CIDH en Guatemala

“En Guatemala la justicia está cooptada para mantener privilegios e impunidad”: Relatora de la CIDH

Sun, 15 Mar 2026 17:00:00 +0000

entrevista

“En Guatemala la justicia está cooptada para mantener privilegios e impunidad”: Relatora de la CIDH

La abogada argentina Andrea Pochak, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Guatemala, brindó un panorama sobre la situación de la justicia, los derechos humanos y la democracia, así como sobre la próxima selección en la Fiscalía General.

Urias Gamarro

15 de marzo de 2026

11:00h

La relatora para Guatemala, Andrea Pochak, aseguró que la próxima elección en la Fiscalía General debe ser un proceso transparente, en el que se rinda cuentas a la ciudadanía sobre a quién se elige, que sea una persona proba, intachable e incuestionable, y que la ciudadanía en general tenga confianza en que es una persona idónea para ocupar ese lugar. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Guatemala, Andrea Pochak, quien participó en el período de sesiones número 195 que se realizó en el país, brindó una amplia perspectiva sobre el sector justicia.

La relatora hizo énfasis en la alerta sobre la democracia guatemalteca, el momento crítico por la impunidad, la criminalización de opositores a la fiscalía y la debilidad del sistema de justicia, entre otros temas.

Pochak conversó con Prensa Libre este sábado 14 de marzo.

¿Cuáles son sus impresiones al terminar su visita?

En mi carácter de relatora de Guatemala, hemos podido seguir monitoreando algunas de las situaciones que nos preocupan en derechos humanos, algunos de los desafíos más importantes que enfrenta Guatemala en materia de derechos humanos y democracia.

Esta semana fue una oportunidad para poder tener reuniones, entrevistas y visitas que nos permiten seguir confirmando que Guatemala enfrenta un momento muy particular en su democracia. Enfrenta un momento de enorme dilema.

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Es el momento para seguir profundizando la crisis o seguir profundizando el deterioro de la democracia o, por el contrario, avanzar y mejorar la situación de la democracia y de derechos humanos.

Están atravesando en este momento el pueblo y la sociedad guatemalteca en su conjunto un dilema que ojalá lo puedan asumir para el lugar correcto.

¿Qué implica?

Es que la democracia en Guatemala se encuentra seriamente debilitada, seriamente en crisis, y es importante tomar en cuenta eso.

En nuestros países, en general, ya no enfrentan tanto el desafío de los golpes de Estado como lo enfrentaban en otros momentos, de cortes abruptos de la democracia. Lo que estamos viendo —ahora— en muchos países de la región, y también en Guatemala, es un deterioro paulatino de la democracia.

¿Es generalizado en la región?

En muchos países de la región se advierte un deterioro paulatino de la democracia. Pero en Guatemala hay una crisis que se viene arrastrando hace muchos años, que tiene que ver con el uso espurio del sistema penal de la justicia por parte de ciertos sectores para, por un lado, mantener la impunidad y el status quo, la desigualdad y los privilegios; y por otro lado, hostigar a quienes levantan la voz, a quienes se enfrentan, a quienes quieren ejercer sus derechos.

Esto pone en crisis a la democracia.

Las democracias no solamente están en crisis cuando hay un poder político autoritario, cuando hay un poder ejecutivo o un poder legislativo autoritario. Las democracias están en crisis también cuando hay un Poder Judicial, un sistema judicial, un Ministerio Público que se ejerce de manera autoritaria y no tiene ningún tipo de control.

Esta es la profunda crisis democrática que tiene Guatemala y que tiene que revertir; tiene la oportunidad de revertir en este momento con un sistema de selección de nuevas autoridades, pero también llevando adelante una profunda reforma del sistema judicial.

¿Cómo evalúa la independencia de los operadores de justicia?

Hemos venido advirtiendo desde muchos años, lo hemos confirmado tras la visita del 2024 y en el informe del 2025; lo ratificamos ahora con las reuniones y las visitas que hemos hecho, que en Guatemala no hay independencia judicial, que hay un sector muy importante de la justicia que está cooptada por determinados intereses, por determinados sectores, que hacen que la justicia no sea independiente. Y eso pone en crisis al sistema democrático en su conjunto.

Confirmamos en la visita e informe pasado y también ahora que el sistema judicial en general en Guatemala es ineficiente; por un lado, hay fuertes índices de impunidad frente al crimen organizado, al delito ordinario, frente a la corrupción. Impera la impunidad frente a los crímenes del pasado, del conflicto armado, crímenes aberrantes de violencia sexual, de ejecuciones, de torturas. Permanecen impunes.

Hemos venido advirtiendo desde muchos años, lo hemos confirmado tras la visita del 2024 y en el informe del 2025; lo ratificamos ahora con las reuniones y las visitas que hemos hecho, que en Guatemala no hay independencia judicial, que hay un sector muy importante de la justicia que está cooptada por determinados intereses, por determinados sectores, que hacen que la justicia no sea independiente.

