Este 16 de noviembre el caso de Yajaira Ajú Hernández, de 31 años, y madre soltera de dos niños, llegó a sentencia. El juicio dio inicio el pasado 4 de septiembre.

Tres personas pasarán 61 años en la cárcel por el violento crimen sexual de la joven mujer, que ocurrió entre el 12 y 13 de agosto de 2022.

El año pasado el caso de Yajaira Marina de Guadalupe Ajú Hernández conmovió a la sociedad guatemalteca por la saña con que fue hallado su cadáver en el kilómetro 14 de la ruta antigua a San Pedro Ayampuc, Guatemala.

No era el primer caso que se reportaba en sectores de este municipio.

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El cuerpo tenía golpes en todas partes, incluidos sus genitales. El informe médico forense del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, (Inacif) reveló que finalmente murió por asfixia por estrangulamiento.

Por este caso el Tribunal Noveno de Sentencia Penal de Guatemala condenó a 61 años de prisión inconmutables a Andre Ibrahim Pinto Lima, César Augusto Monzón Miranda y Alma Guadalupe Alvarado Mejía, por los delitos de plagio o secuestro, violación con agravación de la pena y asesinato.

La sentencia es por el crimen en contra de Aju Hernández, de 31 años. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio logró convencer al Tribunal de la implicación de los tres individuos en el violento crimen sexual de la mujer.

De acuerdo con María José Mansilla, del departamento de prensa del Ministerio Público (MP), la pena que recibieron las tres personas fue de 26 años por plagio o secuestro, 26 años por asesinato y 9 años por violación con agravación de la pena para cada uno.

El hecho ocurrió entre el 12 y 13 de agosto de 2022, contra Aju Hernández, cuyo cuerpo fue encontrado en el kilómetro 14 de la ruta antigua al municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala, en el interior de un inmueble abandonado.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, según Mansilla, el 13 de agosto de 2022, la víctima salió de un restaurante ubicado en la zona 6, y tras interceptarle el paso y plagiarla, los sindicados la llevaron hacia un hotel donde los tres la agredieron física y sexualmente. Allí mismo le dieron muerte, estrangulándola.

Los hechos

A la 1 de la madrugada del 13 de agosto, Yahaira Ajú, salió de un restaurante en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala a donde había llegado la noche del día anterior con dos amigas.

Salió en estado de ebriedad, según la Fiscalía, e intentó irse en su moto. El secuestro ocurrió a esa hora, cuando no podía conducir su motocicleta.

Las amigas dejaron sola a Ajú ese 13 de agosto, y por esta razón ella intentó conducir la moto, pero una de las amigas le quitó la llave para evitar que lo hiciera. Todo apuntaba que tomara un taxi, pero no lo hizo.

Otra de las amigas llegó a la casa de Alma Hernández, madre de Yahaira, para entregarle el teléfono y la llave de la motocicleta, y le indicaron en donde la habían dejado.

Más tarde, ese mismo día, la mamá de la víctima recibió una llamada telefónica al número de su hija y un hombre habló, y posteriormente, con el paso del tiempo, y avance de las pesquisas, se comprobó que era la voz de Pinto Lima.

La Fiscalía logró comprobar que Pinto Lima, Monzón Miranda y Alvarado Mejía, llevaron por la fuerza a Yahaira Ajú Hernández a un hotel en la zona 6.

Ella se resistió en todo momento, de hecho, un empleado del hotel confirma que vio como la obligaban a bajarse del vehículo. Por esta razón no les permitieron el ingreso y los tres sujetos consumaron el crimen dentro del carro.

La necropsia confirmó los abusos que sufrió a manos de sus verdugos. “Le destrozaron sus partes íntimas”, revelan testigos.

Ajú Herández nació el 12 de diciembre de 1990 y residía en Chinautla. A los 17 años tuvo su primer hijo, y el segundo a los 29. Trabajaba para sostener a sus dos hijos, uno de 3 y otro de 15, y de vez en cuando salí a divertirse con sus conocidos.

