Precio de medicinas se ven afectados por atrasos en registros sanitarios y otros trámites

Los trámites de registros sanitarios y renovaciones de productos, como medicamentos, pueden llevar hasta 17 meses.

Ana Lucía Ola

28 de abril de 2025

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El atraso en los trámites de registro sanitario de medicamentos limita la competencia en el mercado, según sectores. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El trámite de registro sanitario para un medicamento nuevo, así como la renovación y actualización de productos que ya están en el mercado, son procesos que deberían ser ágiles; sin embargo, tardan hasta 17 meses. Los atrasos también afectan la obtención de la licencia sanitaria, permisos electrónicos y certificados de buenas prácticas.

Gremiales, asociaciones y fundaciones del sector salud, respaldadas por los colegios de Médicos y Cirujanos, y el de Químicos y Farmacéuticos, han denunciado que los tiempos para realizar dichos trámites se han extendido en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA). La situación ha ocasionado una acumulación de 11 mil 722 solicitudes de productos que están pendientes de los documentos para poder salir a la venta, solo entre octubre del 2024 y marzo de este año.

Óscar Paiz, presidente del Comité Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Cogrefarma), señala que esta situación afecta la economía del país, pues se frena la competencia en el mercado.

Un producto nuevo, al no tener registro sanitario, no puede entrar a competir; al no hacerlo, la oferta se limita y no se abaratan los precios. Mientras que el atraso en las renovaciones resta la oportunidad de vender los productos y participar en procesos de licitación, por ejemplo.

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Virginia González, de la Comisión Técnica de Asuntos Regulatorios del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui), señala que no se trata solo de atrasos en trámite de registros sanitarios ―nuevos y renovaciones―, homologación, actualizaciones y certificaciones de medicamentos, también se ven afectados los dispositivos e insumos médicos, productos de belleza, de limpieza, y otros afines. Las licencias de funcionamiento para laboratorios y farmacias; los procesos para la importación y exportación de productos también están estancados.  

“Hay compañías que tenían productos con campañas que iban a lanzarse para Navidad, y esta es la fecha que no los han podido sacar de aduana porque no tienen los registros aprobados”, dice González, lo que se traduce en una pérdida para las empresas.

Mientras que algunas plantas farmacéuticas locales debieron cerrar áreas de producción que estaban destinadas a fabricar productos para exportación, pues no tienen los registros sanitarios ni la autorización de funcionamiento. Acá se mencionan los medicamentos OTC ―de venta libre―, y esto pone en desventaja competitiva a Guatemala dentro del mercado farmacéutico de la región.  

Por ejemplo, para ingresar productos a México se exige la certificación del registro sanitario vigente y que la planta de producción tenga la licencia de cumplimiento de buenas prácticas actualizada, señala González.

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La Comisión Técnica de Asuntos Regulatorios del COFAQUI, emite un comunicado junto con gremiales, asociaciones y fundaciones del sector salud, urgiendo al MSPAS agilizar procesos y resoluciones de productos farmacéuticos.#SoyQuímicoFarmacéutico pic.twitter.com/VXDenhG6PA

— COFAQUI (@CofaquiGuate) April 23, 2025

“Hay productos registrados en Guatemala y que ya exportamos a Centroamérica, pero si acá se vence el registro sanitario y no lo renuevan pronto, perdemos la oportunidad de venderlos en otros países. Esto nos resta competitividad, con lo que perdemos mercados y empleos. La industria farmacéutica guatemalteca genera alrededor de ocho mil empleos directos y 50 mil indirectos”, menciona Deborah de Motta, directora del Núcleo Farmacéutico de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport).

La industria farmacéutica en el país produce más de 2 mil productos ―desde OTC hasta especializados usados en oftalmología, cardiología y gastroenterología―, que se distribuyen a nivel local y en el extranjero. El atraso en los trámites de registro preocupa al sector, ya que puede ocasionar desabastecimiento en el mediano plazo.  

Según el Cofaqui, hay profesionales que se dedican exclusivamente al trámite de registros sanitarios y los atrasos en el DRCPFA han afectado sus ingresos. También hay empresas que no han podido participar en concursos de licitación por no tener la renovación o un certificado de buenas prácticas, y otros que tienen pausado el abrir farmacias o ventas de medicamentos por falta del permiso, mientras el pago de alquiler del local sigue corriendo.

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Trámites de registro sanitario: demoras de hasta 17 meses impactan la disponibilidad de medicamentos

La tardanza en los trámites de registros sanitarios, tanto nuevos como renovaciones, puede extenderse por más de 17 meses en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA) del Ministerio de Salud.

Ana Lucía Ola

28 de abril de 2025

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Los trámites de registro sanitario de medicamentos y sus renovaciones se han atrasado más de 17 meses, lo que puede afectar el abastecimiento de productos en el mercado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Obtener el registro sanitario para un medicamento nuevo puede tomar hasta 14 meses en Guatemala, y unos 17 meses o más si se trata de una renovación. La demora en los procesos ha ocasionado que, de octubre del 2024 a marzo de este año, exista una acumulación de 11 mil 722 solicitudes de productos pendientes de estos y otros trámites, por lo que no pueden ingresar al mercado para su venta. Esta situación limita la competencia.

En septiembre del 2021 entró en vigor la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (Decreto 5-2021), con el propósito de modernizar los procesos y digitalizar los trámites para hacerlos más expeditos, entre ellos los registros sanitarios.

Cada dependencia del Estado debía utilizar medios electrónicos para facilitar el servicio al usuario. La norma establecía un plazo de tres años para implementar los sistemas a fin de agilizar los procesos; este venció en septiembre del 2024.

Sin embargo, el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA), del Ministerio de Salud, encargado de dar trámite a los registros sanitarios, no ha logrado adaptarse a lo que establece la ley.

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Ese atraso ha traído serias consecuencias, pues a partir de septiembre pasado, el departamento ya no pudo cobrar ningún arancel por los servicios que presta, lo que fue aprovechado por los usuarios para ingresar más solicitudes. Si ya existía una carga robusta, esto provocó una avalancha de trámites que sobrepasan la capacidad de atención de la institución.

Evelyn Meneses, directora del departamento, reconoció el problema en una citación con diputados al Congreso el pasado 21 de abril, y afirmó que han ingresado cinco veces más trámites de los que normalmente reciben.

Más oferta

Un comunicado emitido por gremiales, asociaciones y fundaciones del sector salud, respaldado por los colegios de Médicos y Cirujanos, y de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala, señala que el trámite para la renovación de registro sanitario de medicamentos ahora se dilata hasta 17 meses; el de productos nuevos, 14 meses; las actualizaciones tardan nueve meses en ser evaluadas; la aprobación de publicidad farmacéutica puede demorar hasta 30 días, mientras que los permisos electrónicos de importación llevan hasta 72 horas.

