Santa Claus sorprende a niños de asentamientos en Guatemala con regalos adelantados

Héctor Chacón, mayor del Cuerpo de Bomberos Municipales, lleva más de 30 años personificando a Santa Claus para llevar regalos y sonrisas a los niños.

Douglas Cuevas y Paula Carranza

21 de diciembre de 2025

|

12:41h

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Santa Claus entregó regalos y sonrisa a los niños de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Bayza).

La Navidad se adelantó para decenas de niños que tuvieron la oportunidad de ver a Santa Claus. Esta vez no iba acompañado de su trineo ni de sus míticos renos: optó por utilizar un arnés y realizar maniobras dignas de todo un superhéroe.

Tampoco descendió por una chimenea, como lo describen las historias de ficción; en cambio, se lanzó del puente Las Vacas y descendió al barranco donde viven decenas de familias que integran los asentamientos Jesús de la Buena Esperanza y La Arenera.

El espectáculo solidario se ha repetido durante los últimos 30 años en la ciudad de Guatemala, gracias al entusiasmo de Héctor Chacón, mayor del Cuerpo de Bomberos Municipales y experimentado rescatista, quien utiliza sus destrezas para encarnar al personaje navideño.

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Una vez al año, el mayor Héctor Chacón se aparta de sus labores habituales de salvamento para ponerse el traje rojo de Santa Claus y llevar momentos de alegría, además de algunos juguetes, a los niños que habitan el asentamiento urbano.

Lanzarse de un puente supone un reto para el rescatista de 79 años, pero la dedicación, el servicio y el cariño hacia los niños lo han llevado a convertir esta práctica en una auténtica tradición.

Los niños observaron, maravillados, las intrépidas maniobras de quien, al llegar al fondo del barranco, como cada año, entregó obsequios a quienes lo esperaban.

Sin embargo, esta normativa no está dirigida precisamente para las personas de más bajos recursos, que habitan en asentamientos o laderas de barrancos y cuyas vidas se ponen en riesgo cuando ocurre algún fenómeno natural, como quienes habitaban bajo el puente El Naranjo.

Estas personas vieron cómo las lluvias del pasado 25 de septiembre hicieron crecer el río que pasa en el fondo, se llevó varias casas y dejó al menos 11 víctimas mortales, mientras que siete continúan desaparecidas.

Especialistas relacionados con el tema coinciden en calificar de manera positiva la ley. No obstante, reconocen que atender a las clases más desposeídas debe de ser parte de una política social del gobierno central.

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¿Qué se necesita?

Los requisitos para optar al subsidio de la Ley de interés preferencial, aparte de ser guatemalteco, son: que quien aplique tenga familiares que dependan de él o ella, demostrar la carencia de vivienda propia, y que el inmueble que se quiere cuente con los servicios básicos mínimos para gozar de una vivienda digna de conformidad con lo establecido en la Ley de Vivienda.

Además, que el valor del inmueble no exceda al equivalente de 170 salarios mínimos no agrícolas y no haber sido beneficiario anteriormente de algún subsidio del Estado para la obtención de vivienda.

Sin embargo, el requisito que más problemas puede causar a las personas de escasos recursos es el de demostrar que se cuenta con una fuente de ingresos, ya sea en relación de dependencia o por cuenta propia, para que una entidad financiera les otorgue un crédito.

Quienes viven en el asentamiento Dios es fiel y otros de los tantos que abunda en el área metropolitana son personas casi en pobreza extrema, que han migrado de la provincia y se dedican a vender artículos de manera informal, algunas mujeres hacen oficios domésticos y unos pocos son albañiles.

La mayoría de las viviendas son de paredes y techos de lámina, sin servicios básicos y en muchos casos los propietarios apenas tienen ingresos para sobrevivir.

Vivienda popular abandonada

“Esta ley —Ley de interés preferencial— es necesaria, pero es insuficiente porque no atiende la vivienda popular que ha sido totalmente abandonada por el Estado desde el cierre del Banvi —antiguo Banco Nacional para la Vivienda—“, indicó Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).

El cierre de esta institución fue desafortunado, puntualizó el analista, debido a que dejó sin opciones de acceder a vivienda a las familias de escasos recursos que no pueden acceder a una a los precios del mercado. Sus funciones las quiso retomar, primero el Fondo para la Vivienda (Fopavi), pero sin éxito, según Linares.