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Yajaira Ajú, era una joven universitaria. Salió a divertirse con sus amigas pero fue encontrada muerta en una casa abandonada. Un año después de ocurrido el hecho, la mamá reclama justicia. Entérese de este caso en Prensa Libre. #Guatemala #inseguridad #casocriminalreal

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Mario Tut Ical, de 46 años pasará el resto de sus días en prisión. Todavía se desconoce a qué cárcel lo enviarán para que cumpla la condena de 50 años que le dictó el Tribunal de Sentencia de Femicidio de Cobán, Alta Verapaz, el pasado 29 de agosto.

La conedena no ha quedado en firme y mientras tanto, sigue apresado en aquella cabecera departamental.

Tut Ical fue condenado por la brutal muerte de su pareja Alejandra Ico Chub, de 32 años, el 29 de octubre de 2018 en el sector Isla del Norte de la aldea San Miguel del municipio de Chisec, Alta Verapaz. El sujeto aseguró desde el momento de su captura que había cometido el crimen por un “arranque de celos”, porque “creía que Alejandra le era infiel”.

Sin embargo, durante el proceso penal se demostró, mediante un peritaje siquiátrico, que Tut Ical era misógino, sentía odio por las mujeres a quienes cosificaba y agredía. Alejandra no era su única pareja. Tenía una esposa, que fue testigo en el proceso por el que fue condenado.

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Ella denunció su caso, pero luego retiró los cargos porque sentía temor de él. De hecho, en los registros quedó consignado que Tut Ical también atacó a la madre de sus siete hijos con un machete, pero no consumó el femicidio. Hasta ahora solo ha sido condenado por el crimen de Alejandra.

Testimonios y medios de prueba fueron cruciales

Tut Ical, según la investigación presentada ante el Tribunal compartía la vida marital con ambas mujeres, e incluso, vivían en comunidades cercanas. Las mujeres se conocían entre sí, y habían socializado en algunas oportunidades. Alejandra no procreó hijos con Tut Ical, tenía tres de otra personas. Dos mujeres y un hombre, que fueron criadas después de la muerte de Alejandra por su abuela materna.

Para llegar a la sentencia no fue fácil, asegura el fiscal adjunto de la fiscalía contra el delito de femicidio, Édgar Gómez. Sortearon obstáculos procesales, pero aún alcanzaron la condena. El caso fue muy mediático, sobre todo porque vídeos del crimen se hicieron virales en las redes. Eso provocó muchas cosas ante las partes procesales, recuerda.

Los principales medios de prueba, como los testimonios de familiares de la víctima, de vecinos, fueron cruciales porque le explicaron al Tribunal el caso, de cómo ocurrió, cómo todo comenzó con una discusión en la que él reclamaba que la había visto bajarse de un camión y cuyo piloto era otro hombre.

Eso, sostiene el fiscal, no lo pudo sostener la defensa, porque nadie pudo atestiguar tal extremo. “Lo que sí se comprobó fue que era misógino, odiaba a las mujeres”, apuntó el fiscal adjunto.

También fue fundamental haber hallado el arma homicida. El machete con el que Tut Ical le partió en dos la cabeza a su pareja y le cercenó las dos manos. Los celos, como tal, son un motivo fútil, sin importancia, porque eso no le daba derecho a quitarle la vida a Alejandra, asegura el fiscal Gómez.

Durante los cinco años que duró el proceso se enfrentaron a limitaciones de aceptación de peritajes sociológicos, de género, recurrieron a amparos, a recursos para que el caso siguiera su curso y se pudiera condenar a Tut Ical, recuerda Gómez.

De hecho, agrega, el debate había sido proyectado para llevarse a cabo en 2024, pero lograron cambiarlo para que se llegara a una sentencia en un caso que conmovió a una comunidad que antes del suceso vivía en paz y en armonía.

“Nunca había ocurrido algo así”

La organización Movimiento Transformando Mujeres (MTM) llevó a cabo un peritaje cultural en el que se demostró el impacto que tuvo en la comunidad este hecho. “Nunca había ocurrido algo parecido”, recuerda Paula Barrios, coordinadora de MTM.