Óscar Paiz, presidente del Comité Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Cogrefarma), refiere que en los últimos cuatro meses los atrasos en los trámites se intensificaron, lo que ha impactado al sector para inscribir productos nuevos y conseguir registros de renovación.

En el caso de los registros nuevos, no conseguir la autorización limita la cantidad de medicamentos disponibles en el mercado. Al haber menos productos que ofertar al consumidor, los precios tienden a elevarse. En el momento en que más medicinas cuenten con registro sanitario, habrá mayor cantidad en venta, lo que fomenta la competencia y abarata los costos.

El efecto también se presenta con la renovación de registros. Aunque las empresas ingresan a tiempo la papelería para que el producto no quede sin dicha autorización, Paiz refiere que la demora en el trámite ha llegado a un punto en el que este se vence y no pueden poner el producto a la venta.

Por otro lado, menciona que, si el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el Ministerio de Salud u otra institución del Estado requiere un producto específico y solo hay una empresa que lo vende, por ser la única con registro sanitario vigente, el precio será elevado y la disponibilidad, limitada. Esta situación puede cambiar si existen más productos en competencia.

Este es el caso de varios medicamentos de uso común, como el acetaminofén, así como aquellos utilizados en terapias para tratar padecimientos como el cáncer o la enfermedad renal crónica. También los psicotrópicos, que están sujetos a estrictos controles internacionales. Si no se cuenta con una licencia vigente de comercialización, no pueden importarse, lo que puede provocar desabastecimiento en el mercado.

Virginia González, de la Comisión Técnica de Asuntos Regulatorios del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui), plantea dos escenarios por la tardanza en los trámites. Uno en que puede aumentar el contrabando ante la necesidad de los productos, y otro en el que se opta por esperar a que se emita el registro sanitario. En ambos casos, el consumidor resulta afectado por la falta de controles y el acceso limitado.

En enfermedades como el cáncer, hay medicamentos que no son sustituibles, y si el producto no está disponible por falta de registro, la salud del paciente se ve comprometida.

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Impacto en la economía

González señala que no se trata únicamente de atrasos en los trámites de registros sanitarios —nuevos y renovaciones—, homologación, actualizaciones y certificaciones de medicamentos, sino que también se ven afectados los dispositivos e insumos médicos, productos de belleza, de limpieza y otros afines. Las licencias de funcionamiento para laboratorios y farmacias, así como los procesos para la importación y exportación de productos, también están estancados.

“Hay compañías que tenían productos con campañas que iban a lanzarse para Navidad, y esta es la fecha en que no los han podido sacar de aduana porque no tienen los registros aprobados”, dice González. Esta situación se traduce en una pérdida para las empresas.

Mientras tanto, algunas plantas farmacéuticas locales debieron cerrar áreas de producción destinadas a fabricar productos para exportación, al no contar con los registros sanitarios ni la autorización de funcionamiento. En este caso se mencionan los medicamentos OTC (de venta libre), lo que pone en desventaja competitiva a Guatemala dentro del mercado farmacéutico de la región.

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La Comisión Técnica de Asuntos Regulatorios del COFAQUI, emite un comunicado junto con gremiales, asociaciones y fundaciones del sector salud, urgiendo al MSPAS agilizar procesos y resoluciones de productos farmacéuticos.#SoyQuímicoFarmacéutico pic.twitter.com/VXDenhG6PA

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Por ejemplo, para ingresar productos a México se exige la certificación del registro sanitario vigente y que la planta de producción cuente con la licencia de cumplimiento de buenas prácticas actualizada, señala González.

“Hay productos registrados en Guatemala y que ya exportamos a Centroamérica, pero si acá se vence el registro sanitario y no lo renuevan pronto, perdemos la oportunidad de venderlos en otros países. Esto nos resta competitividad, con lo que perdemos mercados y empleos. La industria farmacéutica guatemalteca genera alrededor de ocho mil empleos directos y 50 mil indirectos”, menciona Deborah de Motta, directora del Núcleo Farmacéutico de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport).

La industria farmacéutica del país produce más de dos mil productos —desde medicamentos OTC hasta especializados para oftalmología, cardiología y gastroenterología—, los cuales se distribuyen a nivel local y en el extranjero. El atraso en los trámites de registro preocupa al sector, ya que puede ocasionar desabastecimiento en el mediano plazo.

Según el Cofaqui, hay profesionales que se dedican exclusivamente al trámite de registros sanitarios, y los atrasos en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines (DRCPFA) han afectado sus ingresos. También hay empresas que no han podido participar en concursos de licitación por no contar con la renovación o con un certificado de buenas prácticas, y otras que han pausado la apertura de farmacias o ventas de medicamentos por falta del permiso, mientras el pago del alquiler del local sigue corriendo.

Atraso de meses

El atraso de los trámites en el DRCPFA viene de tiempo atrás. Por ejemplo, en el 2022 la renovación de un registro tomaba un mes; al año siguiente aumentó a tres; para el 2024, la tardanza llegó a ocho meses, pero en el 2025 la demora supera los 17 meses.

“Cada vez se fue acumulando más esa presa porque no cambiaron procesos, no contrataron más personal y seguían ingresando trámites. La gota que colmó el vaso fue en septiembre, cuando dejaron de cobrar aranceles y comenzaron a ingresar expedientes de forma masiva”, dice González, ya que la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos limita a las instituciones del Estado que no estén digitalizadas el cobro por sus servicios.

De acuerdo con José Ernesto Galdámez Samayoa, de la junta directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, el atraso en el proceso de registro sanitario afecta a las empresas que participan en la cadena de suministros que abastece de medicamentos e insumos a hospitales, centros y puestos de salud, clínicas y farmacias, tanto públicas como privadas.

Agrega que esto impacta directamente en la atención a pacientes, porque no hay suficiente abasto de fármacos e insumos en los servicios. Además, hay trámites que tardan más de un año en aprobarse, lo que lleva a que las empresas, a pesar de contar con stock, no puedan ofertar adecuadamente, desde un ibuprofeno hasta medicamentos utilizados en unidades de cuidados intensivos.

Propuestas

González menciona que, desde el Ministerio de Salud, se conformó una mesa técnica en octubre pasado para buscar salidas al problema; sin embargo, a la fecha no se reportan avances.

Ana Lucía Fernández Santos, presidenta del Cofaqui, indica que han presentado varias propuestas para agilizar los procesos. Una de ellas es implementar un comité de crisis, pues se trata de una situación que debe abordarse con urgencia, ya que podría ocasionar desabastecimiento.