La Ley de interés preferencial está orientada a la clase media, a familias que según cálculos del especialista tienen ingresos de Q10 mil mensuales, una cantidad que alcanzan pocos hogares.

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Las familias pobres se ven obligadas a comprar tierras que están totalmente expuestas a riesgos de deslizamientos o de inundaciones, a orillas de los ríos, como el caso reciente de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, donde la crecida del río Platanitos dejó inhabitables varias viviendas. “La gente compra empujados por la necesidad”, acotó Linares.

“La vivienda es un derecho humano y no podemos decidir que el acceso quede en manos del mercado, especialmente en un país donde más de la mitad de la población es pobre”, sentenció.

Óscar Sequeira, presidente de la organización Hábitat para la humanidad, coincidió en que, en otros países a las personas que viven en lugares de riesgo el gobierno suele facilitarle el traslado a otro lugar. Pero intentar hacer esto en los asentamientos de Guatemala puede ser “complejo” porque las familias no necesariamente están dispuestas a trasladarse, indicó.

Añadió que las remesas que se reciben desde EE. UU. han aliviado en cierta medida el acceso a vivienda de muchas personas, “pero, lo que no se ha hecho, es avanzar en los servicios complementarios, agua, calles o drenajes.

Según cálculos del sector de la construcción, en pocos años podrían habitar en el área metropolitana unos siete millones de personas, por lo cual, de acuerdo con Sequeira, los problemas relacionados a los riesgos habitacionales se podrían agudizar. “Debe haber una regulación fuerte que no permita que crezcan esos asentamientos”, subrayó.

Pero “tiene que haber disposición del Gobierno porque estamos hablando de muchos recursos. Cuando se ha hecho algo en otros países es por una disposición gubernamental muy fuerte”, dijo.

El Fopavi, al ser consultado, refirió al tablero de rendición de cuentas de su página web el cual destaca que solo este año, hasta septiembre, se ejecutaron Q423.7 millones del presupuesto del programa Desarrollo de vivienda —subsidios—, se han entregado dos mil 673 viviendas y 300 lote. Además, 302 proyectos habitacionales en ejecución a nivel nacional.

Mejorar la ley

Xavier Andrade, presidente de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, indicó que la vigencia de la Ley de interés preferencial ha bajado el costo mensual de las viviendas, pero hay cosas que se pueden mejorar para que tenga un mejor impacto.

En primer lugar, considera que no se le ha dado la difusión que la norma merece, por lo cual los potenciales beneficiarios desconocen que tienen a su alcance la oportunidad de comprar vivienda con intereses más bajos.

Sin embargo, también cree que el Congreso podría mejorar la Ley y permitir, por ejemplo, que la tasa de interés preferencial no impida que el 30 por ciento de la vivienda quede exonerado del pago del 12% de impuesto al valor agregado y se pueda pagar solo el 3%, con timbres fiscales.

Añadió que agilizar la construcción de viviendas también pasa por facilitar las gestiones en los ministerios y que estos no se tarden cuatro meses para que les permitan cortar cuatro árboles, o seis para autorizar un estudio de impacto ambiental.

“¿A qué hora vamos a construir 50 mil viviendas, si para construir 200 me paso más de un año en trámites?”, cuestionó.

Promesas

El plan de gobierno del Movimiento Semilla contempla la inversión Q22 mil millones en inversiones públicas para vivienda y ampliación de servicios públicos en los hogares. Entre estos, Q4 mil millones para la construcción de unidades habitacionales.

El resto será invertido para la colocación de pisos de cemento y revocado de paredes, ampliación de acceso a agua entubada, alcantarillado, tratamiento de agua y universalización del acceso a la energía eléctrica.

Según un estudio que elaboró en 2022 la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), la mayoría de los proyectos de vivienda en el país mantiene cuotas de entre Q2 mil 500 y Q7 mil 500 al mes. A las familias guatemaltecas solo les alcanza para pagar un poco más de Q1 mil 300, de acuerdo con estimaciones gubernamentales.

Si “arriba” es difícil conseguir una casa, “abajo” hay intentos de darla. Especialistas en política territorial y urbana subrayan que los asentamientos en zonas de riesgo surgen por la falta de esfuerzos empresariales y estatales de brindar acceso a viviendas dignas. Álvaro Gómez, un albañil y plomero que vive bajo el puente Belice, es un reflejo de esa poca acción.

