¿Escribió su inconformidad en el Libro de Quejas de la Diaco? Así es el proceso que muchos desconocen

El Libro de Quejas de la Diaco permite reclamar por productos o servicios en Guatemala. Conoce cómo usarlo, los plazos, el proceso y cuándo formalizar una denuncia.

Glenda Burrión

17 de noviembre de 2025

|

19:00h

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Muchos consumidores desconocen cómo funciona el Libro de Quejas de la Diaco, lo que retrasa la atención de reclamos y favorece a los comercios. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

Las autoridades de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) explicaron recientemente que la mayoría de los guatemaltecos desconoce el proceso y los tiempos de respuesta del Libro de Quejas. 

Este instrumento fue creado en cumplimiento del artículo 17 de la Ley de Protección al Consumidor y Usuario, Decreto 06-2003, y tiene como objetivo garantizar el derecho de los usuarios a expresar su inconformidad por un producto o servicio recibido. Todos los negocios están obligados ha colocarlo en un lugar visible. 

Sin embargo, según la Diaco, muchos ciudadanos llaman a la institución al día siguiente de registrar su queja esperando una respuesta inmediata, cuando ese no es el procedimiento correcto. 

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Este desconocimiento, señalan, suele dar ventaja a los comercios, que ignoran los reclamos al asumir que los clientes no saben cómo debe avanzar el proceso. 

Para qué sirve el Libro de Quejas 

El Libro de Quejas permite registrar reclamos relacionados con productos defectuosos, servicios deficientes, incrementos de precios, publicidad engañosa o garantías incumplidas. 

Tras recibir una queja, el establecimiento tiene ocho días hábiles para contactar al consumidor, brindar una solución y remitir un informe a la Diaco. 

De las estadísticas de la Diaco, sectores con más inconformidades registradas son telefonía, restaurantes, servicios bancarios, zapaterías y farmacias. 

Razones para presentar una queja en la Diaco 

De acuerdo con Ley de Protección al Consumidor y Usuarios, entre las causas para presentar una denuncia se encuentran: 

• Inconformidad por un producto o servicio. 

• Incumplimiento de garantías. 

• Productos defectuosos o publicidad engañosa. 

• Cobros indebidos o incrementos injustificados. 

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Cómo usar el Libro de Quejas 

Para hacer uso correcto del Libro de Quejas, el consumidor debe: 

1. Solicitar el libro al encargado del establecimiento. 

2. Llenar el formulario con claridad. 

3. Firmar la queja. 

4. Tomar una fotografía como respaldo (le será útil si el proceso de queja no lo resuelve el establecimiento en el plazo estipulado).

Procedimiento y plazos que deben conocer los consumidores 

Las autoridades reiteran que llenar el Libro de Quejas no significa que la Diaco intervenga de inmediato. Primero, el comercio está obligado a atender el reclamo: 

1. Respuesta del comercio (primer paso) 

El establecimiento tiene ocho días hábiles para contactar al cliente, ofrecer una solución y enviar un informe a la Diaco. 

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2. Formalización de la denuncia (segundo paso) 

Si no hay respuesta en ese plazo, el consumidor debe formalizar la denuncia ante la Diaco.

Pasos para formalizar la queja con la Diaco 

• Presentar la denuncia en el Centro de Atención de Quejas (6a. avenida 0-35, zona 4, Plaza Zona 4, 3er nivel); en cualquier sede departamental o municipal
• Vía telefónica al número 1544; o
• en el sitio web oficial.

Recuerde tener a la mano fotocopia de la factura del producto o servicio y fotocopia del DPI del titular. 

¿Lo acosan por una deuda que no es suya? Cómo denunciar y qué dice la ley en Guatemala

Si recibe llamadas o mensajes por una deuda que no es suya, conozca cómo denunciar el acoso y hostigamiento de cobranza en Guatemala y qué leyes lo respaldan.

Glenda Burrión

22 de octubre de 2025

|

16:15h

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Si recibe llamadas o mensajes por deudas ajenas, puede denunciar el acoso de cobranza ante las autoridades competentes y solicitar que sus datos sean eliminados de la base. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

La inclusión financiera ha transformado los servicios de ese ramo en Guatemala, facilitando el acceso a créditos y cobros digitales de manera más ágil y eficiente; sin embargo, esta modernización también ha traído consigo un incremento en los casos de acoso y hostigamiento de cobranza, especialmente por deudas que no corresponden al usuario afectado.

