Uno de los indicadores que a menudo se utilizan al término de cada ejercicio fiscal para evaluar el desempeño de las instituciones estatales es el nivel de ejecución presupuestaria y en qué medida este gasto derivó en mejoras de servicios públicos para la ciudadanía.
El segundo año de gobierno del presidente Alejandro Giammattei, al igual que el primero, estuvo marcado por la crisis sanitaria que provocó la pandemia. Esto implicó retos, no solo para el sistema de salud, sino para otras instituciones cuyo mandato es brindar asistencia social a las poblaciones más vulnerables.
Para cumplir con estos fines, se aprobaron préstamos multimillonarios con organismos internacionales. Solo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por ejemplo, se le asignaron más de Q6 mil millones para atender a los enfermos por covid-19 entre 2020 y 2021, de los cuales el último año más de Q1 mil 400 millones quedaron sin utilizarse por falta de capacidades administrativas en dicha cartera.
Esto repercutió en falta de camas, medicamentos e insumos para pacientes moderados y graves de covid-19, personal médico insuficiente en los hospitales y otras deficiencias que se denunciaron durante los picos más altos de contagios.
Pero, a pesar de lo anterior, el gobierno ha insistido que todas las dependencias de gobierno invirtieron de forma eficiente su presupuesto.
