Analizan el potencial e impacto de la habilitación de parques industriales en Guatemala

Con base en la experiencia de otros países de la región centroamericana, la OCDE presentará un pliego de recomendaciones para el desarrollo del sector en Escuintla.

Urias Gamarro

1 de julio de 2024

|

05:00h

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La OCDE estudiará el impacto de la construcción del complejo Synergy Industrial Park en Escuintla. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Maya Camacho, analista de políticas de la unidad de atractivo regional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estuvo recientemente en Guatemala para iniciar un proyecto de atracción regional de inversiones.

Se trata de la primera misión que se denomina “contacto de primera mano”, para conocer y entrevistar a representantes de distintos sectores y más adelante, arribará otra misión de expertos internacionales. La idea es brindar recomendaciones y la ejecución de un plan de acción, en este tipo de proyectos.

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El pasado 25 de abril inició la construcción del complejo Synergy Industrial Park, con una inversión de US$20 millones, que se ubicará en el kilómetro 53 de la carretera al Pacífico, impulsado por las firmas Spectrum y Grupo Pantaleón. 

¿Cuál es el objetivo de su visita a Guatemala?

En esta unidad de atracción regional, estamos desarrollando un proyecto que se denomina “repensar en el atractivo regional para el desarrollo inclusivo y sustentable de Escuintla”.

Nuestro objetivo principal, es apoyar a Guatemala en el fortalecimiento del atractivo para un desarrollo inclusivo y sustentable, en línea con el Plan de Gobierno y los 10 ejes que ha mencionado el presidente Bernardo Arévalo para mejorar las condiciones de los ciudadanos.

Hay que aclarar, que Guatemala no es miembro de la OCDE como tal, pero es parte de un brazo de la organización que es el Centro de Desarrollo, que incluye a países de África, Asía y América Latina para facilitar el diálogo sobre políticas públicas con un enfoque de economías emergentes y de desarrollo.

¿Qué significa?

Al ser miembros del Centro de Desarrollo desde 2019, nosotros tuvimos el interés de desarrollar el proyecto de repensar el atractivo regional y el interés de trabajar con el Grupo Pantaleón, porque queremos aprovechar el potencial del proyecto del parque industrial que la organización está llevando a cabo, como un detonador para el desarrollo nacional.

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Desde 2020 hemos venido trabajando en 10 países de distintas regiones sobre el tema del atractivo regional porque hay un entorno global cambiante debido a múltiples alteraciones, ya sea desde la crisis del covid-19 hasta el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto se puede ver algo lejos de América Latina, pero al final hay un alto impacto en las cadenas globales de valor y alzas en las tarifas de energía que afecta las tasas de inflación a escala mundial.

En algo que llamamos en la OCDE “el impacto de las megatendencias”, como el cambio climático, la digitalización, cambio demográfico y todos estos impactos globales, vemos que se dan de una manera asimétrica en los países y regiones, pero que han afectado de distinta manera y por eso hemos empezado a trabajar sobre cómo hacer que el atractivo regional sea una herramienta para el desarrollo.

¿Cuáles son los principales antecedentes de lo que se busca hacer?

Hemos trabajado en 25 regiones, muchas en Europa, pero también en América Latina. En Colombia con la región del Pacifico, en Chile en Valparaíso y Magallanes y en Argentina en la provincia de Misiones, que está en la frontera con Brasil. Nuestro objetivo principal es apoyar a Guatemala para  analizar las políticas públicas de atractivo regional.

¿Qué se realizará en Escuintla, Guatemala? 

Como OCDE se realizará un diagnóstico para brindar recomendaciones sobre el intercambio de buenas prácticas que ayuden al desarrollo inclusivo y sustentable de la región, que incluye al parque industrial y todos sus alrededores, porque las zonas económicas especiales son muy importantes como detonador y herramienta del desarrollo regional.

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Hay que tomar en cuenta que muchas veces ha habido críticas a los parques industriales, porque puede haber externalidades negativas, pero lo que nosotros vemos aquí como aspecto positivo es que hay una buena gobernanza interna y externa. Una zona económica y un parque industrial puede ser un catalizador del desarrollo nacional.

En general, ¿cuál es la temática que abordará el diagnóstico?

El grupo Pantaleón colabora con la OCDE con un reporte sobre el desarrollo regional de Escuintla, que para nosotros es de mucho interés, como lo hemos indicado en el reporte “Perspectivas Económicas para América Latina y el Caribe”. Para lograr un desarrollo sustentable en los países de América Latina, la receta que hemos visto es que se deben aumentar los niveles y la calidad de inversión para detonar ese desarrollo.