En los últimos años, las quejas por acoso y hostigamiento de cobranza han aumentado en el país, según la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) sobre todo en situaciones en las que las empresas contactan a personas que no son responsables de una deuda.

Algunos guatemaltecos han expresado que han sido víctimas de cobros de deudas ajenas y por eso creen que se ha vulnerando su tranquilidad y derechos como consumidores.

Para comprender el alcance del problema y las limitaciones legales que enfrentan los consumidores, Prensa Libre se asesoró con la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), entidad que explicó qué mecanismos existen actualmente y cuáles son las principales carencias en la legislación guatemalteca.

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Cobros para solicitar el pago de préstamo de un familiar en Guatemala

En muchos casos, las empresas de cobranza utilizan sistemas automatizados que contactan a familiares o conocidos del deudor. El mensaje suele indicar que existe un atraso en el pago de un préstamo y solicitan que el receptor pida al deudor ponerse al día.

Al solicitar que su número sea eliminado, los representantes de servicio al cliente responden que no pueden hacerlo hasta que el titular de la deuda lo gestione personalmente.
Esto provoca frustración y constituye una forma de hostigamiento de cobranza, según algunos afectados.

También se registran mensajes por WhatsApp con textos como:

“Buen día, agradeceríamos que “Juana Pérez” se comunique con nosotros o nos proporcione un número alterno para localizarla”.

Estos métodos son intrusivos, especialmente cuando el receptor no es fiador ni tiene relación con el deudor, señalan afectados.

¿Pueden cobrar una deuda a un familiar en Guatemala?

Los casos más frecuentes están relacionados con compras de electrodomésticos, tecnología o muebles adquiridos a crédito. En algunos mensajes, las empresas incluso amenazan con embargos o arraigos, usando frases como:

“Juan Pérez: se solicitará al juzgado de paz embargo de salario, bloqueo de cuentas bancarias, embargo de bienes o arraigo”. En este caso los mensajes buscan presionar al pago.

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Si se pregunta “¿pueden cobrar mi deuda a un familiar en Guatemala?”, la respuesta es no, salvo que el familiar haya firmado como fiador o codeudor.

¿Qué ley regula el acoso de cobranza en Guatemala?

Según la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), no existe una ley específica que regule el hostigamiento de cobranza en Guatemala cuando es una deuda ajena.

La Ley de Protección al Consumidor solo aplica si hay evidencia de una relación comercial (contrato, factura, recibo o estado de cuenta).

Por su parte, la Ley de Bancos y la Ley de Tarjetas de Crédito prohíben el hostigamiento, pero no detallan mecanismos claros para denunciar cobros dirigidos a terceros.

El Decreto 28-2016, reforma al Decreto 19-2002 Le de Bancos y Grupos Financieros, sí prohíbe las prácticas abusivas de cobro, como llamadas insistentes, amenazas o contacto con familiares, aunque su aplicación depende de una denuncia formal y además solo aplica para bancos y grupos Financieros.

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¿Cómo denunciar acoso de cobranza en Guatemala?

El personal de la Diaco explica que, según su marco de actuación, solo pueden intervenir cuando existe una relación comprobada entre comprador y vendedor. Esto significa que la institución no puede intervenir directamente a empresas o agencias de cobro si no hay una transacción comercial de por medio.

Aun así, la Diaco reconoce que reciben solicitudes y quejas relacionadas con acoso y hostigamiento de cobranza por deudas que no pertenecen al denunciante. Por ello, recalcan la importancia de educar al consumidor guatemalteco para que conozca las alternativas y mecanismos legales a su alcance.

Si una persona recibe llamadas, mensajes o amenazas por una deuda ajena, puede presentar una denuncia a través de las siguientes opciones:

1. Denuncia penal ante el Ministerio Público (MP)

El MP es la entidad encargada de investigar delitos de acoso u hostigamiento. La denuncia puede hacerse presencialmente o a través de los canales digitales disponibles.

Debe incluir números de teléfono, mensajes, capturas de pantalla y cualquier prueba del acoso recibido.

2. Demanda civil por daños y perjuicios

También puede interponer una demanda civil, argumentando que las acciones de la empresa le causan daño moral o reputacional.

Esta vía requiere contratar a un abogado, lo que implica un costo adicional, pero puede ser efectiva si el acoso persiste.

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¿Cómo puedo evitar que los cobradores llamen a otra persona?

Las empresas están obligadas a respetar la privacidad de los consumidores.

Si usted es el deudor, para evitar que los cobradores de deudas contacten a otros:

• Pida que se actualicen sus datos de contacto.

