Guatemala sigue reduciendo lucha contra la corrupción, señala estudio regional

El Vance Center publicó este miércoles 16 de marzo la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica, una lista donde Guatemala está en los últimos lugares de la lucha contra la corrupción.

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Guatemaltecos han salido en varias ocasiones a protestas contra el gobierno de Alejandro Giammattei. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La lucha contra la corrupción sigue debilitándose en Guatemala, de acuerdo con la más reciente Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica, publicado ayer por el Vance Center.

En esta edición del informe regional Guatemala recibe una calificación general de 3.54 de una medición máxima de 10 puntos sobre la capacidad de combatir la corrupción, lo que la coloca en el puesto 16 de 17 naciones incluidas en el informe. Por debajo de Honduras y solo arriba de Venezuela.

Respecto al informe del 2020, Guatemala empeoró su calificación “porque aquellas instituciones que habían quedado con capacidad para combatir la corrupción han sido desmanteladas y personas hostigadas y criminalizadas”, señala el informe en su capítulo referente al país.

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“Las autoridades anticorrupción no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y sancionar la corrupción efectivamente”, señala en otra parte del informe que concluye que en Guatemala “los esfuerzos para prevenir la corrupción son casi nulos y el uso político de las instituciones afecta gravemente para poder investigar la corrupción”.

“El retroceso en el combate a la corrupción en Guatemala es mayúsculo y su atraso a nivel regional es evidente. No hay las leyes que se necesitan, y hay nula voluntad política para perseguir y castigar la corrupción”, dijo Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, que firma el informe.

Ejes evaluados

La Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica evalúo tres áreas y sobre ellas hace un promedio general sobre el país. Legislación, autoridades e implementación son los tres ejes que ponderan para la nota general.

En el caso de Guatemala la mejor evaluación es la legislación, con seis puntos, mientras que las autoridades son las peor evaluadas, con 2.22 puntos sobre 10. La implementación de las leyes obtuvo 2.83 puntos y junto con la legislación registraron una leve mejoría respecto con lo ponderado en el informe del 2020.

No obstante, esas mejorías siguen siendo mediciones muy por debajo del promedio regional y lejos aún de la mejor posición, que la ostenta en Latinoamérica Uruguay con 8.36 puntos, seguido de Chile y Costa Rica, con 7.96 y 7.04, respectivamente.

De esta cuenta el informe señala que “no ha habido voluntad política para acompañar esfuerzos legislativos con políticas para fortalecer instituciones y su capacidad para implementar las normas (…) en un tercio de los países analizados, la comunidad jurídica considera que las autoridades no tienen independencia, y en la mitad, que no tienen capacidad”.

En el caso de Guatemala, al igual que en Honduras y El Salvador “la falta de voluntad política para combatir la corrupción ha llevado a hacer inexistentes esfuerzos anticorrupción”, señala el informe presentado en Nueva York, Estados Unidos.

 

¿Cuál es el problema?

En las evaluaciones por eje temático citadas en el informe se incluye al sector público, donde en Guatemala sí cuenta con estándares que regulan las actuaciones de los funcionarios públicos con legislación vigente como la Ley de Probidad y de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, también existen medidas disciplinarias definidas que van desde suspensiones laborales hasta multas, sin embargo, el país no cuenta con políticas y procedimientos para identificar y gestionar conflictos de interés, políticas sobre obligaciones y limitaciones post empleo público ni capacitación a funcionarios en medidas anticorrupción.

También señala que aunque existe la obligatoriedad para los funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas, estas no son públicas.

En el caso de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, el estudio advierte que, aunque se cuenta con el Ministerio Público y el Organismo Judicial, ambos con autonomía e independencia, “no existe un organismo que de manera específica tenga facultados para prevenir la corrupción”.

El gobierno de Alejandro Giammattei creó la Comisión Presidencial Anticorrupción, sin embargo, “la comunidad jurídica consultada mencionó que la Comisión no ha sido eficaz”, concluye el informe.

Sobre esta conclusión, se señala que, aunque la Comisión en su informe de labores de noviembre del 2021 señaló que se habían presentado 21 denuncias penales ante el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción, la instancia aún “no tiene la independencia necesaria para prevenir, investigar y sancionar la corrupción efectivamente”.

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Rendición de cuentas

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (Scsp), sobre el estudio evitó profundizar en las conclusiones porque “no ha tenido acceso a los parámetros utilizados en la realización de dicho estudio, ni a los resultados a los que se hace referencia”, sin embargo, señala que “la política general de gobierno orienta los esfuerzos para que las instituciones sean eficientes y transparentes”.

La postura oficial también agrega que “por medio de una serie de acciones como los portales de transparencia que promueve y administra el Ministerio de Finanzas, se han implementado importantes herramientas para que la  población ejerza su derecho de estar plenamente informada sobre el uso de los recursos públicos”.

Respecto al trabajo de el Ministerio Público y el Organismo Judicial, el Gobierno dijo que “es respetuoso de la autonomía de cada dependencia del Estado” y su trabajo no es competencia del Organismo Ejecutivo.

MP asegura que han mejorado

Se consultó al Ministerio Público sobre las conclusiones del estudio. “La actual administración ha fortalecido la lucha contra la corrupción con sus más de 373 fiscalías y agencias a nivel nacional, y sus más de 10 mil 900 colaboradores. Mediante la ampliación de la cobertura del MP a todo el país y las acciones para reducir la mora fiscal heredada por administraciones anteriores, consistente en 1 millón 266 mil casos sin atender, se brinda una primera respuesta ya que la falta de acceso a la justicia representa impunidad”, señaló su departamento de Prensa.

Agregan: “Anteriormente el Ministerio Público solamente contaba con 16% de cobertura a nivel nacional, lo cual significaba presencia únicamente en 64 municipios de todo el país y mediante la creación de las Agencias Fiscales en Municipios, se logra el 100% de cobertura a nivel nacional. Ahora todos los municipios cuentan con una sede del Ministerio Público, permitiendo brindar a la población una justicia pronta, cumplida, con pertinencia cultural, lingüística y de género”.

Además: “Ciento once de estas agencias cuentan con el reconocimiento internacional ISO 9001:2015, con lo que se garantiza que las agencias brinden a la ciudadanía guatemalteca un servicio con estándares internacionales, con dicha certificación el Ministerio Público de Guatemala es líder a nivel centroamericano”.

Criterios de evaluación

Los criterios se centran en aspectos clave de la lucha contra la corrupción: corrupción en el sector público y privado, mecanismos de denuncia y protección de denunciantes, organismos especializados; mecanismos de coordinación institucional, participación de la sociedad civil y transparencia y acceso a la información.

Se basa en los conocimientos jurídicos y la experiencia práctica de los abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidos despachos de abogados, empresas,

academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y otros.

¿Quién es el Vance Center?

El Vance Center es un programa sin fines de lucro del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York, EE. UU., integrada por profesionales del Derecho alrededor del mundo para promover una profesión legal éticamente activa e iniciativas de justicia internacional.


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