Barrios recuerda que el caso no fue sencillo porque tuvieron que recurrir a otras instancias judiciales para que aceptaran los peritajes que habían elaborado. La jueza misma que conoció el caso en un principio se recusó por enemistad con MTM.

Paralelamente con el caso de Alejadra Icó Chub hay otros 10 expedientes en Alta Verapaz. “Particularmente en Chisec y Santa Catalina La Tinta”.

La coordinadora de MTM explica que mientras el caso de Alejandra se conocía en el Tribunal de Sentencia otras dos mujeres murieron a manos de sus parejas por heridas producidas por machete.

“Se exacerba más todo al viralizar estos vídeos. Uno de esos casos que le comento, una mujer estaba embarazada, la mujer se desangra mientras una persona graba con su celular el hecho. El agresor huye”, cuenta.

“La violencia contra las mujeres ha sido continua al no haber una sanción pronta, al no haber sanción comunitaria, al no tener las mujeres las instituciones cercanas a las comunidades”, explica Barrios.

Según ella los gobiernos no previenen, sobre todo, en los idiomas mayas, de este tipo de situaciones. “El machete, que es una herramienta de trabajo en aquellas localidades, se ha convertido en un arma para agredir a las mujeres”, asegura Barrios.

“La mujer se encuentra desprotegida”

Para el fiscal adjunto es necesario hacer los esfuerzos para evitar que los hechos de violencia intrafamiliar se conviertan en un femicidio. “Existe una brecha entre los hombres, porque hay dependencia de las mujeres, por eso se tolera”, explica.

“La mujer se encuentra atada y no cuenta con el apoyo ya sea familia, comunitario o estatal, de separarse de una relación tóxica, y es por eso que se normaliza la violencia”, analiza.

Ambas fuentes aseguran que estatalmente se han hecho esfuerzos, se han adquirido compromisos internacionales, mandatos que el Estado debe garantizar la vida de las mujeres.

Mario Tut Ical, femicida de Alejandra Ico Chub, fue condenado el pasado 29 de agosto a 50 años de cárcel. El sujeto mutiló a su pareja el 29 de octubre de 2018 en Chisec, Alta Verapaz. https://t.co/lEyRgUUw8r

— Prensa Libre (@prensa_libre) September 1, 2023

Paula Barrios de MTM dice que la fiscalía del delito de femicidio ha recibido formación, están comprometidos con su trabajo, viajan a toda la República para acompañar este tipo de casos, pero han superado sus capacidades, porque son muchas las denuncias.

El Organismo Judicial, considera Barrios, debe mejorar la supervisión de las judicaturas para establecer si están haciendo bien su trabajo en comunidades como Alta Verapaz donde la incidencia de violencia contra la mujer es muy alta.

El caso de Alejandra es emblemático, aseguran. Aunque lo ideal es evitar los femicidios, se dignifica de alguna forma su memoria. El sujeto, Mario Tut Ical pasará 50 años en la cárcel, deberá pagar un resarcimiento a los tres hijos de Alejandra, y el Estado está comprometido a hacer los esfuerzos para evitar que estos hechos sigan ocurriendo, dicen las fuentes.

La audiencia de reparación digna por el crimen de Alejandra Ico Chub, está planificada para llevarse a cabo este 1 de septiembre a las 14 horas en el Tribunal de Sentencia de Femicidio en Cobán, Alta Verapaz, según confirman fuentes oficiales.

Icó Chub, una mujer de qeqchí de 32 años de edad, murió en forma violenta a manos de su pareja Mario Osvaldo Tut Ical, de 46 años, el 29 de octubre de 2018 en su casa ubicada en el sector Isla del Norte de la aldea San Miguel del municipio de Chisec, Alta Verapaz.

Tut Ical fue condenado a 50 años de cárcel el pasado 29 de agosto por el Tribunal de Sentencia de Femicidio de Alta Verapaz y para este 1 de septiembre programaron la audiencia de reparación digna.

El fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, Edgar Gómez, confirmó la audiencia y reveló que “la estrategia de resarcimiento por daños materiales y morales, así como que se otorguen garantías de no repetición de esos deleznables hechos”.

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Gómez consideró que el Estado debe garantizar que se lleven a cabo campañas de concienciación en los idiomas maternos respecto del delito de femicidio y violencia contra la mujer, porque es muy recurrente.

“Lamentablemente muchas personas no acuden a la jurisdicción estatal, se arreglan los casos con los integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), y entonces el problema es que hay mucha reincidencia”, explicó e fiscal adjunto.

Gómez considera que esto ocurre por “desconocimiento de las autoridades ancestrales respecto a la tipificación de los delitos contra las mujeres. Se debe hacer más conciencia sobre el tema. Se deben velar por la mujer y evitar que los casos se repitan. El problema muchas veces es que consienten los hechos”.

Alta Verapaz es de los departamentos más grandes del país. El Observatorio de Salud Reproductiva (OSAR), por ejemplo, en sus registros de nacimientos en madres que oscilan entre los 10 y 19 años, de enero a julio de 2023, evidencia 4 mil 684 embarazos.

Muchos de esos casos, según las fuentes especializadas en el tema de mujeres y niñez, son producto de agresiones y violaciones sexuales de parte, principalmente, de familiares cercanos. Las denuncias son pocas por el temor.

Además, un 83 por ciento de los habitantes de ese departamento viven en pobreza y el más del 53 por ciento en pobreza extrema, según la Encuesta Nacional Ingresos y Gastos de los Hogares 2021-2022 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Horrendo crimen

Mario Tut Ical, la tarde – noche del 29 de octubre asesinó a su pareja Alejandra Icó Chub, que tenía 32 años. La población de la aldea San Miguel se alertó porque escuchó gritos que provenían de la casa donde vivía la joven mujer y Tut Ical.

Los vecinos acudieron a la casa y algunos describieron el hecho como “horrendo y deleznable”. Aseguraron que nunca había pasado algo parecido en la comunidad que era conocida por su tranquilidad.

Las personas vieron a Icó Chub con una herida profunda en medio de la cabeza. Además, le había cercenado las dos manos. La joven mujer estaba en un baño de sangre, y en una lenta agonía ante lo lejano que resultaba para cuerpos de socorro llegar a esa comunidad. Murió en una cama de su residencia.

Pobladores documentaron el hecho con celulares y lo hicieron viral en redes sociales. El suceso causó conmoción. Tut Ical huyó y fue detenido el 31 de octubre de 2018 en la aldea La Muñeca, en Playa Grande, Ixcán, Quiché. Su objetivo era fugarse hacia localidades de México.

Ante los pobladores que intentaron lincharlo confesó que había cometido el asesinato de su esposa porque creyó que le había sido infiel. Tut Ical tenía esposa, siete hijos y mantenía una relación extramarital con Alejandra, con quien no procreó familia. Ella era madre de tres niños.

El último miércoles se dictó sentencia de 50 años de prisión a Jorge Rafael Zea Mejía por la muerte de su esposa, Luz María López Morales.

Aunque es un resultado, no es el final de un camino que Ada Morales y Byron López, padres de la víctima, recorren desde el 2020.

Los últimos 20 meses han sido bastantes complicados para Morales y López, quienes emprendieron una batalla legal con el propósito de buscar justicia por el femicidio de su hija. Sus restos, en parte calcinados, fueron abandonados en una alcantarilla de la zona 2 capitalina.

Sin embargo, todavía queda un trayecto legal para la pareja, que está decidida a obtener la tutela total de su nieta, de 3 años y medio, y de quien se ha hecho cargo desde el trágico día.

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No ha sido fácil ni lo será en los siguientes años, y esto lo sabe Morales, quien concedió una entrevista a Prensa Libre en la cual reflexionó sobre cuántas veces se pudo evitar el femicidio de su hija, pero el sistema respondió mal y tarde, y las consecuencias fueron fatales.