• Comuníquese directamente con la empresa para regularizar el pago.

• Guarde copia de su solicitud y de las comunicaciones realizadas.

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La falta de leyes y educación de consumo agrava el problema

De acuerdo con la Diaco, en Guatemala existe desconocimiento sobre los derechos del consumidor y una falta de actualización de las leyes.

La Ley de Protección al Consumidor, vigente desde 2002, no contempla los nuevos escenarios digitales ni el uso de tecnología en cobranzas por parte de Fintech o entidades no bancarias.

La ausencia de una Ley de hostigamiento de cobranza en Guatemala deja un vacío legal que afecta a miles de personas cada año.

El personal de la Diaco explica que el país necesita una ley moderna y específica sobre el hostigamiento de cobranza, y derechos del consumidor, que defina responsabilidades claras y sanciones para las empresas que vulneren los derechos de los ciudadanos.

Educarse sobre la Ley para cobrar deudas, conocer cómo denunciar acoso de cobranza en Guatemala y registrar cada caso con evidencia son pasos fundamentales para protegerse y fortalecer la cultura de consumo responsable en el país, concluyó la Diaco.

Mineduc explica qué tiene que hacer si es objeto de cobros no autorizados en centros educativos

El Mineduc informa de denuncias sobre cobros no autorizados en centros educativos y explica a los padres de familia cómo hacer su denuncia.

Óscar García y Henry Montenegro

6 de enero de 2025

|

18:13h

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Guatemala está próxima a comenzar el ciclo escolar de 2025. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Educación (Mineduc) en un comunicado este lunes 6 de enero informó sobre denuncias por cobros no autorizados en centros educativos.

Añadió que, según la Constitución Política de la República, la educación es gratuita en todos los niveles en los centros educativos públicos.

Agregó: “por lo tanto, cualquier cobro en estos centros contraviene este principio. Se solicita la colaboración activa de la población para presentar denuncias”.

Indicó que, en relación con los centros educativos privados, el Decreto Ley 116-85 permite incrementar las cuotas mensuales hasta en un 15% en un período de tres años.

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Resaltó que el Mineduc solo autoriza el cobro de cuotas mensuales y de inscripción. Otros cobros son supervisados por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco).

Además, los centros privados están obligados a mantener un mural visible con la información actualizada de las cuotas autorizadas, según el Acuerdo Gubernativo 580-2018.

“En el caso de cobros indebidos, se puede denunciar”, advirtió.

Cómo denunciar

Las denuncias pueden ser por medio de la Supervisión Educativa, las direcciones departamentales de Educación o al número de teléfono 1503.

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También en la Diaco por medio del número 1544.

Educación añadió que ha incrementado significativamente la inversión en el Programa de Gratuidad para este 2025.

En 2024 en Guatemala hubo inscritos 3 millones 178 mil 209 estudiantes en el sector oficial, esta cantidad estaba distribuida en 36 mil 20 centros educativos, según datos del Sistema de Registros Educativos (Sire).

Esta cantidad de estudiantes incluye estudiantes del plan diario, fin de semana, semestral y anual.

De acuerdo con el Sire, en el sector oficial había inscritos 1 millón 620 mil 25 hombres y 1 millón 558 mil 184 mujeres.

Guatemala es el departamento que más estudiantes inscritos tenía, el registro detallaba 434 mil 29, le seguía Alta Verapaz con 337 mil 275 y el tercer puesto lo ocupaba Huehuetenango con 273 mil 25, siempre en el sector oficial.

Durante una citación con la bancada Vos, las autoridades del Mineduc y la Diaco se refirieron a las denuncias que han recibido este año relacionadas con el inicio del ciclo escolar.

Diaco informa de denuncias

Karina Donis, directora de la Diaco, expuso que solo tienen contabilizadas cuatro quejas relacionadas con incremento de las cuotas de colegiatura y otras de padres de familia que aseguran que se les ha vulnerado el derecho de elegir donde comprar sus útiles y uniformes, lo cual no es permitido.

Mientras que Educación solo tiene una queja en el área de la capital por cobro de Q200 por cada materia para recuperarse, según el viceministro administrativo, Donaldo Carías.

Capturan a supuestos cobradores colombianos y les incautan Q24 mil

La PNC capturó a un hombre y una mujer de origen colombiano en Alta Verapaz, señalados de cobros ilegales.