También han propuesto la contratación de más personal, la extensión de horarios de trabajo, capacitaciones al personal del DRCPFA y la publicación en las redes del colegio de los puestos vacantes en ese departamento. No obstante, Fernández señala que sus sugerencias no han tenido eco.

Postura oficial

Se consultó al Ministerio de Salud sobre los atrasos en los trámites de registros sanitarios, licencias y autorizaciones. La institución reconoce los “desafíos históricos” que enfrenta debido a la acumulación de expedientes, situación que ha impactado al sector productivo y a la población.

Por ello, se ha implementado un plan de trabajo para disminuir dicha acumulación de forma técnica, ordenada y sostenible, priorizando los trámites de mayor impacto en la salud pública y en la disponibilidad de productos.

La cartera informó que se efectuó una reasignación de personal y recursos logísticos hacia las áreas con mayor carga de expedientes; se extendieron los horarios de trabajo y se hizo la separación entre registros nuevos y renovaciones, con el objetivo de evitar cuellos de botella.

También se fortalecieron los sistemas informáticos institucionales, se realiza un monitoreo continuo de las metas, y se asegura que existe un diálogo transparente con los sectores regulados para encontrar soluciones a la problemática.

Digitalización en proceso

El Ministerio de Salud es una de las entidades del Estado con mayor reto en la simplificación y digitalización de trámites, debido a la complejidad de su estructura y al nivel de burocracia que existe en la cartera, según el comisionado de Gobierno Abierto y Electrónico, Eddy Cux. Por esta razón, se mantiene un acompañamiento y una asesoría constante para lograr dicha transformación.

En el DRCPFA, la situación se complica por la cantidad e impacto de los trámites, al estar relacionados con medicamentos y alimentos. Sin embargo, Cux señala que la digitalización, por sí sola, no resolverá la acumulación de solicitudes existentes, y que la cartera de Salud deberá establecer un abordaje específico para darle solución.

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Medicamentos más baratos: ¿Cómo impactará la nueva ley en el bolsillo de los guatemaltecos?

La Ley de Acceso de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias espera fecha para ser presentada en primera lectura en el Congreso, y desde ya, distintos sectores discuten sus efectos e implicaciones.

Ana Lucía Ola

27 de enero de 2025

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La propuesta de la Ley de Acceso de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias busca que la población pueda adquirir medicamentos a precios más accesibles. (Foto Prensa Libre. Hemeroteca PL)

La presentación en primer debate de la Ley de Acceso de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias ―dictamen integrado 009-2004― estuvo en la agenda que abrió el pasado 21 de enero el ciclo legislativo 2025, pero el punto no fue discutido. El proyecto de decreto llegó al pleno del Congreso de la República, luego de recibir el dictamen favorable de la Comisión de Salud en noviembre último. Este integra cinco iniciativas que buscan promover el acceso de la población a medicinas y a un precio accesible.

Pese a que comienza su periplo para ser aprobada, ya enfrenta los primeros señalamientos de sectores que discuten sus alcances y efectos.

Uno de los puntos en la mira es que prohíbe a los médicos recetar medicamentos con la marca comercial y en su lugar deben colocar el principio activo o Denominación Común Internacional (DCI), una medida que ha sido implementada en países como España.

El principio activo no es más que el ingrediente principal de un medicamento y responsable del efecto farmacológico; el DCI es el nombre común para facilitar la identificación de un fármaco a nivel internacional.  

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De acuerdo con la diputada Evelyn Morataya, presidenta de la Comisión de Salud en 2024 que dictaminó la integración de las cinco iniciativas, lo que se busca con esta medida es que la población tenga más alternativas de medicamentos para tratar sus padecimientos y no “casarse” con un nombre comercial específico.

Si el médico receta, por ejemplo, el principio activo lansoprazol ―en el mercado hay varias marcas de medicamentos y de distintos precios que lo contienen―, la persona al llegar a una farmacia y presentar la receta tendrá la opción de comprar el que más se adecúe a su bolsillo.

“No se le quita las facultades al médico para recetar, sus años de estudio no se limitan con esta ley, al contrario, vamos a devolverle una relación más cercana con el paciente, porque tendrá que explicarle qué es lo que le va a medicar”, dice Morataya.

Julio Tejada, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, menciona que varios productos pueden tener el principio activo, pero varían según la calidad de fabricación, por lo que están en desacuerdo con lo que plantea esta ley.

“Vamos a recetar, por ejemplo, paracetamol, que puede haber unos 20 productos con ese mismo principio activo, desde Q1 hasta Q20. Qué nos garantiza como médicos que realmente esos productos tienen la farmacovigilancia específica y real de que no solo contienen el principio activo, sino la concentración que los pacientes requieren”, indica Tejada.

Agrega que a través de la práctica diaria y de estudios constante que realizan sobre medicamentos es que tienen el conocimiento de que ciertos productos sí cumplen con dichas expectativas.

Los médicos señalan que no están en contra de que las medicinas sean más accesibles para la población, lo que no comparte es que se regule la prescripción.

“Al recetar estamos dando la certeza a la población de que están recibiendo productos de calidad y de que va a hacer efecto en la enfermedad por la que están consultando”, dice Tejada.

Sin embargo, al recetar solo bajo el principio activo será el dispensador de la farmacia quién al final decida cuál de esos 20 productos que contienen la molécula despachará al paciente. Esto rompe la relación médico-paciente, además de que pone en riesgo la salud de los guatemaltecos, argumenta.

Sobre este punto, la normativa establece que las farmacias son las únicas autorizadas para vender medicamentos ―excepto los de venta libre―, y que al momento en que se despache una medicina identificada por su principio activo se deberá presentar al consumidor la información de los productos disponibles ordenados por precio, comenzando por el más económico, casa farmacéutica y presentación.

“Nos preocupa que nuestros pacientes no reciban la alta calidad de los medicamentos que necesitan. Luego, a quién van a responsabilizar… al médico, porque fue quien recetó ese principio activo. Es cierto, él lo recetó, pero no le dio la oportunidad al paciente de elegir”, agrega el presidente del Colegio de Médicos.

Quienes no comparten que se recete de esta manera indican que además del principio activo muchos medicamentos están compuestos por otras sustancias ―excipientes― que en algún momento pueden ser perjudiciales para determinados pacientes, y resultaría un riesgo para la salud si les despacha dicho producto.

Por otro lado, hay fármacos que son combinados ―tienen dos o más ingredientes activos― para mejorar el efecto en el paciente, en este caso se tendrá que recetar un medicamento por cada molécula activa, según José Ernesto Galdámez, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos.

La sugerencia que, según los profesionales, hicieron a la Comisión de Salud es que a la par del principio activo se recete el fármaco de marca que ellos sugieren, pero esto no se tomó en cuenta. También pidieron que la receta lleve un timbre médico de Q5 para garantizar que esta fue prescrita por médico colegiado.