Y al mismo tiempo el sistema judicial se utiliza para perseguir opositores, para perseguir voces disidentes, periodistas independientes, dirigentes indígenas, comunidades indígenas que están enteramente perseguidas simplemente por defender su derecho a la tierra.

Esta forma de utilizar el sistema penal, el sistema judicial, pone en crisis a la democracia.

¿Cómo se comprende ese índice de impunidad?

En Guatemala los grandes corruptos están impunes. Los que fueron investigados durante muchos años por robarse el dinero de la población, por malversar fondos públicos, esos grandes corruptos que durante muchos años estuvieron investigados, cuyos fondos estuvieron secuestrados, incluso algunos estuvieron condenados por la justicia, todos esos grandes corruptos están impunes.

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Y al mismo tiempo los criminales de lesa humanidad, quienes cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas, quienes violaron mujeres, sobre todo mujeres indígenas campesinas, quienes se quedaron con sus niños en muchos casos, todas esas personas criminales están impunes. No hay condenas por crímenes de lesa humanidad. Eso es responsabilidad de la administración de justicia.

Eso para hablar simplemente de algunos de los casos, pero también hay índices de impunidad alarmantes en violencia contra las mujeres, hay impunidad alarmante en el crimen organizado.

La Comisión acaba de publicar una resolución sobre el crimen organizado y derechos humanos. Es fundamental robustecer las investigaciones de los fiscales, de los jueces, de los operadores.

Tienen que ser investigaciones muy inteligentes para poder dar con quien se enriquece por el crimen organizado. No solamente quien vende droga en la calle, sino quienes se enriquecen económicamente atrás de esos responsables directos. Entonces hay muchos déficits en la administración de justicia.

¿Cuáles son las situaciones que más le preocupan?

Hemos advertido que en Guatemala el sistema de justicia está orientado a perseguir a las voces independientes, a los periodistas independientes, a los dirigentes gremiales, a los dirigentes sociales, a los dirigentes indígenas, a los defensores, incluso abogados.

Abogados que están perseguidos por la justicia simplemente por ejercer la defensa de una persona.

Esto es inadmisible. Hay una criminalización arbitraria. Es una práctica generalizada en Guatemala.

Entonces esto es lo que a nosotros más nos llama la atención. Que no puede ser que haya personas que están investigadas por participar en una protesta pacífica y estén acusadas del delito de terrorismo. Eso es una arbitrariedad absoluta.

Es el uso absolutamente desproporcional del derecho penal. No puede ser que una persona que haya sido fiscal en este país investigando grandes hechos de corrupción esté acusado simplemente por llevar adelante su trabajo y que esté preso hace tres años, como en el caso de Stuardo Campo.

En Guatemala los grandes corruptos están impunes. Los que fueron investigados durante muchos años por robarse el dinero de la población, por malversar fondos públicos, esos grandes corruptos que durante muchos años estuvieron investigados, cuyos fondos estuvieron secuestrados, incluso algunos estuvieron condenados por la justicia, todos esos grandes corruptos están impunes.

Estos son hechos aberrantes que demuestran cómo el sistema penal se utiliza con fines espurios. Esto no es una forma democrática de garantizar justicia. Esto no es una forma democrática de utilizar un poder tan importante que tienen los Estados como el poder penal, como el poder punitivo, que en este caso se utiliza para perseguir arbitrariamente.

Esta semana se refirió específicamente sobre el sistema de justicia y procesos de cooptación de instituciones. ¿Cómo se ve esta cooptación?

Es un poco lo que estoy demostrando. El sistema de justicia, el Ministerio Público en articulación con ciertos sectores del Poder Judicial, están orientando su trabajo a, por un lado, mantener la impunidad de los grandes criminales, de los grandes responsables de la corrupción y de la criminalidad organizada y de los crímenes de lesa humanidad.

Están orientados a garantizar impunidad. Y por otro lado, están organizados para perseguir a sectores vulnerables, comunidades indígenas completamente criminalizadas.

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Esto tiene un efecto silenciador, un efecto de amedrentamiento evidente para que las comunidades indígenas, los pueblos indígenas de Guatemala, dejen de manifestarse por sus derechos, dejen de reclamar por sus derechos. Tiene un fin claro: criminalizar a comunidades indígenas implica desarticular su lucha por el derecho a la tierra.

Esto es inadmisible en una democracia.

Pero al mismo tiempo, en Guatemala vemos, como en ningún otro país, cómo operadores judiciales que fueron independientes, probos, que llevaron adelante su trabajo con mucho compromiso para investigar crímenes, para investigar la corrupción, hoy son los que están siendo perseguidos.