Miguel Barrientos

25 de julio de 2024

|

07:19h

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Dos supuestos cobradores colombianos tenían Q24 mil en su poder, producto de actividades ilícitas. (Foto Prensa Libre: PNC)

Las fuerzas de seguridad detuvieron a un hombre y una mujer de origen colombiano, señalados de ser cobradores ilegales.

La Policía Nacional Civil informó que en el barrio Bella Vista, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fueron detenidos Lizeth “A”, de 24 años, y Luis “B”, 25.

Las personas fueron sorprendidas cuando exigían dinero a una mujer de 36 años, quien supuestamente había adquirido un préstamo conocido como “gota a gota”.

Agentes policiales detuvieron a los cobradores y también incautaron una motocicleta en la que viajaban.

Además, fueron decomisados dos teléfonos celulares, dos cheques bancarios y Q24 mil 330.

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Según la información preliminar, el efectivo habría sido producto de los cobros que efectuaban.

También se informó que la víctima cuenta con medidas de protección contra las personas detenidas.

Colombianos presuntos cobradores de gota a gota capturados por amenazas

En San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fueron capturados los colombianos Lizeth Anaya, de 24 años y Luis Bohórquez, de 25 años, cuando amenazaban a una mujer de 36 años, exigiendo dinero de un préstamo pic.twitter.com/aDtFoXf2G5

— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 25, 2024

Las clases presenciales se retomaron de manera definitiva este 2023, luego de que el Ministerio de Educación (Mineduc) tomara la decisión de que se trabajara bajo la modalidad híbrida y clases a distancia por tres años debido a la pandemia del covid-19.

El reporte de la Diaco indica que hasta el 8 de noviembre de este año se recibieron 224 quejas, y la mitad se registraron en el primer trimestre. Mientras que en 2022 fueron 219 en total, hasta el mismo período.

Por cobros indebidos en el presente ciclo escolar se recibieron 91 reclamos, mientras que 22 están relacionados con la no devolución de dinero, igual número fue por compra de útiles escolares. Hubo 13 por el cargo de actividades extracurriculares, 12 por la no entrega de papelería y 10 por obligación de compra de uniforme y la misma cantidad fue por reclamos debido al incremento en el pago de cuotas.

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Diana Brown, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados, menciona que el número de quejas que reporta la Diaco es mínimo con la cantidad de centros educativos que hay. Según el Mineduc se cuenta con 13 mil 300 en todo el país.

Con relación a las quejas por cobros indebidos, señala que es el Mineduc el que autoriza la tarifa que los colegios pueden pedir a los padres de familia. Son diez cuotas y la inscripción las que están permitidas cada año. Recuerda que por ley cada tres años pueden aumentar los precios hasta un 15%. En cuanto a los cobros extracurriculares y servicios adicionales están obligados a entregar factura.

Carlos Vásquez, vocero de la Diaco, agrega: La ley de educación dice que los únicos cobros permitidos son la matricula estudiantil y la mensualidad, todo lo demás entra en cobros indebidos si el padre de familia no está de acuerdo”.

Brown menciona que cada establecimiento debe tener un contrato de adhesión, en el que se informe acerca de estos pagos, y debe estar registrado en la Diaco.

Aconseja a los padres de familia que ante cualquier inconformidad que tengan del colegio privado, se acerquen a las autoridades del mismo para expresarla y encontrar juntos una solución, antes de plantear la queja.

“La clave es tener comunicación directa para consensuar y conocer cuál es la razón del aumento en la cuota -si lo hubo- que están cuestionando, porque puede ser que esté en ley y el padre de familia lo desconozca”, refiere Brown.

Años anteriores

El reporte de la Diaco de años anteriores aparece que en el 2019 se recibieron 432 quejas de los padres de familia, de estas el 70% fueron por cobros indebidos y actividades extracurriculares.

Durante el 2020 hubo un incremento del 77%, y los reclamos llegaron a los mil 946. Ese fue el primer año de la pandemia, y la suspensión de clases presenciales fue la regla en todo el sistema educativo a partir del 16 de marzo. Los pagos indebidos continuaron al frente de la lista, por delante de denuncias de mal servicio, cobro de útiles escolares y solicitudes de devolución de dinero.

Ese año, el bolsillo de los hogares se vio afectado por la crisis que generó el covid-19, eso llevó a que la deserción escolar aumentará en los colegios privados, debido a que los padres de familia ya no tenían entre sus prioridades el pago de la colegiatura.  Tan solo a nivel de preprimaria llegó al 40%, según reportó en ese momento la Asociación de Colegios Privados.