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A criterio de Morataya hay que promover y enseñar a la población que la cura de las enfermedades no está en una marca de medicamento, sino en el componente activo.

“Queremos fortalecer la relación médico-paciente, y romper ese vínculo farmacéutica-médico”, agrega la diputada, pues no descarta que haya influencia de las casas farmacéuticas para que se receten los productos que producen.

“Esta ley no busca perjudicar a nadie, sino por el contrario, queremos que haya más medicinas, a un mejor precio y de mejor calidad, y un mercado abierto”, añade la legisladora, lo que se lograría con la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS) que contempla esta iniciativa.

Detalles en la receta

La normativa también establece que la receta deberá tener los datos del médico ―nombre completo y número de colegiado―, nombre completo del paciente, el principio activo o DCI, detalle de la concentración y forma farmacéutica del medicamento, dosis prescrita y vía de administración, días de tratamiento y cantidad escrita en números; lugar, fecha, firma y sello del profesional emisor.

Además, queda prohibido que la prescripción tenga impreso la marca de un producto, propaganda de laboratorios, distribuidoras, droguerías o farmacias. La visión a futuro es que este documento sea expendido de manera electrónica.

De no cumplirse con estas disposiciones establecidas en el artículo 17 de la iniciativa de ley, los profesionales serán sancionados con apercibimiento privado la primera vez, de incurrir en la práctica una segunda vez en el año la amonestación será pública y se les multará con mil quetzales por cada receta. El correctivo sube de tono hasta la suspensión para ejercer como médicos.

Este es otro punto en que los profesionales están en descuerdo porque, a su criterio, “el único” que puede sancionar es el Colegio de Médicos y Cirujanos a través del Tribunal de Honor o bien un juzgado competente.

Además, de que es una medida incongruente cuando no se garantiza al médico una farmacovigilancia que respalde que los productos en el mercado ―los de marca o bien el principio activo― cumplen con los estándares de calidad que se requieren.

“Hay medicamentos que no tienen esos niveles, si bien, pasan todos los procesos del Ministerio de Salud para aceptar la licencia sanitaria, ya en el mercado no se sigue esa farmacovigilancia para saber si el producto cumple o no con las expectativas”, dice Tejada.

Morataya reconoce que la farmacovigilancia es indispensable para garantizar la seguridad, eficiencia y calidad de los medicamentos en el país, está sería una función de la ANRS.

Abrir el mercado

La iniciativa contempla la creación de la ANRS, una entidad descentralizada que sustituye la función del Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, a cargo del Ministerio de Salud. Será el presidente de la República el encargado de nombrar a su Director Ejecutivo.

El papel de la ANRS será determinante para abrir el mercado de los medicamentos y tecnologías sanitarias, pues tendrá a su cargo la inscripción, reconocimiento y homologación de los productos de manera más expedita.

Morataya menciona que hay fármacos que tienen “exclusividad” en el país e impiden que otros de menor precio ingresen a Guatemala. Pero con esta ley se busca que aquellos productos que tienen registro sanitario emitido por una autoridad reguladora de referencia regional nivel IV, respaldados por la Organización Mundial de la Salud, la European Medicines Agency (EMA) o la FDA, puedan ser homologados en un plazo no mayor a 30 días.

Agrega que esto ampliará la oferta. “Entre más competencia haya los precios tienen que bajar. Si vienen más medicamentos (de otros países) que puedan ser homologados de una forma más expedita, el mercado se va a abrir”, refiere.

Los plazos para el registro y autorización de productos nuevos también se agilizarían (90 días), como el tiempo para la importación de productos terminados o semi terminados para ser acondicionados localmente (30 días), entre otros procesos.

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Pros y contras

Varios son los análisis que se han realizado a nivel internacional sobre la prescripción por principio activo, o como se le conoce PPA, se habla de ventajas y desventajas al recetar.

Ventajas

• Evita errores en la prescripción y despacho de medicamentos, ya que los profesionales de la salud están más familiarizados con el principio activo.
• Favorece en la independencia de los médicos a las prácticas de marketing y de promoción de las farmacéuticas.
• Permite la prescripción de genéricos.

Desventajas

• La marca comercial permite que el nombre de un producto sea recordado con mayor facilidad, pues está diseñada para que así sea.
• Facilita la farmacovigilancia, pues se tiene certeza del producto que se evalúa.
• Evita errores en la toma de la medicación. La identificación de color, nombre comercial y envase ayuda al paciente, principalmente adultos, que toman más de una medicina, a tener presente qué medicina deben consumir.

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27 de enero de 2025

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Si bien no están en contra de que haya una ley que promueva el acceso de medicinas a costos razonables para la población, señalan vacíos en la normativa e indican que tal como está redactada no tendrá mayor impacto en una reducción de precios.

Rubén Morales, director ejecutivo del Comité Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, adscrito a la Cámara de Comercio de Guatemala (Cogrefarma), refiere que les preocupa el capítulo de la ley que aborda las prácticas prohibidas ―monopólicas―, pues el tema ya está regulado en la Ley de Competencia, que fue aprobada en noviembre pasado.   

“Al momento en que la ley pasara a la vida podría haber problemas en la ejecución, debido a que estamos hablando de dos leyes que aplicarían a un mismo mercado (al farmacéutico)”, dice Oscar Paiz, presidente de la gremial.

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También les preocupa que se traslade al dependiente de la farmacia la responsabilidad de recomendar un medicamento, pero es positivo que se presente al consumidor los distintos productos y precios que hay de un mismo componente activo, y lo que debería de ocurrir es que la persona consulte a su médico cuál de esas opciones adquirir, de acuerdo con su capacidad económica. En este caso se abriría el mercado y el paciente tendría la decisión de compra.

Agilizar los procesos de registro de productos farmacéuticos para que ingresen marcas nuevas al mercado, presionaría en la competencia para que bajen los precios de los medicamentos, pero “cómo está redactada la ley no vemos en dónde podría suceder esto”, menciona Paiz.

Por otro lado, el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (Cofaqui) señala ambigüedades en el alcance de la iniciativa, además de la “desalineación” con normativas internacionales que reglamentan el tema de los medicamentos.

Ana Lucía Fernandez Santos, presidenta de Cofaqui, menciona la falta de participación técnica para fortalecer el documento. Como gremio, agrega, presentaron un pliego de observaciones a la Comisión de Salud, las cuales no se tomaron en cuenta.

Mientras que el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala evalúa presentar un amparo preventivo por la amenaza que la normativa representa, pues a su consideración deja de lado la protección de la vida humana.

El Ministerio de Salud señala que esta iniciativa es “un paso importante para garantizar el derecho a la salud y al acceso a tratamiento médico”, a la vez que permitirá mejorar la regulación y disponibilidad de medicamentos, y que la población tenga opciones seguras y adecuadas para sus necesidades.

