La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) creó un departamento para hacer la fiscalización, los análisis y los reportes de cierto tipo de empresas que comercializan productos en las redes sociales.
La brecha fiscal estaría superando los Q1 mil millones en mayo a causa del efecto del coronavirus y el impacto por el cierre del comercio intrarregional, según las estimaciones preliminares dadas a conocer por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los ingresos programados, pero no recaudados por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) fue de Q1 mil 797 millones y se amplio con respecto a octubre cuando fue de Q1 mil 655 millones.
El Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) conoció los resultados de la recaudación hasta octubre y confirma que hay un déficit de Q1 mil 655.3 millones que es el monto que no se logró cobrar.
El no alcanzar las metas de recaudación parece ser histórico en el sistema tributario guatemalteco y solo en dos ocasiones se lograron las proyecciones establecidas: 2011 y 2018.
Los ingresos programados pero no recaudados se ampliaron en septiembre último; sin embargo, la recaudación efectiva subió 5.2%, según el reporte oficial.
Luego de identificar inconsistencias de los contribuyentes hasta en Q9 mil millones, las autoridades de Finanzas replantearon que la diferencia entre lo cobrado y lo no cobrado, no será tan amplia como se había pensado.
La brecha fiscal en Guatemala, es decir los impuestos no recaudados, se amplió en julio de 2019 y llegó a Q1 mil 627.2 millones, informó este 16 de agosto la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Luego del inicio oficial del proceso de transición política y a casi 15 días para que se presente el proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020, las nuevas autoridades llevarán a cabo una negociación para reorientar al plan de Innovación y Desarrollo que es la propuesta.
Aproximadamente un año de haberse suspendido el acceso a la información bancaria de los contribuyentes para fines de fiscalización –conocido también como secreto bancario–, ayer la Corte de Constitucionalidad (CC) emitió el fallo en definitiva que revoca dicha suspensión, decretada en agosto del 2018.