Para el 2021, se adoptó la enseñanza virtual por parte de los colegios privados, también se trabajó bajo el modelo híbrido y en burbújas. En ese momento apareció en la lista de quejas de la Diaco el cobro de plataformas y de libros digitales, pago de seguros para computadoras, compra obligatoria de mascarillas e indumentaria con logotipo de los colegios o de insumos, como alcohol en gel, pese a que el Mineduc dijo que el uso de uniforme y recursos educativos no esenciales no eran de carácter obligatorio.

Aunque se dieron esas inconformidades por parte de los padres de familia, ese año hubo una caída del 72.6% de reportes en la Diaco relacionados a colegios, pues se generaron mil 414 menos.

• En dónde denunciar

Las personas pueden realizar sus quejas contra colegios privados tanto en la Diaco como en el Mineduc.

En la Diaco el proceso puede hacerse a través de una llamada telefónica en la línea 1544, o bien en el sitio www.diaco.gob.gt, personalmente en las sedes departamentales o escribiendo en el libro de quejas que tiene el centro educativo.

Cada denuncia debe tener el nombre de la persona que la presenta, su Número de Identificación Tributaria (NIT), el nombre del colegio sobre el cual recae la queja. Estos datos son necesarios para dar seguimiento al caso.

Mientras que el Mineduc recibe las quejas en cada supervisión educativa de área, también a través del buzón creado para este fin.

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Los cobros van de Q1 por motocicleta y Q5 por automóvil. “La persona que cobra de forma intimidatoria se pone al lado de uno y extiende la mano como diciendo págueme. En una ocasión me negué a pagar y la persona me empezó a insultar, amenazándome que no volviera a estacionar en su lugar sino quería que me robaran la motocicleta”, dijo una mujer que prefirió el anonimato.

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Otro vecino aseguró que estas personas están vinculadas a grupos delincuenciales que operan en la zona y que cuando alguien no paga los vehículos son dañados o robados.

“Tenía que hacer un trámite en un banco y al estacionar mi carro llegó una persona y me dijo que eran Q5 por parqueo, le dije que era vía pública y que no tenía por que pagar, pero al regresar mi vehículo había sido abierto y robaron el radio”, comentó Alejandro Aguilar, vecino.

De esta cuenta, los vecinos exigen a las autoridades detener esos “abusos”. “Qué pasa con nuestras autoridades que no ponen un alto a estos abusos, es tiempo de que actúen antes las cosas se salgan de control”, resaltó Aguilar.

Cobro no autorizado

Ludwin Jiménez, juez de Asuntos Municipales y de Tránsito de Escuintla, dijo que ninguna personas está autorizada para cobrar parqueo en la vía pública y que comerciantes vedan el derecho a particulares de estacionarse frente a sus negocios.

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“Hacemos un llamado a la población a que no caiga ante estas personas inescrupulosas que cobran de forma ilegal en la calle. Lamentablemente no podemos accionar, pues no hay denuncias al respecto”, aseguró el funcionario.

Jiménez agregó que esa actividad se ha convertido en una mala práctica, que el mismo vecino ha promovido con acceder a regalar, en algunos casos, unas monedas a quienes están en la vía pública supuestamente para cuidar sus vehículos y que con el tiempo estas personas lo han convertido en una obligación.

Óscar Mendoza, jefe de vía pública de la Policía Municipal de Transito de Escuintla, aseguró que como medida paliativa remarcan las áreas donde las personas pueden estacionarse de forma gratuita.

“Estamos remarcando todas las zonas, tanto parqueo para motocicletas como para automóviles. Pedimos a los automovilistas que respeten esa señalización, pues pueden ser multados”, indicó Mendoza.

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Autoridades hacen una recomendación a que son víctimas de estos grupos, primero el de no caer ante este cobro ilegal y segundo a quienes son víctimas de esos cobros para que denuncien y así erradicar esa “mala práctica”.

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Billy Tuc, administrador de la oficina tributaria de Quiché, dijo que derivado de quejas constantes de contribuyentes que indicaban que afuera de la agencia individuos cobraban por un lugar para ingresar primero a hacer algún trámite se coordinó con agentes de la PNC y seguridad interna de la SAT para retirarlos del frente del edificio.

“Los trámites en la SAT son gratuitos y continuaremos con los operativos, especialmente en horario de la mañana, para evitar que se estén apartando lugares y cobrando por ellos, se atiende a la mayor parte de la población por lo que no hemos optado por entregar números”, explicó Tuc.