Quedar expuesto a una tragedia como la del puente El Naranjo es un riesgo que muchos asumen para asegurar un techo y un piso. En este reportaje explicamos por qué para miles de personas tener una casa adecuada todavía es un sueño lejano.

La situación se reportó en horas de la mañana, según confirma la Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres (Conred), cuyos delegados se desplazaron al área para supervisar y dar recomendaciones a corto plazo a los vecinos y las autoridades municipales, que también estuvieron en el área.

La información preliminar es que el hecho se habría ocasionado por la copiosa lluvia de las últimas horas. El área afectada se ubica en el kilómetro 4 de la ruta al Atlántico.

El incidente, según el reporte oficial de la Conred, es que el deslizamiento ocurrió a las 7.30 horas de este martes 3 de octubre. Esta verificación preliminar determinó que se debe trabajar de inmediato con el talud para evitar más riesgos.

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La Conred verificó el sector luego de que varias viviendas quedaron afectadas en la parte baja y alta del asentamiento. Las lluvias de las últimas horas provocaron que un talud colapsara y al menos ocho viviendas resultaran afectadas directamente.

Mientras otras cinco están en riesgo directo, sin embargo, las evaluaciones han determinado que el material que cayó afectó inmuebles en la parte baja y otras están en riesgo en la parte superior. No se reportaron heridos, según las autoridades.

La Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad de Guatemala confirma que un equipo de la alcaldía auxiliar de la zona 6, de la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias y Bomberos Municipales para atender la emergencia.

Las instituciones municipales revelaron que son cuatro viviendas afectadas en la parte de abajo y tres casas en riesgo en la parte de arriba.

Además, habilitaron un albergue en la zona 6 para que las personas afectadas puedan resguardarse mientras se atiende la emergencia en este lugar.

El equipo municipal llevó a cabo tareas de descombramiento y estabilización del talud, y trabajaron en conjunto con la Empresa Eléctrica de Guatemala para habilitar el servicio en el sector.  En horas de la tarde entregaron víveres a las familias afectadas.

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Información Conred

En la parte baja del talud está el sector 4, del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Las estadísticas reportadas por la Conred son:

• 3 viviendas, daño moderado
• 3 damnificados
• 3 familias afectadas
• 7 personas afectadas
• 4 viviendas en riesgo
• 1 bodega en riesgo
• 3 familias en riesgo
• 15 personas en riesgo.

En riesgo están:

1. Lote 65 (dos ingresos)
   2 adultos
2. Lote 67
   Utilizado como bodega
3. Lote 68
   4 adultos
   3 menores
4. Lote 69
   4 adultos
   2 menores
5. Lote 70
   Casa desocupada

Con daño moderado están:

1. Lote 72
   1 adulto
2. Lote 72 B
   2 adultos
   1 mejor
3. Lote 74
   2 adultos
   1 menor

Este 25 de septiembre de 2023, a eso de las 2 horas, sufrió la peor tragedia desde que llegaron a ocupar esas tierras bajo el puente El Naranjo, en la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, hace 12 años.

El líder comunitario, Esaú González, contó a Prensa Libre, visiblemente conmocionado, que ha sido impactante lo que ha ocurrido con las 19 personas desaparecidas, entre las que resalta una mayoría de menores de edad. De hecho, el primer cuerpo que localizaron fue el de una niña de 5 años.

“Estamos muy tristes por lo que ocurrió. Lamentamos lo que les ha pasado a estas familias. Seguimos trabajando para hallarlas, en conjunto con los cuerpos de socorro”, dice González.

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De acuerdo con el líder comunitario por ahora les urge apoyo sicológico, alimentos y ropa para los sobrevivientes.

“Por supuesto que durante años hemos luchado por tener una vivienda digna, pero ahora urge un apoyo inmediato”, comenta González.

Para apoyar a estas familias puede llamar a Esaú González, del Asentamiento Dios es Fiel, al +502 4955 3810

Personas de escasos recursos

El asentamiento comenzó su andar en 2011. Las familias que llegaron al lugar construyeron ellas mismas sus casas, que son pequeñas, de lámina y madera. Por ahora solo cuentan con energía eléctrica y alumbrado público. No posee agua potable.

Actualmente residen unas 200 familias, que en muchas ocasiones, han sido beneficiados por los gobierno en turno con la entrega de bolsas de alimentos.