¿Cuáles son sus proyectos en el corto plazo?

Lo que más quiero es poder tener la patria potestad de la niña, para que pueda estudiar y estar bajo mi completa supervisión y que él —Zea Mejía— y su familia no puedan decidir por ella.

Antes de morirme quisiera que pierda los apellidos de su padre o que quede bien estipulado que él no puede tener derechos sobre ella. Quiero lo mejor para mi nieta y buscaré su bienestar.

¿Qué reto enfrenta al tener que hacerse cargo de su nieta?

Mi principal prioridad es que la niña no sufra más, y mi mayor temor es que enfrente algún tipo de acoso. No quiero que mi nieta pase por eso, pero será un riesgo que tendremos que correr y esperamos la comprensión de quienes la rodean, para que ella pueda desarrollarse lo mejor posible en la vida.

Quiero educarla con amor y proveerle todo lo necesario para un crecimiento sano e idóneo.

¿Está buscando la tutela completa de la niña?

En la actualidad está conmigo, pero me enfrento a situaciones complicadas por algunos requisitos que piden para diversos trámites, porque no soy la madre. Me he topado con bastantes trabas para poderla poner a estudiar, por ejemplo.

Por ahora no sé los pasos que debo seguir, porque estoy tratando de asimilar todo lo que pasó, pero lucharé por la tutela completa de mi nieta.

¿Qué busca ahora que ya consiguió la condena del responsable de la muerte de su hija?

Quisiera poder tener todo el derecho sobre mi nieta. Hasta he pensado en una adopción para que ella tenga solo los apellidos de su madre y evitarle daños a la niña, porque le puede afectar cuando ella esté más grande. Yo soy abuela y no voy a estar toda la vida para defenderla. También me da mucho miedo que él —Zea Mejía— pueda tomar decisiones sobre la niña.

¿Cuál es la condición actual de su nieta?

Los psicólogos nos han dicho que su presente no podrá ser normal, pero trataremos de buscar que la niña no vea tan atroz todo lo que su mamá pasó.

Con mi esposo y el resto de mi familia buscamos que ella esté rodeada de amor, tranquilidad y le damos el acompañamiento necesario.

Primero está mi nieta, antes de cualquier cosa, y yo hasta renuncié a mi trabajo para cuidarla y cumplir con lo que el juez me pidió en su momento.

Lo que más quiero es estar tranquila y tener salud para cuidarla, velar por ella y defenderla en los momentos que sea necesario.

Antes de conocer la sentencia, usted reprodujo un audio de la menor que relataba parte de la violencia que vivió su madre. ¿Cuál era su objetivo al presentar esto?

Son seres humanos que no solo necesitan saber de leyes, sino también ver más allá, y por eso quise que ellos escucharán lo que pasa una niña luego de vivir todo eso. Mi intención nunca fue manipular, sino que para cuando juzguen a alguien, lo hagan viendo más allá y sepan lo que un niño puede llegar a sufrir y enfrentar.

Rodrigo Arroyo, defensor de Jorge Zea, señaló que ustedes iban a abandonar el país. ¿Eso es verdad?

No es cierto. Me enteré de que se decía que nos íbamos a ir entre 16 a 18 personas, y la verdad es que me pone en qué pensar. Por una parte, me da miedo y hay que ponerle atención, porque es un número cercano de los integrantes de mi familia.

Por el momento estamos tratando de asimilar todo lo que pasó, porque nosotros somos los afectados, nuestra hija fue asesinada cruelmente y esto ha sido bastante duro.

¿Usted, en algún momento, sospechó que su hija era víctima de violencia?

Ella fue sometida a una manipulación muy grande, porque incluso se comenzó a alejar de nosotros.

Nunca me imaginé la capacidad de manipulación que puede tener un ser humano. A pesar de que mi hija era preparada profesionalmente, su pareja le ocasionó mucho daño psicológico y físico. Me afectó mucho escuchar a sus compañeros de trabajo cuando comentaron que Luz María evitaba estar en grupos donde había hombres, por temor a él.

