Esta legislación fue promulgada en el 2008, durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), debido a la necesidad de proteger a mujeres víctimas de violencia por su condición de género.
Su objetivo es garantizar “la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres” cuando sean agredidas en relaciones de poder por medio de prácticas discriminatorias, violencia física, sexual, económica o cualquier otro tipo de coacción. Esto puede ocurrir tanto en el ámbito privado como el público.
La ley define conceptos clave, como misoginia, que es el “odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo”. En cuanto a relaciones de poder, refiere que son “manifestaciones de control o de dominio que conducen a la sumisión de la mujer y a la discriminación en su contra”.
Y en cuanto a la violencia contra la mujer, establece que es “toda acción u omisión basada en la pertinencia al sexo femenino que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación de libertad, tanto en el ámbito público como el privado”.