De acuerdo con Gonzáles son personas de escasos recursos que se desplazaron de comunidades de San Marcos, Quiché, Alta Verapaz y Jutiapa, por ejemplo, en busca de mejores oportunidades en la capital de la República.

En este lugar, cuenta González, viven personas que laboran en la Ciudad de Guatemala, como mensajeros o en tareas de mantenimiento de edificios. Los niños estudian, en su mayoría, en los establecimientos que están en la colonia Bethania, zona 7.

El representante de los vecinos asegura que anoche no llovió tan fuerte e intenso en el área. Pero el río de aguas negras que atraviesa el asentamiento, y desemboca en el río Las Vacas, creció tanto porque arriba suelen tirar ripio y “eso pudo haber provocado el problema”.

Las autoridades han confirmado que en una parte de ese cauce se formó un dique y la fuerza del agua lo rompió y bajó con fuerza hacia donde estaban las seis viviendas que fueron arrasadas.

“Las casas de estas familias estaban edificadas como a unos 25 metros de la orilla del río de aguas negras, muy cerca”, recuerda González.

Añade que hace unos dos años ocurrió lo mismo por “un tiradero de ripio, pero gracias a la intervención de la Municipalidad, dejaron de tirarlo al río. Ya no estábamos en riesgo, pero, no sé si colocaron otro tiradero clandestino y por eso ocurrió esto”. 

“Lo que nosotros creemos que es ese tiradero de ripio tapó el paso del río y cuando se logró destapar, el caudal se dejó venir con fuerza y llegó a pegarle de golpe a un nacimiento de agua que tenemos acá.  Cuando pegó en el  nacimiento fue cuando más fuerza tomó y pasó llevándose las casitas de lámina”, relata. 

La alcaldía auxiliar de la zona 7 asegura que entre 2004 y 2005 el área fue declarada de alto riesgo. Había personas viviendo muy cerca del río de aguas negras. Sin embargo, les dieron la oportunidad a las familias de quedarse en otra área de menor riesgo.

El asunto, según la alcaldía auxiliar, las personas volvieron a habitar el lugar. Mientras que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), confirman que aguas arriba se registró un deslave el cual provocó un dique y esto a su vez una presa, que ocasionó al final el problema abajo.

Conferencia de prensa municipal

Durante la conferencia de prensa que llevaron a cabo autoridades municipales y cuerpos de socorro en donde actualizaban el estado del sector y de los trabajos de búsqueda, también mencionaron los albergues que se han implementado para apoyar a las personas afectadas.

“Como parte de las acciones se ha habilitado un albergue en donde estamos equipando con ropa, víveres, y asistencia médica y psicológica”, dijo Héctor Flores, director de la unidad AVE de la municipalidad de Guatemala.

Se trata de un albergue municipal que se instaló en el salón comunal Eugenio Laujerud Kjell, en la zona 7.

“Se pone a disposición de los vecinos afectados y sus familias. Víveres y otros apoyos son coordinados a través de la Alcaldía Auxiliar en el lugar”, explica la municipalidad mediante una publicación en redes sociales.

HABILITACIÓN DE ALBERGUE MUNICIPAL
En Salón Comunal Eugenio Laujerud Kjell, #zona7.

Se pone a disposición de los vecinos afectados y sus familias. Víveres y otros apoyos son coordinados a través de la Alcaldía Auxiliar en el lugar.

Número de teléfono de la alcaldía:… pic.twitter.com/IY68peX0KX

— MuniGuate (@muniguate) September 25, 2023

El número telefónico para contactar a la alcaldía auxiliar y coordinar la entrega de víveres es el 2474-6839.

Petén e Izabal son, principalmente, los departamentos con más alto índice de vulnerabilidad, aunque David de León, vocero de la Conred, no descarta que riesgos similares se corran en otras regiones urbanas debido al colapso de los sistemas de drenajes.

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De León explicó que, si bien las zonas más propensas a inundaciones son las que se encuentran a orillas de ríos y lagos, el problema puede afectar también a ciudades y cascos urbanos, debido a la deficiente red de alcantarillado en algunos lugares y a que las personas botan desechos sólidos en las calles.

El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunció que este jueves 15 comenzó la segunda parte de la época de huracanes y lluvias, por lo que se avisó a los cuerpos de socorro para que estén alerta, ante las emergencias propias de la época, indicó De León.