¿Tuvo conocimiento sobre si su hija intentó presentar alguna denuncia ante el MP?

De eso no me enteré. Una amiga suya manifestó que fue a traerla a la casa y la llevó al Ministerio Público de Gerona, para poner la denuncia, y allí le informaron que no procedía y tenía que regresar a Mixco —jurisdicción donde vivía la pareja— para hacerlo.

También fueron al edificio Lucky —ubicado en el Paseo de la Sexta y 6a, calle, zona 1 capitalina—, y tampoco les recibieron la denuncia porque les indicaron que correspondía a otro lugar. Entonces ya no se puso la denuncia y eso quedó en el aire.

¿Qué recomendación daría usted a las mujeres víctimas de violencia y a esas madres que pueden estar en una situación similar a la que su familia enfrentó?

Ahora comprendo que una mujer puede ser muy manipulada por un hombre, y todas las mujeres guatemaltecas debemos saber que tenemos derechos, que nadie es dueño de nuestra vida y nuestro ser, que podemos buscar ayuda si lo necesitamos y alertar a los seres más cercanos.

Hay mujeres sumisas a quienes los familiares o amigos deben prestarles mucha atención y ofrecer constantemente apoyo, para evitar tragedias.

La Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio ordenó la inmediata liberación del jugador Marco Pablo Pappa Ponce, luego que le redujo la condena por violencia contra la mujer, por la que guardaba prisión.

La condena de Pappa era de 5 años inconmutables, pero dicha Sala le dedujo la condena a 60 días de arresto por faltas a las personas.

Debido a que Pappa ya cumplió más de 60 días en prisión, los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones de Femicidio ordenaron su inmediata libertad.

El abogado de Marco Pappa, Gustavo Juárez, confirmó la resolución de la Sala Segunda que ordena la libertad del futbolista, pero dice que este deberá permanecer en Mariscal Zavala, puesto que tiene pendiente de resolver otro proceso similar en Quetzaltenango.

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En la sentencia, se lee: “Se condena al acusado Marco Pablo Papa Ponce a una falta contra las personas, y se impone una sanción de sesenta días de arresto, conmutables a razón de treinta quetzales por cada día dejado de cumplir. Encontrándose el acusado guardando prisión preventiva y que ha sobrepasado el tiempo impuesto de arresto, se ordena su inmediata libertad debiendo el órgano judicial de primer grado emitir la orden correspondiente”.

En la apelación presentada por Pappa, se establecía que que no se cumplieron con los requisitos legales exigidos por el artículo 50 del Código Penal y que no lo prohíbe el artículo 51 del
mismo ordenamiento legal, por lo que solicitaba que se revocara el fallo y como consecuencia, se le otorgara el sustitutivo penal que solicitó en el rango mínimo de Q5 diarios, atendiendo a las circunstancias de los hechos y a sus condiciones económicas precarias..

En el documento se lee que el acusado manifestó que el fallo que se recurre le provocaba “enorme perjuicio, por haber sido condenado con base a hechos acreditados que no encajan en los supuestos de hecho contenidos en el artículo 7 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, que regula el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, lo cual vulnera el principio de legalidad y la exclusión de la analogía regulada por nuestro ordenamiento penal sustantivo, que lo obliga a cumplir una pena ilegal e injusta”.

“Esta Sala al hacer el análisis del recurso de apelación especial, por el motivo de fondo invocado por el apelante Marco Pablo Papa Ponce, referente al agravio que le perjudica, al señalar que el Tribunal de Sentencia al condenarle aplicó erróneamente una norma penal que no era la correcta de conformidad a los hechos acreditados en el fallo dictado en su contra; efectivamente se establece que le asiste la razón al impugnante, en virtud de los antecedentes que se suministran sobre la historia del caso que se juzgó y se materializó sobre los medios de prueba que se aportaron y diligenciaron en el juicio adversarial, al leerse en el fallo, se determinó que no se imbuye un hecho relevante de naturaleza violenta en forma física de una acción humana en contra de una fémina, como lo expuso la Juzgadora le haya sucedido a la víctima al resolver el caso juzgado para calificar que el acusado cometió un delito de violencia física contra la mujer en el ámbito privado” se lee en la resolución.