Entonces, lo que se necesita son estrategias de inversión proactivas para acelerar el progreso económico, social y así remediar los desafíos estructurales que existen. En los países de Latinoamérica, incluyendo a Guatemala, se deben ofrecer oportunidades en los sectores industriales, salud, agroindustria y turismo, adoptando una nueva agenda para impulsar el crecimiento.

¿Qué ejes se analizarán?

En primer lugar, hacemos un análisis de la posición de Escuintla en lo internacional, es decir, su atractivo a escala nacional y subnacional para la región.

Luego en la OCDE hay una metodología que se llama “brújula de atractivo regional” y con los datos disponibles, se hace una evaluación de todas las fortalezas y debilidades de la región y hacemos una evaluación con distintos indicadores.

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Como ejemplo, tenemos seis dominios: el atractivo económico, suelo y vivienda, cohesión social, conectividad y medio ambiente y evaluamos como se posiciona el área, por lo que vamos a crear esta brújula de atractividad a la región de Escuintla.

Nuestro interés no es brindar una puntuación buena o mala, sino simplemente ver como se posiciona y crea un perfil de internacionalización y a partir de ahí, brindar recomendaciones de políticas públicas.

¿Cómo cuáles?

En casos específicos, cómo mejorar el clima de negocios e inversión; la gobernanza pública mediante regulaciones eficientes con mayor transparencia; fomentar los sectores estratégicos y oportunidades de crecimiento que ya existen, como agricultura y energías renovables, así como enfocar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, de agua, transporte y energías limpias.

Es decir, favorecer y promover la mayor inversión de calidad para implementar una estrategia de desarrollo productivo y de creación de empleo.

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¿Cuándo estaría concluido el reporte?

El proyecto es de un año y para finales del 2024 quizás se contará con un borrador, para poderlo presentar a principios del 2025.

¿Qué conclusiones podrían esperarse?

No quisiera adelantar ninguna conclusión sobre el proyecto, pero algo importante es hacer un mapeo institucional y ver como se logra una gobernanza multinivel. Cómo se coordinan los actores públicos nacionales, locales y subnacionales con los de la iniciativa privada, cómo interactúan y ver qué retos y oportunidades hay.   

Nosotros no solo analizamos el atractivo regional con factores económicos como la atracción de capital, sino que todo el conjunto a nivel de bienestar social.

¿Qué seguimiento se espera para las recomendaciones?

Una parte del proyecto es el de las recomendaciones, pero otra es la implementación, para que no sea un reporte de recomendaciones que se quede en un cajón, sino crear un plan de acción y capacidades.  

La directora del Secretariado del Foro Global, Zayda Manatta, dijo en una entrevista a la agencia EFE en Lisboa, Portugal, que “Guatemala no tuvo una buena nota en su evaluación. “Nos cuentan que han hecho progresos, pero no hasta un punto que puedan solicitar un análisis suplementario”.

Y destacó que el tema del secreto bancario todavía es muy importante en el país y que específicamente, había una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre que no se podía superar el secreto bancario para fines de intercambio de información, “así que esto es un obstáculo muy importante para nosotros”.

No obstante, indicó que la corte decidió levantar el secreto bancario, “pero como el foro no ha llevado a cabo una evaluación efectiva, esto no aparece representado en el informe”.

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Para efectos de la evaluación anual, el foro cuenta con dos mecanismos: uno por el que las autoridades fiscales de los países proveen, previa petición, cualquier información que pueda ser pertinente; y la otra, automática por la que envían cada año datos predefinidos.

La representante de la OCDE enfatizó que “al día de hoy, la mayoría de las naciones están dispuestas a intercambiar este tipo de datos, porque nadie puede ir al público y decir estoy a favor de la falta de transparencia, ya no es algo aceptable.

Interpretación

La posición de la OCDE está ha generado diversas reacciones. Esto, considerando que desde el 2019 -antes de la pandemia- el referido organismo internacional había señalado a Guatemala como “país no cumplidor en materia de transparencia fiscal”, cuando se hizo la evaluación y suspensión del temporal del artículo 30 “C” del decreto 6-91, Código Tributario, que fue suspendido temporalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Poco después, se resolvió en definitiva respecto a que la autoridad tributaria puede tener acceso a la información bancaria de los contribuyentes por orden de juez competente en esa materia fiscal. De hecho, el artículo 30 de esa normativa, Información respecto de terceros, establece que, “en ejercicio de su función de fiscalización, la Administración Tributaria podrá requerir directamente de cualquier entidad o persona, ya sea individual o jurídica, incluyendo las instituciones vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Bancos, información referente a actos, contratos u otros hechos o relaciones mercantiles con terceros, generadores de tributos, siempre que no se viole la garantía de confidencialidad establecida en la Constitución Política de la República y las leyes especiales, el secreto profesional y lo dispuesto en este Código”.