Solo en el departamento de Guatemala viven unas 500 mil personas en zonas que son consideradas no habitables y que de este grupo, 200 mil viven en 320 asentamientos que se ubican dentro del municipio de Guatemala, y que en la mayoría han ocurrido deslizamientos de mayor y menor grado.

El vocero de la Conred informó que hasta el momento se han detectado 10 mil 51 puntos de riesgo en el país, entre los cuales se han identificado algunos ya muy conocidos como La Catarata, en el kilómetro 144.5 en la carretera que conduce a Panajachel, Sololá; en el Cerro Lec en el kilómetro 113.5 de la ruta entre San Andrés Semetabaj y Panajachel.

El portavoz dice que las áreas donde ocurren más inundaciones son las regiones de la Costa Sur, Panzós, Alta Verapaz;  Izabal y Petén. “En la actualidadd, en donde hemos tenido emergencias son áreas específicas de  Suchitepéquez, Retalhuleu y costa de San Marcos, porque en los suelo hay abundante agua”, explicó De León.

Eluden obligación

Edy Cifuentes, experto en temas municipales, afirma que pocos alcaldes le ponen atención al tema de la Gestión de Riesgo y que, incluso,  el tema ni siquiera aparece en sus Planes operativos anuales, porque  para la mayoría de los funcionarios electos, la inversión en el tejido social, simplemente, es secundario,  cuando debería ser lo primordial. Se ha deshumanizado el servicio público”, afirma.

Cifuentes considera que los jefes ediles únicamente convierten las corporaciones ediles en instituciones reactivas cuando sucede una tragedia, porque “la  prevención la ven como algo no redituable, ni económica ni políticamente2 o sea que no les trae ningún beneficio a sus intereses.

Cifuentes expone que a pesar de la obligación que tienen las municipalidades de organizar y mantener sistemas de prevención ante el riesgo que representan los desastres naturales, especialmente las lluvias son ciclos periódicos, deberían de programar mayores recursos en sus planes municipales para el abordaje de este tema en esta época.

Falta ordenamiento territorial

Edwin Garzona, representante regional para Centroamérica y México del servicio mundial de Iglesias, que se dedica al apoyo de personas en situación de vulnerabilidad, opina que los grupos humanos construyen en lugares peligrosos porque en el “país no existe una política de ordenamiento territorial ni de vivienda, las cuales deberían de existir para evitar los asentamientos de pobreza.

Garzona considera que en la mayoría de los casos las personas están conscientes de que el lugar que habitan es riesgoso, pero “creen que no es tan latente y que pasará un tiempo” para que suceda una emergencia.

Considera que en otros casos tienen responsabilidad las constructoras, pues no hacen estudios de impacto ambiental o no avisan a los compradores de los riesgos que significa asentarse en el lugar.

Los riesgos del país

Guatemala enfrenta siete riesgos naturales por su ubicación geográfica, de los cuales cinco son catalogados con probabilidad alta.

Los principales son las inundaciones por ríos, seguido de sismos o terremotos, huracanes, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra, según la clasificación de Piensa en Peligro, una herramienta desarrollada por el Fondo Mundial para la Reducción de Desastres y la Recuperación (GFDRR, en inglés), utilizada para monitorear la vulnerabilidad de los países y brindar asistencia.

También menciona la escasez de agua e inundaciones en zonas costeras, como riesgo con probabilidad mediana.

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El viceministro de vivienda, Carlos Barillas, explicó a los presentes que en Guatemala hay unos 400 asentamientos y que se promueve una política para mitigar el problema habitacional en el país. Agregó que unas 250 mil personas están en alto riesgo en esas áreas.

Impulsan política

El funcionario agregó que se impulsa una propuesta denominada Política del Mejoramiento Integral de Barrio, que identifica los asentamientos en alto riesgo y busca territorios libres de riesgo para reubicar a las familias.  

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Afirmó que hay una mesa técnica en la que participan varias instituciones para dar acompañamiento al caso.

Puntualizó que, aunque las familias sean reubicadas, los niños siempre asistirán a la misma escuela y seguirán con el uso del mismo transporte público para salir de la zona 6.

“La posibilidad de trasladarlos a una ubicación cercana de donde viven, es no arrancarlos a sus medios de vida”, manifestó Barillas.