Quienes deberían ser los que persiguen el delito están en la cárcel o están en el exilio o fueron retirados de sus funciones, fueron removidos hasta lugares distintos a los que estaban trasladados.

Entonces, esto tiene una finalidad clara, que es mantener ciertos privilegios, mantener la impunidad, mantener la corrupción como regla imperante en el país.

¿Cuáles serían sus principales recomendaciones?

En primer lugar, Guatemala enfrenta en este momento un dilema con el proceso de selección de las autoridades. En este caso, ahora está en curso todavía la selección de la titularidad de la Fiscalía General.

Este proceso tiene que ser un proceso transparente, tiene que poder rendir cuentas a la ciudadanía de a quién se elige, que sea una persona proba, intachable, incuestionable, que la ciudadanía en general tenga confianza en que es una persona idónea para ocupar ese lugar. Y todo tiene que ser transparente; un proceso absolutamente público de cara a la sociedad.

Por otro lado, el proceso de selección es clave, pero no alcanza. Podemos tener en los lugares personas muy probas, muy honestas, pero luego, si no cambian la institucionalidad, si no cambian las metodologías de trabajo, esto se puede repetir.

El funcionamiento del Ministerio Público, por caso, es un funcionamiento equivocado, es un funcionamiento ineficaz, porque no es capaz de perseguir el delito, tiene procedimientos arbitrarios en el manejo de los fiscales, en la organización del trabajo, que persigue, que puede mover fiscales, trasladarlos arbitrariamente. Tiene un manejo muy poco transparente administrativamente.

Esta es la profunda crisis democrática que tiene Guatemala y que tiene que revertir; tiene la oportunidad de revertir en este momento con un sistema de selección de nuevas autoridades, pero también llevando adelante una profunda reforma del sistema judicial.

Entonces, hay varias cosas que hay que modificar. No alcanza solo con modificar las personas, sino que hay que modificar la institucionalidad.

Es un momento clave. Hacemos un llamamiento a las autoridades guatemaltecas y también al pueblo guatemalteco para que puedan aprovechar este momento que la democracia requiere. Es el momento de tomar el rumbo correcto.

¿Cómo se debe garantizar?

Lo primero que hay que hacer, y la comisión lo dice en su informe del 2025, es hacer un informe, un diagnóstico, una rendición de cuentas de lo que pasó con el Ministerio Público en los últimos años.

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Y poder advertir. Nosotros lo hicimos en nuestro informe, pero entendemos que también las autoridades guatemaltecas tienen que hacerlo con una mirada muy objetiva y muy independiente, una revisión exhaustiva de lo que ha pasado con la justicia en los últimos años.

Que eso tiene que implicar cómo han sido los procedimientos para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.

Hay muchas recomendaciones. La sociedad civil en Guatemala es muy organizada, muy especializada, que ha hecho muchos trabajos muy serios de diagnóstico de la justicia.

Hay que prestarles atención a los que saben. Hay que escuchar las voces de la sociedad civil, que tienen mucho que decir en este tema.

¿Cuál es su escenario para Guatemala en los siguientes dos o tres años?

Siempre tenemos la esperanza de que se puedan fortalecer las instituciones democráticas, que se pueda abandonar esta crisis democrática que atraviesa Guatemala.

No es solamente un tema de elecciones. La democracia no es solamente de elecciones libres, ¿no?, y del poder político, que son muy importantes.

Lo vemos en muchos países, donde a veces no hay elecciones transparentes, libres. Las elecciones libres son el primer paso, pero no es suficiente. Todas las instituciones del Estado tienen que actuar con criterio democrático.

Tienen que entender que forman parte de un sistema que se controla a sí mismo, ¿no?, que los distintos poderes controlan al otro, que no puede haber un poder por sobre otro, que no puede utilizarse el poder del Estado para avasallar derechos de la ciudadanía.

La CIDH denuncia “prácticas viciadas” en la elección de cortes en Guatemala

Sat, 14 Mar 2026 21:10:36 +0000

Política

La CIDH denuncia “prácticas viciadas” en la elección de cortes en Guatemala

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este sábado sobre el persistente deterioro de la independencia judicial en Guatemala.

Redacción EFE

14 de marzo de 2026

15:10h

La primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y relatora para Guatemala, Andrea Pochak, mostró su preocupación por el uso del Ministerio Público para perseguir a operadores políticos. (Foto Prensa Libre: EFE)

La alerta se da tras confirmar irregularidades, presiones e injerencias en la elección de autoridades de instituciones clave para el Estado de derecho.

En entrevista con EFE al cierre de su estancia en el país tras el 195 Periodo de Sesiones de la CIDH, la vicepresidenta del organismo y relatora para Guatemala, Andrea Pochak, señaló que los riesgos advertidos por la comisión en 2025 se han confirmado mediante denuncias de “procesos viciados por prácticas irregulares”.