Hace la salvedad de que hay puntos de la normativa que se deben discutir con “mayor profundidad para lograr consensos sólidos”, para que su implementación sea efectiva y tenga un impacto positivo para los guatemaltecos.

La cartera añade que participó en el diseño de la iniciativa de ley y en las consultas realizadas por la Comisión de Salud, en las que se escuchó a distintos sectores como los colegios profesionales, empresarios y la industria farmacéutica.   

Recuerda que es labor del Congreso de la República “articular y consensuar criterios diversos que converjan en una ley que responda a las necesidades de la población”.

¿Qué contiene la ley?

El proyecto reúne las iniciativas 5901, Ley de medicinas a precio justo; la 6051, Ley general para el control de la calidad y precios de los medicamentos; la 6336, Ley de ahorro y salud hoy; la 6350, Ley de liberación de medicamentos; y 6366, Ley para el acceso a medicamentos en el sector público.

De acuerdo con la comisión, se tomaron las coincidencias y los aspectos complementarios de cada iniciativa para plasmarlos en un solo proyecto de decreto, que tuvo la retroalimentación del Ministerio de Salud y de funcionarios técnicos de la cartera, y para el que se sostuvo varias mesas de trabajo, se recibieron comentarios y observaciones de distintos sectores y entidades que pidieron participar en la revisión del documento.

El dictamen fue favorable e indica que esta ley “responde a las necesidades de salud de la población guatemalteca”, por lo que se recomienda al pleno del Congreso “continuar con su trámite legislativo hasta su aprobación final”.

La normativa la conforman 33 artículos que están distribuidos en cinco capítulos. El primero presenta los objetivos, la necesidad y el ámbito de aplicación de la ley, que es en todo el país. Además de principios y definiciones de términos que aparecen en la misma.

Presenta las obligaciones del Estado y como ente rector de la salud en el país al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que debe realizar con probidad y transparencia los procesos de adquisición de medicamento y tecnologías sanitaria, actualizar la lista de estos insumos basado en evidencia para el sector público, además, de fortalecer el Programa de accesibilidad de medicamentos, coordinar los trabajos de farmacovigilancia.

El capítulo dos presenta la creación de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS) que sustituye al Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines. Se encargará del reconocimiento y homologación de los productos velando por la calidad, seguridad y eficiencia.

Mientras que el capítulo tres menciona otras obligaciones del Estado como garantizar y vigilar el libre mercado de medicamentos y tecnologías sanitarias, la defensa de los consumidores y garantizar la asequibilidad y acceso a estos. Así como la protección de la competencia, y sancionará prácticas que perjudiquen a la población.

Es el capítulo cuatro el que más controversias genera, pues regula la emisión de recetas, y se contempla que esta sea electrónica. Hace obligatorio el prescribir los medicamentos por su principio activo o su denominación común internacional y prohíbe que se consignen marcas comerciales de productos farmacéuticos o se incluya propaganda en las recetas. Esto también alcanza a los procesos de adquisiciones públicas. Se busca que el consumidor tenga libertad de elección informada.

El capítulo cinco habla de la obligación de que haya medicamentos y tecnología sanitarias indispensables en las emergencias de los hospitales y la creación de un Programa de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables y garantizar el derecho a la salud y acceso a medicamentos.

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José Manuel Patzán

21 de marzo de 2024

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La Dirección de Atención al Consumidor (Diaco) ha efectuado operativos para verificar los precios en farmacias.(Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Durante la reunión de la comisión legislativa que analiza la iniciativa que promueve la ley de competencia, el director general y socio de Farma Value, Guillermo Aguilar, reclamó ante los diputados que no hay libertad de competencia en Guatemala para la venta de medicamentos, debido a los bloqueos que tienen para comprar medicamentos, como represalia de otras farmacéuticas por no adoptar los costos que ellos tienen en las farmacias y que, según él, son más elevados.

De acuerdo con Aguilar, se han cumplido seis años desde que Farma Value entró al mercado guatemalteco con el propósito de vender medicinas a bajo costo a través de descuentos. Sin embargo, las presiones para alinearse a los mismos precios de otras farmacéuticas les ha dificultado la operación y deben recurrir a intermediarios para adquirir el producto.

Según Aguilar, “la entrada a Guatemala ha sido una de las más peculiares”, porque comenzó con una reunión con representantes, dueños y demás participantes de la industria, quienes “muy amablemente me dan la bienvenida al mercado, me dicen aquí hay negocio para todos, solo que aquí todos damos el mismo precio”, afirmó.

Les dije que “el día que no doy descuento también dejo de ser farmacia, entonces, el distribuidor decidirá a qué precio me vende, pero con todo respeto, el precio que yo le dé a mi cliente final, responderá a mi eficiencia de operación o a mi estructura de trabajo, no es algo que voy a consultar”, expuso ante los parlamentarios.

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Advertencia

Aguilar afirmó que después de expresar el modelo de venta de la farmacéutica que representa, la advertencia de sus similares fue contundente.

“El tema es que si no te alineas no hay producto, no tendrás acceso para comprar “, fue la sentencia que según Aguilar, recibió de la competencia.

“Tuvimos que comenzar a comprar a través de intermediarios, habían como 15 compañías a través de la cuales compraba porque nuestro NIT -Número de Identificación Tributaria- estaba marcado ante los nuevos distribuidores para que no nos vendieran; al momento que identificaban a un distribuidor que nos vendía nos lo bloqueaban y teníamos que buscar a otro”, puntualizó.

En noviembre de 2022 el MP allanó 10 farmacias de Farma Value, señalados de vender medicamentos de contrabando. Aguilar afirma que el problema se debió a que el medicamento se lo compraron a un distribuidor nacional, pero no de forma directa, sino por medio de un intermediario, debido a los bloqueos que tenían para comprar.

“Lo que quisiera decirles con esto es que la entrada de farmacias de descuento tiene impactos demostrados en el nivel de precios prevaleciente. Todas las farmacéuticas están de acuerdo para dar los mismos precios”, afirmó.

Reacción

Después de escuchar el testimonio del empresario farmacéutico, el diputado Samuel Pérez, indicó que” hay un caso concreto y específico del monopolio”, que se podría regular con la Ley de Competencia.

 “Hay grupos que tienen prácticas monopólicas. El sector de medicinas es un cartel”, indicó Pérez. 

El parlamentario reiteró que La Ley de Competencias no es para reducir precios ni combatir la inflación, pero asegura que sí tendrá efectos directos en desmantelar prácticas monopólicas.