La propuesta para el traslado es de enfoque multifamiliar, con espacios para equipamientos municipales, áreas verdes, parques y mejorar la viabilidad de la zona, pues otro de los objetivos en impulsar la plusvalía.

Según el funcionario, la construcción de casas podría comenzar el primer semestre del 2018 y la primera fase sería entregada en el segundo semestre de ese año, aunque depende de cuánto avancen las gestiones.

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Vecinos opinan en reunión

Un representante de la colonia 30 de Junio, zona 6, cuestionó de dónde se abastecerían de agua a las familias del asentamiento si se concreta el traslado, pues en la colonia actualmente el servicio es irregular.

“Ustedes ya tienen el pastel hecho y a nosotros nunca nos invitaron a una mesa de diálogo. Vamos a perder plusvalía de nuestras casas”, manifestó una vecina que tiene una vivienda en el Proyecto 4-4.

Un representante de la colonia San Juan de Dios manifestó que el sentir de la colonia es que no están de acuerdo con el traslado de las personas de Jesús de la Buena Esperanza, porque según ellos, en ese asentamiento operan bandas delincuenciales y hay bandas rivales. “Hay un predio a donde podrían trasladar a esa gente”, puntualizó.

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Sandra Mayén, del sector uno de Jesús de la Buena Esperanza, indicó que la inseguridad es generalizada pero eso no implica que toda la gente del sector sea delincuente, pues no se puede generalizar.

“Yo crecí en el asentamiento, pero no soy delincuente, soy una mujer trabajadora y me gusta luchar por mis vecinos”, manifestó Mayén.

José Hernández, líder comunitario del Proyecto 4-10, dijo que en la zona 6 hay otra área para reubicar a las familias. Añadió que para el proyecto del traslado funcione, se necesita ampliar la entrada de los proyectos 4-4 y 4-10.

“También se necesita de un sistema de transporte coherente y eficiente”, resaltó Hernández.

Personas en riesgo

Enrique Godoy, comisionado presidencial de desarrollo urbano, informó que hay dos sectores de riesgo en Jesús de la Buena Esperanza, sumado el riesgo que representa el puente Belice.

Explicó que el diálogo es para escuchar propuestas e inconformidades. Anunció que el diálogo continuará para lograr consensos con las partes involucradas.

Se informó que las personas que opten para una vivienda en el área de reubicación, tendrán que llenar ciertos requisitos como un estudio socioeconómico.

En una reunión con el diputado Álvaro Velásquez, los vecinos expusieron su rechazo al proyecto del Viceministerio de Vivienda, Municipalidad de Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entre otras instituciones para construir un complejo habitacional en el antiguo polígono de tiro de la Policía Nacional Civil (PNC), en la zona 6.

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Cinco cosas que despierta la alarma de los vecinos en una reunión desarrollada este jueves en a Iglesia Jesucristo de los  Santos de los Últimos Días de la zona 6, pues comenzaron la lucha por impedir el traslado, y si no escuchados, amenazan con tomar acciones.

Reportaje

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Falta de agua, espacio en las escuelas, sistema de transporte, abastecimiento de alimentos y el problema de inseguridad que puede surgir en la zona son los puntos de preocupación de las familias, informó Judith Valle, presidenta del Comité de Vecinos de la colonia Cipresales.

“Vivimos en una zona donde no hay capacidad para cubrir con los servicios básicos,  la construcción de condominios es una recarga para la zona 6”, dijo Valle.

Los vecinos aducen que las escuelas están llenas y que en el sector del antiguo polígono de tiro de la PNC no hay sistema de transporte público; además, aducen que “hay comentarios sobre que muchas de las personas del asentamiento Jesús de la Buena Esperanza que no tiene muy buena reputación”.

Luis Fernando Estrada, vecino del Proyecto 4-10, señala que las medidas que han tomado es para cuidar el espacio por lo que han trabajado toda la vida y lo que van a dejar a sus hijos.  “Yo rogaría que buscaran la forma de evitar el traslado”, dijo.

Los vecinos temen que con la llegada de las familias de asentamiento Jesús de la Buena Esperanza, baje la plusvalía de sus viviendas.

Valle pide a las autoridades de Gobierno que tiene a su cargo el traslado de las familias que tomen en cuenta la opinión de los vecinos, porque hasta ahora no tiene ningún aviso oficial.

