de quererla pasar. Pareciera que quieren mantener el estatus quo, el mismo sistema de construcción, un sistema corrupto y con carreteras de mala calidad que a los pocos años están destruidas” dijo.

A su criterio entre las más importantes está la reglamentación del Convenio 169 —consultas con pueblos indígenas— porque el empresario necesita tener certeza jurídica para poder invertir en Guatemala, expuso.

En tanto la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal es necesaria para dotar de una buena carretera todos a una de las rutas más importante para para exportación e importación del país “y es una pena porque se pierde competitividad”, añadió. “Hay falta de voluntad para aprobar leyes para el desarrollo del país”, reclamó.

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