Postura

Rubén Morales, director ejecutivo de la Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos, adscrita a la Cámara de Comercio de Guatemala, indicó que como gremial manifestamos “están acuerdo con la aprobación de una Ley de Competencia en el país”.

“También queremos informar que Guatemala tiene un mercado farmacéutico muy competitivo, pues según el Ministerio de Salud hay más de 130 distribuidores de medicamentos registrados, más de 6,000 farmacias y más de 40 laboratorios farmacéuticos nacionales con buenas prácticas de manufactura. Ademas de cientos de laboratorios farmacéuticos internacionales representados en el país, lo que refleja condiciones de libre competencia”.

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En datos

El sector farmacéutico nacional está compuesto por 138 droguerías, 20 compañías farmacéuticas transnacionales y alrededor de 6 mil puntos de venta de medicamentos, incluyendo farmacias. Además, esta actividad productiva genera alrededor de 15 mil puestos de trabajo, afirma el estudio Caracterización de la industria farmacéutica en Guatemala, realizado a solicitud del Comité Gremial de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Cogrefarma), publicado en 2023.

Según con el informe, cuya elaboración estuvo a cargo de Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el gasto total de la población en bienes y servicios relacionados con la salud asciende a unos Q20 mil 184 millones en un año, que representan 3.4% del producto interno bruto (PIB) por el lado del consumo.

Dentro de estos, el gasto en productos farmacéuticos se calcula en Q8 mil 568 millones anuales, el 1.5% del PIB.

Por otro lado, en servicios médicos y dentales el gasto estimado es de Q5 mil 942 millones, que significan 1% del PIB; los servicios de hospitalización, Q3 mil 188 millones, el 0.5%; otros servicios de la salud humana se estimaron en Q2 mil 486 millones, el 0.40%.

Según con el informe, cuya elaboración estuvo a cargo de Hugo Maul, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), el gasto total de la población en bienes y servicios relacionados con la salud asciende a unos Q20 mil 184 millones en un año, que representan 3.4% del producto interno bruto (PIB) por el lado del consumo.

Dentro de estos, el gasto en productos farmacéuticos se calcula en Q8 mil 568 millones anuales, el 1.5% del PIB.

Por otro lado, en servicios médicos y dentales el gasto estimado es de Q5 mil 942 millones, que significan 1% del PIB; los servicios de hospitalización, Q3 mil 188 millones, el 0.5%; otros servicios de la salud humana se estimaron en Q2 mil 486 millones, el 0.40%.

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“Entre la fabricación, la distribución, la investigación y actividades relacionadas, su contribución económica no es despreciable, pero el principal aporte de este sector es llevar productos farmacéuticos a poblaciones o lugares donde no necesariamente existe una cobertura o presencia adecuada del sector público”, expuso Hugo Maúl, investigador del Cien.

Sobre los retos existentes, indicó que, junto con los servicios hospitalarios y médicos, los productos farmacéuticos juegan un papel importante en una sociedad, pero hay poca comprensión acerca de su funcionamiento, sobre todo porque hay amplia variedad productos, de calidades, de presentaciones, de precios y de posibilidades de sustitución de medicamentos para tratar un padecimiento.

Uno de ellos es que el sector depende prioritariamente de la importación de insumos, ya sea materias primas -como moléculas excipientes y demás productos químicos que se requieren para la fabricación local- o productos terminados. También hay productos farmacéuticos nacionales que se exportan, en especial a Centroamérica, pero cuando se analiza la relación entre exportaciones e importaciones, estas últimas son cuatro veces más las ventas al exterior: ventas anuales por US$290 millones e importaciones US$750 millones, en promedio.

Ese comportamiento es por la dependencia que se tiene de las moléculas y de los productos básicos para la formulación interna, explicó Maul, al agregar que cuando se analiza en términos generales la relación en el precio de las medicinas, se encontró que esta se da a nivel mundial, en el sentido de que los países más ricos consumen medicamentos más caros porque recurren a los originales patentados. La proporción del consumo de ese tipo de medicamentos es muy grande en Europa y Estados Unidos, mientras que en países muy pobres se consumen genéricos sin marca, que son más baratos.

Comercialización y consumo local

En Guatemala, por ser un país de ingresos medios, se consume lo que se conoce como genérico de marca, que son medicinas que tienen una marca comercial, pero cuya molécula ya no está protegida por patentes, expuso el analista.

Según el estudio, hay alrededor de 4 mil 100 registros sanitarios de medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud; también hay registros sanitarios con algún tipo de protección (por ejemplo, 16 con patente vigente y 115 con protección de Datos de Pruebas por 5 años).

Respecto a otros actores de la cadena de valor, hay 138 droguerías; 43 laboratorios que cumplen con buenas prácticas de manufactura; 3 laboratorios terceros autorizados; 20 compañías farmacéuticas transnacionales, y alrededor de 6 mil puntos de venta, incluyendo farmacias.

Al comprar medicinas, los consumidores están tomando una decisión no solo en base a un producto, sino a una combinación de calidad y precio. En resumen, los factores que influyen en la decisión de compra de medicamentos están asociados a la confianza, la reputación, la accesibilidad y la capacidad adquisitiva.

Y dentro de estos factores, hay diversos actores: mientras los médicos analizan el impacto esperado sobre la salud y la capacidad de pago existente, la consideración principal del paciente es cumplir con el tratamiento, pero evalúa factores como la confianza en el criterio del médico, el costo asociado al tratamiento, y la mejora esperada en la salud. El otro actor está compuesto por los pacientes y los seguros públicos y privados.

“Hay un nexo entre médicos y pacientes que es indisoluble; la decisión de compra está afectada por la disponibilidad de pago del paciente, pero también por la recomendación del médico y por la efectividad de los medicamentos. Todo eso da como resultado un mercado muy dinámico”, comentó Maul.

Precios y otros retos

Al ser consultado acerca de que según otros informes, en el país la medicina tiene precios entre 300% y 500% más altos que en otros países del área, el analista comentó que se han hecho aseveraciones generales, pero que el Ministerio de Salud tiene registradas más de 4 mil moléculas distintas de las que se obtienen diferentes combinaciones y presentaciones que resultan en diversidad de oferta de productos y de precios.

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Además, se detectó una diferencia alta en el tratamiento tributario de las medicinas en otros países como los aranceles de importación a materias primas o productos terminados, que puede ser un factor importante que encarece el producto en el país, aunque no en genéricos porque están libres de ese cargo.

El IVA también representa otra diferencia, pues en otros países de Centroamérica no aplica ese impuesto, lo que puede encarecer la medicina en cerca del 20%; otro aspecto es que en otros países se reportan costos más bajos porque hay listados de productos con controles de precios. “Se baja el precio de un listado de productos, pero se reduce la calidad y la variedad de lo que se ofrece”, aseguró.

