Por una parte, este gobierno y los anteriores han manifestado su malestar y se quejan de que los parlamentarios se valen del derecho que tienen a citar a funcionarios para perjudicar la gestión de las carteras.
No obstante, las citaciones a funcionarios públicos son un derecho de los diputados y de momento no hay ninguna norma que limite este derecho. La legislación vigente establece de forma clara que todos los funcionarios o empleados públicos que administren fondos públicos deben asistir a citaciones y detalla las consecuencias si se resisten a hacerlo.
Alejandro Quinteros, analista independiente en temas legislativos, comenta que hay que ver las dos caras de la moneda. Por un lado, hay funcionarios del Ejecutivo que no quieren rendir cuentas, así como de otras instituciones descentralizadas que argumentan que son autónomas y por ello no deben acudir a los llamados de los congresistas. Pero también hay diputados que abusan de las citaciones por intereses meramente partidarios o personales.
Por su parte, al ser consultada la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia que el gobierno reconoce la importancia de la presencia de los ministros de estado en las diferentes citaciones que se realizan desde el Congreso de la República. Aseguró que “todos los funcionarios públicos han respondido a las diversas citaciones recibidas y, si no han acudido personalmente por razones de agenda, han delegado en todo momento a sus viceministros”.
Sin embargo, en reiteradas ocasiones sus funcionarios han sido cuestionados ya que presentan excusas para no asistir, a veces por razones médicas, pero paralelamente se les observa en otras actividades con diputados oficialistas o en giras de gobierno.
