Los dos agentes que capturaron al periodista Sonny Armando Figueroa Alvarado y que fueron detenido luego de haber sido señalados de abuso de autoridad fueron ligados a proceso penal este martes 27 de octubre, informó el Ministerio Público.

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Se trata de los agentes Ángel Isaías Fuentes Navarro y Orlin Alexánder Barrientos Gonzales, quienes además de haber sido ligados a proceso, el juez Cuarto de Primera Instancia Penal dictó medidas sustitutivas como el pago de una caución económica de Q5 mil cada uno, prohibición de salir del país y firmar el libro de procesados a cada 30 días.

La Fiscalía de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público (MP) en coordinación con la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron el lunes 19 de octubre a los dos agentes en mención, señalados de abuso de autoridad cometido durante la aprehensión de Figueroa Alvarado, el 11 de septiembre último.

La detención de Figueroa, reportero Vox Populi, causó la reacción de sectores de la sociedad civil y defensores de Derechos Humanos, quienes exigieron una investigación.

Según versión del periodista, desconocidos lo asaltaron en los alrededores del Palacio Nacional de la Cultura, por lo que pidió auxilio a los agentes de la Policía Nacional Civil que estaban en el lugar, quienes en vez de apoyarlo lo agredieron, detuvieron y trasladaron a Torre de Tribunales.

Según la información que proporcionó la PNC el día de la captura, los agentes efectuaban patrullajes y encontraron a Figueroa “en estado de ebriedad, gritando frente al Palacio Nacional de la Cultura contra los colaboradores que prestan servicio de seguridad al ingreso de ese inmueble”.

La PNC asegura que los agentes “se le acercaron para calmarlo, luego de identificarse como periodista, pero opuso resistencia diciendo que tenía influencia en varias instituciones públicas y privadas y podía hacer que los despidieran”.

La manera de operar de la estructura denominada por las autoridades como Sierra Ovando se empezó a discutir este 25 de febrero en el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por la jueza Yazmín Barrios, en el comienzo del debate contra 20 personas acusadas.

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En la primera audiencia del debate, el Ministerio Público (MP) recordó los hechos por los que enfrentan juicio varios exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y algunos  policías activos. La jueza les consultó si querían declarar, pero la mayoría se abstuvo.

La estructura, según los fiscales, operó de 2001 a 2013, en los primeros dos años del gobierno de Otto Pérez Molina, quien está procesado por corrupción en dos casos.

En el comienzo del juicio,  dos exagentes negaron los señalamientos del MP frente a la jueza Barrios.

Un fiscal cuestionó a Adán Téllez Gaitán, agente de la PNC que aceptó declarar en el juicio, sobre el uso de un autopatrulla y los recorridos habituales que efectuaba, cuando fue detenido.

“Dejaba de usar el autopatrulla a las cero horas -medianoche- y luego se la entregaba a otro agente y me iba a descansar, luego volvía a recibir a las 8 horas, eran turnos de ocho por ocho. Si había un variación solo era autorizada o aprobada por el jefe de la estación”, expuso Téllez Gaitán.

Estructura

El MP identificó como cabecillas a Nelvin Francisco Aguilar Monterroso, alias Sierra, y los supuestos sicarios de la organización Cristian Haroldo Melgar Velásquez, Élfego Rosalío Carías Morales y Héctor Reginaldo Morente.

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Según la investigación de la Fiscalía, la banda ubicaba a la víctima y le hacían creer que tenía orden de captura, los miembros de la estructura usaban trajes similares a los de la PNC y los secuestraban y luego exigían rescate. En muchos de los casos la personas secuestradas ya no aparecían, señalan las pesquisas.

Además, el MP ha descubierto que los policías, supuestamente, entregaban a los detenidos a la agrupación Sierra Ovando para desaparecerlos y se determinó que montaban falsos puestos de registro en carreteras para raptar a víctimas.

El 3 de abril de 2013, siete miembros de una familia y el guardián desaparecieron cuando aparentemente 20 hombres de la banda que portaban chalecos de la PNC y el MP se los llevaron, supuestamente detenidos, cuando se encontraban en su vivienda en Amatitlán.

La estructura fingió un allanamiento y se llevaron a Tereso Marvin Méndez Chuni, de 38 años; su esposa, Edilma  Janete Esquite García, 37, y sus hijos Marvin Oseas, 14, y Viviana Edilma, 12, de apellidos Méndez Esquité.

También estaban desparecidos Edi Isabel Méndez Chuni, de 34; Carlos Enrique Méndez Chuni, de 32; Conchita Méndez Chuni, de 39, y el guardián de la vivienda, Domingo Rodríguez Córdova, 54.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público (MP), los sindicados, quienes estaban designados a la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de la Policía Nacional Civil (PNC), el 20 de diciembre del 2017, a bordo del autopatrulla SGIC-041 y junto a otros seis uniformados, que no han sido identificados, robaron Q350 mil a un empresario en San Juan Alotenango.

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Según la Fiscalía, ese día, a eso de las 9:50 horas, en el kilómetro 90.4 de la Ruta Nacional 14 los agentes colisionaron al vehículo de José Elías Ramírez Andrés, quien era acompañado por José Luis Ramírez Tubac y Gerardo Hernández. El objetivo era obligarlos a detener la marcha.

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Se informó que los agentes amenazaron de muerte a los ocupantes del vehículo y luego los ataron de pies y manos y robaron Q350 mil que serían utilizados para el pago de planilla de los trabajadores de una empresa constructora propiedad de Ramírez Andrés.

Según investigaciones, Guerra Jiménez era el comandante de la unidad y López García el piloto, a la hora de los hechos ambos debían estar trabajando en la sede de Dipanda. Además, se informó que luego de haber cometido el ilícito, los agentes regresaron a la zona 1 de la capital, donde estacionaron la unidad y desde las 13 horas de ese día no volvieron a presentarse a sus labores.

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El MP investiga si mandos de la institución están involucrados en una estructura criminal, pues se permitió que ese grupo de agentes estuviera lejos del área que tenían asignada.

Patricia Gámez, jueza de turno, argumentó que existen elementos racionales de que los sindicados pudieron haber participado en los hechos que el MP les imputa, por lo que determinó ligarlos a proceso y ordenó la detención provisional.

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