Tuc agregó: “los contribuyentes que vienen de lugares lejanos de Quiché son las personas más estafadas por los tramitadores que se aprovechan del desconocimiento de que serán atendidos no importando el lugar donde estén en la cola”.

Esta es la primera fase de este operativo. De acuerdo con el administrador el siguiente paso será colocar cámaras de vigilancia en el exterior del edificio.

De acuerdo con Tuc, no se conocen denuncias en contra de trabajadores de la SAT que podrían estar en contubernio con estos tramitadores. “Es la supervisión interna de la SAT la encargada de verificar estas acciones, pero a partir de una denuncia”, mencionó.

Un hombre, quien se identificó como Carlos Toj, vecino de Santa Cruz del Quiché, comentó que llegó a la SAT a las ocho de la mañana y observó que ya habían 12 bancos vacíos en la fila antes que él.

“Se me acercó un hombre y me dijo que me podía dar uno de los primeros lugares en la fila, pero a cambio de Q125, a lo que no accedí, pero tuve que esperar que se llenaran los bancos para poder ingresar a la SAT, me alegro que realizaran este operativo”, manifestó.

Toj expresó su preocupación porque este operativo funcione por algunos días nada más. “Regresarán nuevamente los tramitadores, espero que las autoridades de la SAT ejerzan más control, no me explico cómo algunos trámites hacen más rápido los trámites, eso solo sucede si hay trabajadores que los apoyan adentro”, indicó.

Uno de los tramitadores, quien se negó a dar su nombre, dijo que ellos solo hacen un trabajo. “No estamos robando, hay gente que le urge un trámite y no tiene tiempo para estar esperando todo el día, este es nuestro sustento diario y ahora imagínese, cómo genero ingresos si en este departamento no hay trabajo por ningún lado”, señaló.

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Los turistas no portaban dinero en efectivo y optaron por entregar al poblador, quien pedía que pararan la grabación, algunos objetos para que los dejara pasar en la ruta que en el video se observa en mal estado.

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Garnero comentó que en ningún momento hizo la publicación con mala intención, incluso mencionó que “no queremos ser mal agradecidos con Guatemala y todo lo que nos dio. Es un país bellísimo y esto podría pasar en cualquier otro país. Solo queremos darlo a conocer para que futuros viajeros no pasen por esta ruta, porque todos debemos de apoyarnos”.

En su publicación dijo que habían hecho “el peor camino de todo el viaje, en donde recorrieron 28 kilómetros en cinco horas” y que “presnetía que el combi podía desarmarse o quebrarse en dos”. Luego se enteraron de que la ruta que habían recorrido solo es para vehículos de doble tracción. El turista indicó que un policía que se encontraba en un puesto de control les dijo que se fueran por esa ruta alterna y no por la tradicional, que pasa por Cobán, para llegar a Sayaxché, Petén.

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La mala experiencia la narran cuando personas con picos y palos les colocaron dos cuerdas enfrente del vehículo para obligarlos a detenerse, y lo hicieron de forma amenazante. Mencionan que luego de pedirles los Q100 y enterarse de que no los tenían, les pidieron cosas de valor como auriculares, bidones o lo que tuvieran a la mano o “llamaría a mis amigos y quebramos todo”.

Repudian práctica

Francisco Archila, integrante de la organización Viviente Verapaz, dijo que lamentaba lo sucedido el 27 de diciembre a los argentinos que realizan un tour por América. “Esto lamentablemente es una práctica que se realiza no solo en Alta Verapaz sino que en varias partes de Guatemala. La gente tapa la carretera y pide un cobro aduciendo que está en mal estado, aprovechando a realizar estos cobros ilegales que repercuten en el turismo, como el caso de esta pareja de argentinos que subieron -el video- a sus redes sociales”.

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“Solicitamos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque es un cobro ilegal; en el video se observa que les cobran Q100 por el paso en una carretera que está en pésimas condiciones. También hemos recibido reportes en la ruta que conduce de El Pajal a Lanquín. No se puede permitir que esto empeore, ahora son Q100 y pueden ir aumentando la cuota en algunos meses y sería lamentable. Esperamos que se realicen las medidas correctivas a tiempo para mermar el impacto negativo que tenga este video que se ha vuelto viral”, indicó Archila.

“Los argentinos iban tristes y expresaron que no lo habían visto en toda Latinoamérica, le pedí una disculpa como guatemalteco, porque eso es lo único que podemos hacer a estas alturas, porque ellos están en México”, expresó el promotor turístico.