“Nos hemos enterado por puros comentarios entre vecinos y la publicación de Prensa Libre nos confirma. El traslado nos viene a perjudicar la tranquilidad de los vecinos de la zona 6”, dijo Valle.

Promete interceder

El diputado Álvaro Velásquez prometió interceder por los vecinos ante los representantes el Viceministerio de Vivienda del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y en la Municipalidad de Guatemala para frenar el traslado de las familias al lugar.

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También prometió que en la próxima reunión, pactada para el próximo viernes a las 10 horas, asistirá el diputado Álvaro Arzú Escobar, hijo del alcalde de la capital, Álvaro Arzú Irigoyen, sin embargo, no todos los comités de vecinos estuvieron de acuerdo.

Entrevista

Solo tiene un margen corto de seguridad.

En entrevista reciente con Prensa Libre, el Viceministro de Vivienda, Carlos Barillas, confirmó que en el antiguo polígono de tiro de la PNC comenzará la construcción del complejo familiar para 415 familias que viven debajo del puente Belice.

El domingo último, Barillas, junto a Aldo García, titular de la cartera  de Comunicaciones, representantes de la Conred,  Comisión de Diálogo Presidencial, de las familias que bien debajo de la estructura del puente Belice y personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos sostuvieron una reunión en la Escuela Urbana Benjamín Paiz Ayala, en la zona 6, para hablar del traslado.

Esa es  la situación de unas 200 mil personas en el país que carecen de ingresos que les permita vivir en un inmueble seguro.

Entre quienes se resignan a arriesgar su vida en áreas peligrosas de asentamientos en la metrópoli figura la familia Reynoso Gutiérrez, que en el 2009 emigró de la aldea El Regadío, en Uspantán, Quiché, hacia la capital, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida.

Sueños rotos

Romelia Gutiérrez explicó que hace siete años decidieron junto a su esposo, Gregorio Reynoso,  residir en la capital para brindar mejores oportunidades de educación a sus tres hijos.  Por eso llegaron al asentamiento Las Torres, en la zona 7, y alquilaron una habitación por seis años.

Desde que empezaron a vivir en la capital, su esposo dejó de ejercer la docencia debido a que no encontró un trabajo estable en algún centro educativo, contrario a lo que ocurría en Quiché, donde fue maestro de muchos niños.

En la metrópoli la situación se tornó difícil para la familia Reynoso Gutiérrez. El jefe de familia dejó de buscar trabajo como profesor de primaria y optó por portar una escopeta y un uniforme para ganar el salario mínimo mensual de Q2 mil 747.21 como policía privado.

“Él —Gregorio— tuvo que ponerse a trabajar de policía privado porque no había más. Hace un año y medio quedé embarazada de mi cuarto hijo y mi esposo consiguió este terreno. Debíamos agarrarlo porque no podíamos seguir alquilando —Q400 mensuales—”, manifestó.

Así mismo, Vera Luz Flores, de Santa Rita; Johana Mendoza, de Las Torres, y Lucrecia Hernández, de Regalito de Dios,  relatan historias parecidas de carencias, peligros y resignación de los asentamientos donde viven.
   
No es extraño, porque  estimaciones de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) indican que hay nueve millones 242 mil personas a escala nacional  que residen en áreas vulnerables a deslizamientos.

Además,  según la Conred, en el país hay 497 asentamientos. Estas comunidades se lograron ubicar luego de invadir terrenos y posteriormente lograron adquirir servicios básicos para los habitantes, empero, no se traducen en seguridad. 
 

Peligro latente

La casa de la familia Reynoso Gutiérrez, por ejemplo, es la última que se construyó en la ladera de la montaña en que se ubicó el asentamiento Las Torres,  tramo final del Anillo Periférico y contiguo al puente El Incienso.

La vivienda es de madera y láminas, y la habitación principal está a medio metro del abismo; desde el puente es evidente su fragilidad.

El municipio de Guatemala es el área con más comunidades en situación de riesgo. La proyección de la Conred determina que existen  más de 280 asentamientos.

 Alerta

Asentamientos representan riesgo para habitantes.

1,389

Personas murieron en los últimos 20 años  por deslizamientos e inundaciones.

9.2

Millones de personas viven en áreas vulnerables a deslizamientos.

497

Asentamientos hay en el país; un 80% en peligro.