Cuando se trata de diputados, estos argumentan que asisten a las actividades como parte de las funciones de fiscalización que les otorga la ley. Aunque en la práctica, son oportunidades para obtener réditos políticos frente a la ciudadanía.
Estos actos a menudo han pasado inadvertidos por las delegaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante los últimos meses, pese a que en redes sociales múltiples usuarios cuestionan a distintos políticos ya que consideran se trata de actos disfrazados de campaña anticipada.
El pasado viernes el TSE convocó a las elecciones generales 2023. Y en el decreto que oficializa el inicio del proceso electoral se incluyen varios artículos que podrían alterar las reglas del juego que son de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios públicos.
Entre estas, hay prohibiciones para empleados públicos de asistir a la inauguración de obras, promocionar su imagen, aprovechar recursos del Estado para propaganda electoral y dedicarse durante la jornada de trabajo a actividades de carácter político electoral a favor de sí mismos, de otro candidato o de una organización política.
Al consultar al TSE cómo controlará que estas prohibiciones sean acatadas, informó que cuenta con un equipo de inspección, el cual está encargado de hacer monitoreos e investigar. De encontrarse algún incumplimiento, se traslada el expediente al Registro de Ciudadanos para que imponga la sanción que corresponda conforme a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