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Rodolfo López, vendedor, dijo que la Municipalidad se contradice, ya que  les cobra Q25 por cada venta y Q75 por permitir la venta de cohetillos.

Como medida de protesta, un grupo de comerciantes impidió por unos minutos el paso de una autopatrulla de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), lo que supuestamente motivo que agentes de la institución lanzaron gas pimienta al grupo y tres personas resultaron afectadas.

Klaudia Salazar, vocera de la comuna, dijo que no hacen ningún cobro a los vendedores y que los señalamientos son falsos.

Ramiro López, jefe de la PMT, dijo que llegaron a verificar que todo esté en orden y que no existieran ventas de cohetillos, pero los vendedores no entran en razón.

Afirmó que unas personas los insultaron y golpearon y que entre la trifulca una persona lanzo algún producto químico, lo que afectó a los vendedores.

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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) comunicó que la investigación determinó que González pedía a los contribuyentes entre Q20 mil y Q40 mil a cambio de eliminar del historial los omisos, es decir, multas pendientes de pagar.

El MP informó que en seguimiento a una denuncia, el caso fue investigado a raíz de que González Castillo pidió a un empresario Q25 mil con el fin de rebajar una multa.

González Castillo estaba contratada como técnica de Auditoría de la Intendencia de Fiscalización de la SAT, en el edificio Dubai Center, zona 10.

“La denuncia fue recibida en la Gerencia de Asuntos Internos de la SAT, quienes coordinaron con el Ministerio Público la investigación correspondiente, que dio como resultado la captura de la señora González”, indicó el ente recaudador en un comunicado.

La detenida es señalada de los delitos de cohecho pasivo y abuso de autoridad, por los cobros que supuestamente hacía aprovechándose de su puesto y de las bases de datos a las que tenía acceso.

Fue trasladada a la Torre de Tribunales para que un juez le dé a conocer el motivo de su detención.

Según los líderes, Cristina Calel Tol, encargada de la DMM de Chichicastenango, solicitó a un grupo de mujeres, quienes gestionaban un proyecto comunitario, que depositaran Q5 mil en una cuenta bancaria.

Un poblador de Chulumal Tercero afirmó que un representante del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) cuenta con un audio en el que se evidencia el cobro.

“Se escucha cuando Calel Tol proporciona un número de cuenta para que las mujeres depositaran Q5 mil para que sus proyectos fueran gestionados, y que si no podían completar esa suma, que por lo menos juntaran Q4 mil”, comentó.

“Lo que están haciendo en la DMM es un delito porque las autoridades ediles tienen la obligación de velar por el bienestar de la población y los proyectos en las comunidades sin exigir nada a cambio”, señaló un líder comunitario.

Piden investigar

Los denunciantes exigen a las autoridades investigar los supuestos cobros, pues aseguran que tienen conocimiento de que comités de otras comunidades ya hicieron depósitos a la misma cuenta.

La denuncia fue presentada en la PDH de la capital, pero el pasado 13 de octubre fue trasladada a la auxiliatura de Santa Cruz del Quiché, donde el encargado, Flavio Ruiz, informó que el caso está en investigación. Añadió que la querella es contra Calel Tol y no contra el alcalde Rosendo Salvador.

“Según los líderes comunitarios, la denunciada les dijo que el concejo anterior había dejado a la Municipalidad sin fondos y por eso pedían la colaboración directa de la población para poder efectuar obras”, expresó Ruiz.

Añadió que de encontrarse indicios razonables de que se ha cometido un delito, la denuncia será trasladada a la Fiscalía del Ministerio Público (MP) para que se inicie la persecución penal.

Persecución política

Consultado el alcalde Rosendo Salvador, manifestó que, según Calel Tol, nunca ha pedido dinero por la ejecución de proyectos comunitarios.

Señaló que lamentablemente hay muchas personas que por roces políticos señalan cosas sin fundamento.

“Aclaro que no he dado ninguna orden para que se hagan cobros a la población y ninguna dependencia de la Municipalidad de Chichicastenango está pidiendo dinero; es más, no estamos cobrando ni los documentos que la ciudadanía llega a tramitar, porque estamos al servicio del pueblo”, expresó el jefe edil.

Salvador pidió a la población que no se deje sorprender por denuncias falsas que, a su criterio, provienen de rivales políticos.

Agregó que Calel Tol continuará a cargo de la DMM porque ha demostrado su capacidad para desempeñar el cargo.

