Verificamos por usted: ¿Alcaldes tendrán una mejor gestión con reformas a la ley de compras?

Antecedentes de las municipalidades revelan que poseen una deficiente administración financiera; además, expertos opinan que elevar el monto en compras de baja cuantía abre paso a actos de corrupción.

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El decreto 4-2021 reformó siete artículos de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE). Entre los principales cambios se cuenta que las entidades públicas podrán efectuar compras de baja cuantía por hasta Q100 mil, cuando anteriormente solo se podía hasta Q25 mil.

Bajo esa modalidad se pueden adquirir bienes, suministros, obras y servicios sin cumplir con los procesos competitivos que implican otras compras.

También cambian las compras directas, que ahora podrán alcanzar hasta los Q200 mil. Previamente eran de hasta Q90 mil. La diferencia con la de baja cuantía es que en esta se debe publicar una oferta en Guatecompras, mientras que la otra se publica luego de recibido el bien.

De igual manera, se modificó el monto máximo de las cotizaciones, que ahora puede ser de hasta Q2 millones, mientras que antes era de Q900 mil.

Esas reformas eran exigidas sobre todo por las municipalidades, con el argumento de que la limitación impedía su buena gestión. Esa petición fue respaldada por el presidente Alejandro Giammattei.

El 28 de abril, al culminar la sesión en el Congreso, Allan Rodríguez, presidente de ese organismo, declaró que las reformas respondían a una promesa de campaña que busca fortalecer la gestión municipal.

“Quiero reconocer el apoyo de la bancada oficial, cumpliendo con una promesa que el presidente Alejandro Giammattei realizaba en campaña: poder apoyar y fortalecer los gobiernos municipales”, comentó Rodríguez.

Luego, cuestionó a la oposición: “Que quede evidencia de quiénes están cumpliendo, quiénes vienen a trabajar y quiénes estuvieron hoy para decir presente, porque cuando son discursos, cualquiera se apunta, pero al momento de actuar pocos están presentes”.

Una de las estrategias del presidente Giammattei desde los primeros meses de su gobierno fue complacer a los jefes ediles, al comprometerse a realizar cambios a la LCE. Una de las quejas de los alcaldes es que la ley contiene restricciones que no les permiten ejecutar los recursos con celeridad.

Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), justificó que las reformas permitirán “inyectar la economía de los municipios”, especialmente aquellos alejados de zonas metropolitanas.

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Según el alcalde, en esos territorios hay proveedores que no cuentan con servicio a internet, y ello les dificulta participar en los eventos de Guatecompras. Al elevar los montos para las compras de baja cuantía, será más fácil adjudicar bienes y servicios a comerciantes que residan en el municipio, dijo.

“Ahora podremos comprarles a los proveedores locales más de Q25 mil, y le daremos respuesta inmediata a las solicitudes de vecinos”, añadió.

La falta de celeridad en los procesos de compra y las dificultades para que las municipalidades cumplan con su responsabilidad de prestar servicios públicos a los vecinos no solo se deben a los controles de la ley, sino a falta de capacidades técnicas en funcionarios públicos.

En el Ránkin de gestión municipal 2018, que elaboró la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplán), quedó evidencia de que 168 municipios tuvieron una puntuación “media baja”.

Este estudio midió el desempeño de las corporaciones ediles en temas financieros, estratégico y administrativos. También evalúa la participación ciudadana y la transparencia del gobierno local.

De esa clasificación se destaca que 308 municipios de 340 obtuvieron una puntuación baja en el indicador de gestión financiera, que mide la eficiencia en el uso de los recursos que las municipalidades obtienen de sus distintas fuentes de financiamiento.

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En el indicador de gestión estratégica, que evalúa qué tanto las políticas públicas municipales inciden en el desarrollo del municipio, 141 obtuvieron una calificación baja, mientras que en la prestación de servicios públicos fueron 171.

Sofía Montenegro, investigadora en contrataciones públicas de la organización Diálogos, consideró que las reformas a la LCE son un retroceso. “El aumentar el monto de baja cuantía hasta Q100 mil implicará que los procesos de compra ya no sean competitivos. Las ofertas electrónicas no se publican en Guatecompras, y eso menoscaba la transparencia”, afirmó Montenegro.

Montenegro dijo que las compras de baja cuantía están diseñadas para adquirir insumos como papel higiénico u hojas de escritorio, por ejemplo, pero no para hacer grandes adquisiciones. De tal cuenta, elevar el monto contradice la lógica de la modalidad y abre las puertas a la corrupción.

Juan Carlos Zapata, de Fundesa, coincidió con que uno de los puntos más preocupantes de la reforma es elevar las compras de baja cuantía, sin ningún tipo de control. Esto afecta la agenda de transparencia sobre la cual ya se habían tenido avances.

“Esta reforma no es técnica, no se discutió para conocer su impacto. Fue una reforma política con el fin de quedar bien con los alcaldes y va a repercutir en mecanismos de corrupción en las alcaldías”, dijo Zapata.

El entrevistado considera que lo más pertinente es que el presidente Giammattei vete el decreto.

Luis Linares, experto en gobiernos locales de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comentó que las reformas también servirían a los alcaldes para blindarse ante eventuales reparos de la Contraloría y la pérdida de su finiquito.

Específicamente, porque los cambios a la ley establecen que en aquellas adjudicaciones superiores a Q2 millones, la autoridad máxima será el concejo, y no el alcalde, como se estipulaba en la anterior versión.

“La reforma es un premio por el apoyo que han dado al Gobierno los alcaldes. Es una transacción que no fortalecerá a los gobiernos locales, pero sí aumentará la discrecionalidad”, puntualizó Linares.


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