La resolución está firmada por los abogados Rafael Morales Solares, magistrado presidente; Franc Armando Martínez Ruiz, vocal I; Fredy López Contreras, vocal II y Gladys Rocio Montufar Ramos, secretaria.

La sentencia

El futbolista fue sentenciado a cinco años de prisión inconmutables el pasado 14 de febrero por violencia contra la mujer.

En esa fecha, Pappa ya tenía un año y ocho mese de estar en prisión preventiva.

La defensa del futbolista dijo en esa ocasión que no valía la pena presentar una apelación, sino que esperar los siete meses para que Pappa obtuviera su libertad y se reincorpore al deporte.

Explicaron que aunque no esté firme la sentencia, Pappa viene cumpliendo una pena de un año y ocho meses y la condena fue de cinco años inconmutables, es decir, tiene que hacer la mitad más un día, por lo que quedaba siete meses.

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Pappa ya fue condenado anteriormente por el mismo delito. El 7 de enero de 2020, fue sentenciado a cinco años de prisión, conmutables a Q5 diarios.

En esa ocasión, lo sentenció el Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, donde Pappa aceptó la comisión del delito y recibió un juicio abreviado.

“No es justo que nos maten a nuestras hijas de esa manera”, exclamó Ada Morales, la madre de Luz María López, una trabajadora del Ministerio Público (MP) que fue brutalmente asesinada en enero del 2021.

El 20 de enero de ese año fue la última vez que Luz María fue vista con vida y el viernes 22 de enero su cuerpo fue localizado en un tragante de la zona 2, a tan solo unas cuadras de su lugar de trabajo.

Los informes forenses señalan que la mujer sufrió una tortura, su cuerpo presentaba severas marcas de violencia y las pruebas confirmaron que Luz María fue quemada viva.

Existe un sospechoso: el esposo de Luz María. Se trata de Jorge Rafael Zea, quién fue capturado poco tiempo después del crimen, pero tácticas de sus abogados defensores han retrasado el proceso penal.

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Fue apenas a finales del año pasado que un juez resolvió enviarle a juicio acusado por el femicidio de su esposa, pero el debate oral y público se espera comience hasta el próximo 26 de julio.

“Yo solamente pido que no estén cambiando las fechas, que si se pudiera dieran los juicios seguidos para encontrar una condena pronta y terminar con esto, que el Organismo Judicial se ponga la mano en la conciencia y vea que es un gran sufrimiento”, señala la madre de Luz.

Celebran su cumpleaños

El próximo martes 17 de mayo Luz María estaría cumpliendo 27 años, por eso sus familiares y amigos más cercanos decidieron recordarla haciendo una convivencia en el lugar donde su cuerpo fue localizado.

Como toda celebración de cumpleaños no podía faltar un pastel, pero el de esta conmemoración no fue un pastel cualquiera, fue uno hecho por la mamá de Luz, como acostumbran celebrar cada uno de sus cumpleaños.

“Venimos a partirle su último pastel. Para mí como madre es bien difícil, pero quería hacerlo, tenía el deseo de hacerlo”, comenta la madre de Luz a medida que cada palabra le aviva el recuerdo de su hija asesinada.

“Nunca más lo voy a volver a hacer. Este fue el último pastel que yo partí para mi hija con todo mi amor, con tanto dolor, pero lo quería hacer para compartir con las personas que están conmigo en la lucha”.

Luz María recibía en cada uno de sus cumpleaños un pastel hecho por su mamá. Fotografía: Prensa Libre (Elmer Vargas).

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Ada aún tiene un “pedacito” de Luz María con ella, se trata de su pequeña nieta, una niña que sin saberlo le está dando a su abuela todas las fuerzas necesarias para salir adelante.

