Este es uno de los puntos que más se señalan de estas nuevas reformas y a decir de expertos en el tema, esto es algo más grave de lo que se pretendía hacer con el presupuesto que aprobó el Congreso el año pasado y que se botó luego de las intensas protestas de noviembre.

Los abogados Andrea Aparicio, José Fernando Orellana Wer y Jorge Gabriel Jimenez del bufete NexusLegal comparten un análisis sobre lo que debería ser un sistema fortalecido de compras del Estado.

¿Cómo analizan las reformas que se aprobaron?

Nosotros la entendemos como una contra reforma a la reforma que se dio en el 2015. En ese año, tras todos los hechos de corrupción del gobierno del Partido Patriota, el Congreso instaló cuatro mesas para la discusión de diversos temas, uno de ellos era la reforma a la Ley de Contrataciones que por muchos años se había discutido que necesita mayor transparencia y más control de la calidad y el gasto. Quien presenta esta reforma es el actual ministro de Finanzas que en ese entonces era diputado, Álvaro Gonzalez Ricci. Los aumentos de monto que hicieron son totalmente fuera de lo técnico. Las compras de baja cuantía que era de hasta Q25 mil la aumentaron a Q200 mil, es un aumento del 400%. Esta ley fue promovida por las municipalidades y actualmente la mayoría de concursos adjudicados por las municipalidades han sido de compra directa, con las reformas que hicieron, prácticamente ninguna de esas compras directas va a pasar por la Ley de Contrataciones y es preocupante.

¿Cómo queda esta ley con todas las reformas que se han hecho desde su creación en 1992?

Esta sería la reforma número once que estaría entrando en vigencia. La ley actualmente es contradictoria, ambigua y desactualizada. No es una norma que responda a las necesidades actuales, castiga más la eficiencia con aras de transparencia en algunas cosas y con esta última reforma se pierde por completo la transparencia. La compra directa y la compra de baja cuantía no tiene mayor regulación, nosotros consideramos que se debe hacer una nueva ley y no rescatar más esta para contemplar elementos de capacidades de gestión, prácticas de contratación de mercado y todo el tema de cuentadancia y transparencia. Debe ser una norma que respete de forma integral todos estos criterios y no de forma parcial. El problema también es la mala técnica legislativa con la que se ha ido reformando la ley porque eso ha provocado las contradicciones que mencionamos.

La discusión también se ha centrado en fortalecer un sistema de compras del Estado, más allá de una ley

Actualmente el sistema de información que tiene Guatemala es deficiente. Sí se cuenta con la plataforma, pero  en Guatecompras no está la información completa, hay archivos que no se pueden ver, no hay una entidad que esté verificando si los documentos están completos o si son legibles. No se puede verificar ni fiscalizar de forma ágil porque toda la información está dispersa. Pero para esto no es necesario una reforma de ley, esto lo puede hacer Finanzas mejorando el sistema de Guatecompras. Incluso, aunque Guatecompras no es perfecto, muchos de los problemas no son atribuibles a deficiencias en la ley, hay prácticas institucionales que hace que los procesos sean lentos, engorrosos y ambiguos. Con las reformas del 2015 se crea el Registro de Proveedores del Estado y lo que dice es que quienes quieran ser contratistas deben estar autorizados y habilitados, con las reformas actuales se facilita la contratación de proveedores no registrados. El registro es un paso adicional en aras de la búsqueda de transparencia, pero si no se cuenta con una Contraloría General de Cuentas hábil o un Ministerio Público cuando las anomalías pasan de ser administrativas a penales, no sirve de nada tener una ley perfecta. Por eso una buena ley debe ir acompañada también de instituciones fuertes e independientes que ejecute correctamente su labor de fiscalizar. Aquí estamos hablando de un sistema eficiente de contrataciones que conlleva varios pilares como la transparencia, el marco institucional fuerte y el cumplimiento de todas las normativas.

¿Qué buenas prácticas se pueden hacer sin necesidad de reformar la ley?

Aquí explicamos como muchos de los deficiencias del Estado no tienen que ver con la ley. Por ejemplo, una buena parte del año 2020 que estuvimos en pandemia, la pasamos en estado de excepción y esto implicaba que las instituciones podían comprar insumos más fácilmente, pero ¿qué pasó? No era realmente porque la ley no estuviera buena, sino por la falta de eficiencia del Estado que tiene que ver con tener un buen personal técnico en las instituciones que sepan ejecutar. Al Ministerio de Salud le costó muchísimo ejecutar y no fue por la ley, sino por la ineficiencia del Estado. Uno de los puntos débiles de la ley vigente es que, si bien es cierto que se necesitan que los procesos sean ágiles para comprar en medio de emergencias, es un hecho que Guatemala sufre de desastres naturales de forma constante. En la línea de crear ese sistema de contrataciones del Estado se debería de contemplar para casos de emergencia un mecanismo específico de contratación que no sea dar carta libre a lo que se quiera comprar. Es más tener ciertos mecanismos de transparencia y un buen ejemplo fue para la emergencia de Agatha que en la declaratoria del estado de emergencia aprobado por el Presidente, luego el Congreso le agregó normas a ese decreto y estableció que las contrataciones deben tener un registro fotográfico, una certificación de la causa y el daño que se va a reparar y que todo esto debe publicarse. Esta es una buena práctica que debería hacerse sin necesidad que el Congreso lo establezca para cada estado de excepción.

¿Qué quedaría hacer con estas reformas que ya fueron aprobadas?

Una vía es mantener la esperanza de empujar una reforma sistemática, pero en el corto plazo lo que se podría hacer es impugnarla por inconstitucionalidad porque con tener este tipo de retrocesos gravísimos en materia de calidad de gasto y transparencia y poner obstáculos a la rendición de cuentas, se puede considerar que hay una serie de violaciones inconstitucionales. Porque ahorita estamos como si no tuviéramos ley y agrava uno de los problemas que ya tiene Guatemala y es la ineficiencia en la gestión de sus recursos.