Temen represalias

Flavio Ruiz, auxiliar  de  la Procuraduría de los Derechos Humanos en Santa Cruz del Quiché, indicó  que  los pobladores  temen que    si la denuncia es remitida al  Ministerio Público haya  represalias por parte de las autoridades municipales.

“Los líderes  comunitarios temen que algún trabajador municipal  los amenace o tome la decisión de dejarlos  sin proyectos  por atreverse a denunciar los cobros que les han exigido en la DMM”,  enfatizó Ruiz.

Édgar Guerra, defensor de los usuarios del transporte público, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), señaló que esas denuncias no son nuevas, ya que vienen de meses anteriores.

Mencionó que en julio último presentaron  quejas en seis expedientes, y la justificación de la empresa Sistema Integrado Guatemalteco de Autobuses (Siga) fue que tuvo fallas en el sistema de cobros y ofreció  disculpas por el error.

Guerra comentó que tiene conocimiento de que les han impuesto 60 multas a los buses que cobran de más, pero no le devolvieron el dinero a los usuarios.

Sergio Vásquez, vocero del  Transurbano, aseveró que las tarifas que cobran son las autorizadas en la metrópoli.

“Desearíamos que las personas se presenten a un centro de atención o vinieran a las oficinas centrales específicamente para ver en dónde pudo haber ocurrido alguna situación que pudo haber sido anómala”, indicó.

Agregó que a quienes han llegado les han explicado el error en el sistema y lo han entendido, pero no aclaró si les devolvieron el dinero.

Varias denuncias

Transurbano no solo tiene denuncias de usuarios.

• El pasado 20 de agosto, el Ministerio Público allanó bodegas de las oficinas del Siga para recopilar indicios, luego de tres denuncias que se presentaron por posibles actos de corrupción.
• Desde el 25 de noviembre del 2015, el Transmetro, a cargo de la municipalidad capitalina, ya no aceptó la tarjeta prepago del Siga, con el argumento de que había irregularidades en el funcionamiento.
• En noviembre del 2015, pilotos del Transurbano suspendieron el servicio en el eje sur debido al incumplimiento salarial y malos tratos.

El ministro no detalló los nombres de los consultores y director destituidos; solo afirmó que pertenecían al Departamento de Gestión Ambiental.

“Pedían dinero a cambio de resolver los expedientes. Advertí a los que se quedan que de ser descubiertos correrán las misma suerte”, aseguró el funcionario.

Según el ministro de Ambiente, no puso denuncias penales porque carecía de pruebas concretas; solo contaba con varias quejas contra el personal y más de 960 expedientes sin avance.

“Regalan licencias”

En lo que lleva de dirigir el Marn, Samuels refirió que descubrió que su antecesor, Andreas Lenhoff, aprobó un reglamento para otorgar licencias ambientales en “donde prácticamente se regalan. De Q25 mil que costaban, las bajaron a Q50”, aseguró.

“No lo vemos congruente, porque muchos de los recursos del Ministerio se basan en el dinero que se recibe del pago de las licencias. Eso nos causó intriga y vamos a revisar ese reglamento”, indicó.

Orlando Blanco, jefe de bloque de la UNE, solicitó al ministro derogar el reglamento cuando entre en vigencia en mayo, pues argumentó que además de abaratar las licencias, se redujeron las exigencias para extenderlas.

El diputado pidió que se investiguen exhaustivamente los cobros para agilizar los trámites de las licencias ambientales.

Hubo consenso

El exministro de Ambiente, Andreas Lenhoff, aseguró que el reglamento que se elaboró durante su gestión fue producto de “un proceso de consulta a través de talleres con cámaras empresariales, sector público y a lo interno de esa institución”.

“No lo hice yo, fue un equipo técnico; se basaron en mejores prácticas que se establecen en varios marcos como el tratado de libre comercio con Estados Unidos”, aseguró.

En cuanto al cobro, Lenhoff resaltó que no encontraron ningún fundamento legal que justificara el cobro de la licencia. “Se analizó con mucho cuidado y se vio que no existe ningún asidero legal para hacerlo; hay para poner multas, pero no para cobrar las licencias”, aseguró.

En cuanto al cobro ilegal para agilizar trámites, dijo desconocer las denuncias. “Yo nunca recibí ninguna queja. Entramos para cubrir un período de 15 semanas; sí hubo destituciones, pero porque se encontró que había sobrepoblación de personal. El actual ministro sí ha despedido a varios”, agregó.