“La independencia judicial es un elemento básico para la democracia. Sin independencia judicial no hay democracia y sin democracia no hay vigencia de derechos humanos”, sentenció Pochak.

La relatora manifestó especial preocupación por el uso del Ministerio Público (Fiscalía) para “perseguir a operadores políticos, a voces disidentes, al periodismo, a funcionarios judiciales y a comunidades indígenas”.

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Respecto al proceso para elegir al próximo fiscal general, Pochak subrayó que no basta con un cambio de nombres, pues “es importante que la persona que ejerce ese lugar tenga eficiencia, experiencia y pueda llevar adelante un plan de trabajo que implique un cambio” en la institución.

Actualmente, la Comisión de Postulación analiza las impugnaciones contra los aspirantes, entre quienes figura la actual fiscal general, Consuelo Porras, que busca un tercer mandato consecutivo pese a las sanciones internacionales y su confrontación con el presidente, Bernardo Arévalo, quien la señala de liderar intentos de golpe de Estado.

Anomalías en elecciones

La CIDH también documentó anomalías en la reciente renovación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte de Constitucionalidad (CC). Según Pochak, llamó la atención que la Fiscalía encabezara operativos el mismo día de las elecciones en el gremio de abogados o en las puertas del Congreso.

“Recibimos denuncias de llamados e injerencias indebidas para orientar la elección a un candidato o a otro. Muchos cambios en las puntuaciones no estuvieron justificados”, explicó la comisionada, quien recordó que estas “comisiones paralelas” han sido advertidas por la CIDH desde hace años.

El Congreso guatemalteco eligió el pasado 10 de marzo a los magistrados del TSE (2026-2032), en un proceso cuestionado por la falta de entrevistas a aspirantes. Por su parte, la CC quedó integrada recientemente para el periodo 2026-2031, aunque analistas sugieren que la correlación de fuerzas mantiene al Ejecutivo en minoría frente a una mayoría opositora.

Pochak concluyó señalando que Guatemala presenta un escenario “atípico” con decenas de jueces y fiscales en el exilio. “No hay otro país que tenga un fiscal anticorrupción preso hace tres años o que la gente le tenga miedo a la fiscal general como representante de la arbitrariedad”, puntualizó.

Pese a valorar la apertura gubernamental a la observación internacional, la CIDH lamentó que sigan sin aplicarse las reformas estructurales para fortalecer la justicia, en referencia a las más de 40 recomendaciones emitidas por el organismo en diciembre de 2025.

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Guatemala reiteró su respaldo a la CIDH y defendió una estrategia contra el crimen organizado que combine seguridad y respeto a los derechos humanos.

ACAN-EFE

10 de marzo de 2026

21:58h

La embajadora de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Claudia Escobar, habla durante el anunció de la nueva resolución sobre 'Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas" de la CIDH. (Foto Prensa Libre: EFE/ Comisión Interamericana de Derechos Humanos)

Guatemala reafirmó este martes 10 de marzo su respaldo a la nueva resolución sobre “Crimen organizado y derechos humanos en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y rechazó los modelos de seguridad basados exclusivamente en la represión o en estados de excepción permanentes.

Durante el 195 período de sesiones, que se celebra del 9 al 13 de marzo en la capital guatemalteca, la embajadora de Guatemala ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Claudia Escobar, subrayó que el país ha optado por un “enfoque equilibrado” frente a amenazas como el narcotráfico y la extorsión.

Escobar enfatizó que las respuestas reactivas no desarticulan las estructuras criminales ni atienden las causas de fondo, como la exclusión y la desigualdad.

“Seguridad y derechos humanos deben avanzar juntos. Un enfoque transversal de derechos humanos fortalece la legitimidad y la eficacia de las políticas de seguridad”, afirmó la diplomática.

Asimismo, advirtió que los estados de emergencia no deben convertirse en una respuesta permanente a desafíos estructurales.

La postura guatemalteca se alinea con los 50 lineamientos presentados por el segundo vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, quien destacó que la región concentra un tercio de los homicidios globales, pese a tener solo el 9% de la población mundial.

Caballero instó a los Estados a romper la “falsa dicotomía” entre eficacia policial y respeto a las garantías fundamentales.

Para desarticular la operatividad criminal y garantizar la viabilidad democrática, Escobar explicó que Guatemala apuesta por fortalecer la independencia judicial para evitar la cooptación del Estado y golpear el lavado de activos, con el fin de asfixiar financieramente a las bandas criminales.

Además, la estrategia prioriza la prevención social para frenar el reclutamiento de jóvenes y busca blindar a periodistas y operadores de justicia como una condición esencial para la democracia.

Finalmente, la embajadora hizo un llamado a la cooperación regional para combatir fenómenos transnacionales como el tráfico de armas y de personas, tras asegurar que ningún país puede enfrentar este desafío de forma aislada.

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