Otro reto a nivel nacional, explicó Maul, es que en el sistema de salud nacional se evidencia la necesidad de una mayor cobertura de personal médico y servicios públicos en los poblados más pobres, pues la debilidad del Estado en esas coberturas provoca que en la región centroamericana, Guatemala tenga el mayor gasto de bolsillo (pagos de medicamentos, servicios médicos, exámenes u hospitalarios que realizan las familias con sus propios ingresos) de alrededor de 56%, (y recientemente, Fundesa dio a conocer que subió a 64%). Mientras que se tiene el menor gasto gubernamental destinado a salud, que es alrededor de 2.3% del PIB, incluyendo el gobierno y el IGSS.

“El sector salud de Guatemala merece ser priorizado para atender la más importante necesidad de las personas que es su salud”, indica Maúl, al referirse a los retos del próximo gobierno.

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Más datos relevantes

• Según datos del estudio, el gasto percápita en salud en el país en productos farmacéuticos es de US$65 y en el resto de gastos, de salud US$88.
• Al referirse solo a productos farmacéuticos, el gasto per cápita del Gobierno general es de US$22 que representa 0.50% del PIB, mientras que el gasto per cápita de hogares en ese rubro es el triple, con US$64, es decir 1.5%
• Respecto a las farmacias existentes, las que son de uno, dos o tres establecimientos, son más del 50% del mercado. El resto está formado por cadenas de marca o las que tienen entre 5 establecimientos en adelante.

Por aparte, el presidente de Cogrefarma, Óscar Paiz,  indicó que hay más de 130 distribuidores que representan distintas marcas por lo que hay variedad de productos en Guatemala y eso genera competencia en el mercado, pues a veces hay hasta 20 opciones de un mismo producto.

El directivo dijo que lo preocupante es que Guatemala es uno de los países con menor porcentaje de inversión estatal en salud en relación con el PIB, por lo que recomienda trabajar de la mano con el sector privado para que se pueda incentivar la inversión y llegar a mucha más gente.

“Desde el área privada, el acceso es muy grande, ya que hay alrededor de 6 mil 500 puntos de venta, incluidas farmacia, aunque en algunos departamentos con menor cantidad que otros, además de que el Gobierno tiene Proam, en donde compra a precios de contrato abierto”, mencionó.

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Respecto a los precios, el ejecutivo dijo que Guatemala está en el cuarto lugar por debajo de otros países de Centroamérica y no es el que tiene los precios más altos.

Explicó que aunque quienes hablan del tema pueden decir que hay algunos productos específicos que son más caros en Guatemala, la industria nacional es muy competitiva y también ofrece productos genéricos de muy buena calidad a precios muy accesibles.

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El cambio más drástico en la norma que derogó la anterior es que los laboratorios y médicos que participen en el ensayo deben estar acreditados por el departamento de Control y Regulación del Ministerio de Salud, que además acompaña en todo el proceso del estudio, informó el viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Frank Pérez.

“Estas normativas favorecen el control en el manejo de los procedimientos para que no hagan pruebas que no beneficien al paciente”, explicó el viceministro.

Según el funcionario, a diferencia de las normativas anteriores, la más reciente publicación hace más claros los métodos de protección a los sujetos de ensayos clínicos, entre ellos la firma de un seguro y garantía de indemnización.

Con la nueva norma se autoriza comenzar con una investigación clínica cuando esta haya sido autorizada por el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines y el proyecto final de la investigación debe ser revisado y aprobado por un Comité de Ética en Investigación.

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El artículo 5 de la nueva norma establece que “(…) los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos prevalecen sobre cualquier otro interés”. Además, indica que se deben respetar los derechos del sujeto a su integridad física y mental, y a su intimidad.

En el artículo 6 también se norma que el ensayo clínico debe estar diseñado para reducir al máximo posible el dolor, la incomodidad, el miedo o cualquier otro riesgo previsible en relación con la enfermedad, edad o grado de desarrollo del sujeto.

También se amplían los requisitos para poder hacer ensayos clínicos en poblaciones vulnerables, es decir en personas con características demográficas, fisiológicas, sociales, ocupacionales o económicas susceptibles de sufrir daño o son incapaces de proteger sus propios intereses y autonomía. Entre ellos se menciona a niños, ancianos, analfabetas, enfermos mentales, privados de libertad, soldados, empleados, pacientes terminales y mujeres en edad fértil.

La indemnización se fija en la normativa en caso de un ensayo clínico con productos en fase de investigación clínica, o para nuevas indicaciones de medicamentos ya autorizados o cuando no exista interés terapéutico para la persona.

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Además, de la acreditación y la aclaración de los métodos de protección para los pacientes, la cartera da garantía de que se verifica que los productos que se utilicen no afecten la salud de los sujetos de ensayo.

La necesidad de regular estas investigaciones es porque en las prácticas anteriores, según Pérez, las farmacéuticas contactaban a un médico, quién decidía por su cuenta a qué paciente entregar el medicamento de prueba y a quién el placebo, lo que podía traer consecuencias fatales.

Pocos ensayos en el país

El viceministro aseguró que en el país no son constantes los ensayos clínicos y que los interesados en hacerlos son las empresas farmacéuticas, entidades específicas y empresas que invierten en investigación.

“En Guatemala la investigación es limitada”, afirma Pérez.

Lo mismo confirma Enrique Aguilar, de la Gremial de Fabricantes de Productos Farmacéuticos, quien señala que solo es la industria extranjera la que realiza ese tipo de estudios, no la nacional y que generalmente se hace para medicamentos nuevos, por lo que no es recurrente.

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Falta de socialización

Cesar Conde, vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala, afirmó que hace falta la socialización de estas normativas pues no se tenía conocimiento sobre las reformas a esta.

Además, el químico biólogo dijo que esta es una constante pues muchas veces el ministerio promulga acuerdos sin previa socialización, con lo que es más probable que se incumpla con la norma vigente por desconocimiento.

Además, según Conde, esa falta de socialización también provoca que la población no esté bien informada. Un ejemplo de ello es el acuerdo que prohíbe la venta de antibióticos sin receta médica.

Experimento con guatemaltecos

Durante la década de los años 1940, científicos de EE. UU. infectaron a mil 500 guatemaltecos con sífilis, gonorrea y chancroide para comprobar la eficacia de la penicilina.

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La información sobre esas inoculaciones se hizo pública en el 2010, cuando se detalló que de 1946 a 1948 se infectó a soldados, trabajadoras sexuales, personas con enfermedades mentales y privados de libertad, quienes fueron utilizados como “conejillos de indias” durante una investigación dirigida por el doctor John Cutler.

Los procedimientos que se utilizaron en esa época no fueron éticos ya que las víctimas no estaban informadas sobre lo que ocurría.