“Tengo que continuar porque tengo una nieta que cuidar, tengo una niña que sacar adelante así como hice con su madre y tengo que seguir adelante para ella”, comenta.

Ella espera que su nieta siga los pasos de Luz y se convierta en toda una profesional. “Mi meta es poder hacer una mujer, otra gran mujer de bien para la sociedad porque mi hija era una mujer de bien, estudiada, preparada. Espero en Dios lograr que mi nieta se gradúe como su madre de la universidad, que salga una profesional y que sirva al mundo”.

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Clamor por justicia

En medio de la conmoración por el cumpleaños de Luz María, los asistentes pidieron  justicia. Ada espera que el Organismo Judicial (OJ) tome el proceso por el crimen de su hija con la seriedad que se merece.

“Queremos una justicia pronta para ya no estar con el pendiente abierto, porque tenemos abierta esta llaga, este recuerdo de todo lo que pasó mi hija…fue quemada aun estando viva, no es justo que se tenga ese recuerdo tan terrible y que no se pueda cerrar rápido”, recordó.

En su travesía por los juzgados, Ada se ha percatado que no es la única madre a quien la violencia le arrebató a su hija, asegura que como ella hay muchas madres que esperan lo mismo: justicia por la muerte de sus hijas.

“Que traten la manera de agilizar estos casos de femicidio porque yo no soy la única madre que está pasando por esto, vemos muchas mamás en la lucha y queremos justicia para nuestras hijas”, culminó.

El jugador Marco Pappa fue sentenciado este lunes 14 de febrero a cinco años de prisión inconmutables por violencia contra la mujer.

Pappa en declaraciones indicó que tiene un año y ocho meses en cárcel preventiva y según él, han estado luchando en “muchas cosas que se han dado en este caso.

“En el cuento de la caperucita siempre el lobo feroz es el malo”, manifestó.

Agregó que se hizo hasta el final lo que se pudo y “respetando definitivamente la decisión de la juez”.

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“Pidiendo una disculpa verdad, definitivamente cuando uno ha cometido errores, pues hay que aceptarlos tal vez no como son”, manifestó.

Dijo que ha aprendido que su proceso está bajo las manos de Dios y esta situación ha sido difícil para su familia especialmente

Mientras que sus abogados defensores indicaron que Pappa “está tranquilo” y a la espera que ellos se reúnan con la familia para tomar la decisión si se presenta la apelación o que cumpla los siete meses de prisión que le restan.

Añadieron que será la familia la que decida si hay una apelación o el mismo Pappa, aunque deben esperar que el Ministerio Público no presente una apelación, ya que pedía una condena de 12 años.

Indicaron que ellos solicitaron la sentencia absolutoria, pero la juez consideró que era de cinco años. Agregaron que de haber apelación, no la conoce la misma jueza, pues la debe conocer una instancia superior.

Cuando les preguntaron si consideran que es una sentencia justa, respondieron que sí y no, porque uno de los abogados fue elocuente en las conclusiones en base a informar todo, aunque no comparten la decisión, pero la respetan.

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Según la defensa, no vale la pena presentar una apelación, sino que esperar los siete meses para que Pappa obtenga su libertad y se reincorpore al deporte.

Explicaron que aunque no esté firme la sentencia, Pappa viene cumpliendo una pena de un año y ocho meses y la condena fue de cinco años inconmutables, es decir, tiene que hacer la mitad más un día, por lo que quedan siete meses.

Juan Luís Pantaleón, jefe de información del Ministerio Público, informó que la condena contra Pappa fue por violencia contra la mujer en su manifestación física.

Añadió que el Tribunal de Delitos de Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer también indicó de audiencia de reparación digna; además de una disculpa pública.

Pappa ya fue condenado anteriormente por el mismo delito. El 7 de enero de 2020, fue sentenciado a cinco años de prisión, conmutables a Q5 diarios.

En esa ocasión, lo sentenció el Juzgado de Femicidio de Quetzaltenango, donde Pappa aceptó la comisión del delito y recibió un juicio abreviado.