Cutler trabajaba en la Oficina Sanitaria Panamericana, precursora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Respetar los derechos

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, asegura que las reformas a la norma que regula los ensayos médicos en humanos son buenas pues se incorpora a la regulación nacional estándares internacionales reconocidos por la OPS lo que dignifica a los seres humanos que colaboran.

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Entre los beneficios, Rodas destaca que se genera conocimiento para la población, pero también hay medios que sirven para proteger y promover la salud de las personas.

Sobre las investigaciones en el país, el procurador considera que es importante que se fortalezca a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología para que tenga capacidad de desarrollar proyectos de investigación, así como la promoción de intercambios para contribuir al desarrollo de talento humano y desarrollar conocimiento en el país.

Rodas destaca experiencias exitosas de investigación en la Universidad de San Carlos, a través de la Facultad de Ciencias Médicas, y en la Universidad del Valle de Guatemala que tiene una normativa y un Comité de Ética en Investigación.

“Sin duda, impulsar la investigación requiere voluntad e interés de los centros de investigación, pero también es importante la participación de otros sectores, con estos se pueden buscar soluciones a problemas que afectan el desarrollo y dignidad de nuestra sociedad, como la desnutrición crónica y la desnutrición aguda”, estima el procurador.

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Una de las compañías acusadas es la israelí Teva Pharmaceutical Industries, la productora de medicamentos genéricos más grande del mundo.

Se acusa a Teva y otras 19 firmas de embarcarse en “una de las conspiraciones más atroces y dañinas en la historia de Estados Unidos”.

Teva, que niega las acusaciones, anunció que se defenderá.

Un representante de la compañía en Estados Unidos dijo que la empresa israelí “no se ha involucrado en ninguna conducta que pueda conllevar responsabilidad civil o penal”, según informó la agencia de noticias Reuters.

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Subidas de hasta el 1.000%

La querella, resultado de una investigación de cinco años, acusa a las firmas farmacéuticas de participar en un pacto para subir exageradamente los precios, en algunos casos más del 1.000%.

La demanda la interpuso el pasado viernes el fiscal general del estado de Connecticut, William Tong.

“Tenemos pruebas de que la industria de los medicamentos genéricos perpetró un fraude de miles de millones contra el pueblo estadounidense”, declaró Tong.

“Tenemos correos electrónicos, mensajes de texto, registros de llamadas y testimonios de exempleados que creemos probarán que hubo una conspiración de años para acordar los precios y fragmentar el mercado para un elevado número de medicinas genéricas”.

Según la demanda, la manipulación de precios se produjo entre julio de 2013 y enero de 2015.

Además, 15 individuos aparecen mencionados como demandados. Se los acusa de supervisar a diario el plan de fijación de precios.

Sistema de salud en el debate

El fiscal Tong señaló que la investigación puso en evidencia por qué el costo de los servicios médicos y las medicinas es tan alto en EE.UU.

El sistema de salud estadounidense ha estado en el centro del debate político en el país desde hace años.

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El presidente Donald Trump ha prometido en repetidas ocasiones que desmantelará la ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible que impulsó Barack Obama y popularmente se conoce como Obamacare.

Esa ley fue diseñada para hacer que los gastos médicos fueran asequibles para muchos estadounidenses que se han visto expulsados del sistema por su elevado costo.

Algunos estados sostienen que eliminar Obamacare perjudicará a millones de estadounidenses que tendrán problemas para hacer frente a los precios de la atención médica.

Resalta que el 90 % de la donación de material médico quirúrgico e insumos que  fue  contabilizado hasta el martes último, no cuentan con fecha de vencimiento.

Explica que entre los hallazgos también se detectó que la  máquina de hemodiálisis  fue catalogada como obsoleta por el personal médico, quienes manifestaron que ese equipo está en desuso; además, que  el hospital no cuenta con área de nefrología.

El Gobierno se ha visto en aprietos ante una denuncia de que hay insumos con fecha de caducidad cercana en la donación que organizaciones y laboratorios hicieron al Ministerio de Salud, lo cual acepta, pero hubo un desliz en la comunicación a los medios que aludió a “medicamentos vencidos” que avivó la polémica en redes sociales. 

El asunto de los insumos vencidos se hizo público por una auditoría que la PDH hizo a la donación, la cual concluyó en la existencia de artículos cuya vida útil ya caducó. Algunos medios de comunicación publicaron a raíz de eso que había medicamentos en este estado, lo que comenzó a polemizarse como “medicinas vencidas en la donación”.

El presidente Jimmy Morales, durante una visita a Champerico, Retalhuleu, reconoció que la crisis en el sistema de salud no es nueva y agradeció la labor de la PDH en la revisión de los medicamentos. Pidió a esta entidad que apoye al
Gobierno en la fiscalización del producto farmacéutico y el Ejecutivo determinará si son productos donados.

Morales también explicó que no se declara estado de Calamidad por la crisis salubrista, para evitar que se señale al Gobierno de aprovechar la situación y abusar de las compras a discreción que se pudieran realizar durante la excepción.

Algunos de los insumos vencidos

• Agua estéril: 500 ampollas con fechas de vencimiento a octubre de 2014.
• Fibra cel tabletas: 17 cajas de 100 unidades (1,700 tabletas) vencidas en febrero de 2016.
• Solución glucosa y cloruro de sodio de 500 ml, 100 vencidos en noviembre de 2014.
• Pacifen tabletas, 6 miligramos . Alrededor de 10 cajas vencidas en julio de 2014
• Cefixime gránulos para suspensión. Alrededor de 25 frascos vencidos en octubre de 2015.
• Valsartan tabletas. Alrededor de 15 cajas vencidas en agosto de 2014.
• Equipo de hemodiálisis (se estimó alrededor de 100): El cual en su mayoría se encuentra vencido (abril de 2015) y/o próximo a vencer ( marzo o abril de 2016).
• Estilete entubador con funda de satín. Alrededor de 150. Vencidos en abril de 2015.
• Catéter de retención urinaria. Alrededor de 200. Vencidos en julio de 2015.

Se pronuncia

Según  el Ministerio de Salud, ninguno de los medicamentos que componían parte del aporte recibido por la comunidad de donantes  se encontraba fuera de uso al momento de su recepción y entrega.

Añade que algunos que se incluyen en el informe de la PDH y  de los que se han publicado fotografías, no corresponden al lote donado.

Afirma que el martes último, Jaime Alvarado, director del Hospital de Huehuetenango, informó que  los medicamentos fueron introducidos a las bodegas con mala intención.  

Estos son otros de los medicamentos que fueron entregados al Hospital de #Huehuetenango con fecha vencida. Vía: PDH pic.twitter.com/KEGdPLYw7N

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 10, 2016