Para Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Abelardo Medina Bermejo, ex intendente de recaudación y fiscalización de la SAT, hay una lectura sobre lo expuesto por Manatta:

Medina recordó que desde hace algunos años, Guatemala se adhirió al Foro de Transparencia Global (FTG) de la OCDE, con el fin de atender los requerimientos de transparencia financiera y fiscal internacional y evitar, de esa forma, ser considerado un país no cooperante en materia de transparencia internacional y por lo tanto, una jurisdicción no apropiada para realizar inversiones, por su opacidad financiera (guarida fiscal).

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Y como parte de los compromisos adquiridos, cada Estado debe proceder a facilitar el intercambio de información con los otros Estados parte, tanto a requerimiento directo, como en forma automática, cuando se trata de atender información periódica.

“Lamentablemente, en Guatemala hay una visión distorsionada de lo que implica el secreto bancario, lo que ha impedido que la SAT pueda atender diferentes requerimientos de otras naciones, además de que aún no existen los cuerpos legales que le darían la factibilidad real a este mecanismo.

Por ello, dijo que el FTG evalúe a Guatemala como no cumplidor en materia de transparencia financiera internacional, lo que produce es que seamos vistos como un país opaco, que no coopera con la transparencia financiera y potencialmente como un destino no apropiado para las inversiones del mundo, debido a la opacidad.

“En todo caso, que el FTG siga calificando a Guatemala, luego de varias oportunidades, como no cooperante, nos demuestra que los esfuerzos que se han realizado no han sido suficientes para lograr que el país sea bien visto en el concierto de naciones, como un territorio apto para las inversiones y para la cooperación internacional”.

Cambiar posición

Zapata consideró que es importante el hecho de que el Foro no ha llevado a cabo una evaluación efectiva sobre el tema del levantamiento del secreto bancario, por lo que no aparece representado en el informe; cuando eso suceda, la evaluación puede cambiar.

Pero hizo la salvedad de que Guatemala debe invertir más en el intercambio de información para fines fiscales, especialmente a través de la digitalización de procesos. “Por ello es importante reconocer que el progreso hoy no es uniforme, pues hay países que están mucho más avanzados y hay otros que hoy están comprometidos”.

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Por otro lado, se indicó que a pesar de que Guatemala tiene suscritos varios Acuerdos de Intercambio de Información con otros países del mundo, en la práctica no funciona ninguno; “no por falta de esfuerzos diplomáticos, sino porque las autoridades financieras y fiscales no han logrado que en el Congreso de la República se realicen los cambios legales necesarios para avanzar en los procesos correspondientes”.

También, aunque se ha avanzado en la posibilidad de determinar los beneficiarios finales de las empresas, así como garantizar que todas las acciones que se emitan sean nominativas, los mecanismos de control y el suministro de información son muy limitados y las sanciones por falta de cumplimiento siguen siendo muy débiles.

Sobre este tema se solicitó una postura institucional a la unidad de comunicación de la Superintendencia de Administración tributaria (SAT), pero al cierre de nuestra edición, no había una respuesta.

¿Por qué el interés de la OCDE?

A los consultados se les preguntó: Desde el punto de vista tributario, ¿por qué es de interés la posición de la OCDE para Guatemala en este tipo de evaluación anual?, a lo que Zapata respondió: “La transparencia es clave para la atracción de inversiones.  Nuestro país tiene el enorme reto de combatir la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, especialmente porque 70% de nuestra población económicamente activa trabaja en la informalidad.  Adicionalmente, se necesita aprobar más acuerdos para evitar la doble tributación.

Medina enfatizó que aunque los controles de tributación internacional y dentro de ellos los asociados al manejo abusivo de Precios de Transferencia en el país son muy incipientes, el intercambio de información con otras jurisdicciones permite conocer apropiadamente la valoración de las transacciones que se realizan con otros países, a fin de determinar apropiadamente los precios de las operaciones de comercio internacional y también de ingresos y pagos por operaciones externas (por eso, a los otros países les interesa conocer los datos que hay en Guatemala, respecto a sus residentes).

“Sin embargo, aunque es muy importante para el ámbito tributario, lo más preocupante en la actualidad es que Guatemala sea vista como un país opaco en materia de transparencia, lo que produce que haya menos inversionistas interesados en el país, porque obviamente no quieren que en el futuro la localidad en que estén ubicados sus recursos, sea sancionada por ser no cooperante”.

Visión 2024

Los especialistas también brindaron una expectativa de lo que pueda ocurrir en la próxima evaluación del 2024, ya con nuevas autoridades electas.

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Al respecto Zapata enfatizó: “para el Ministerio de Finanzas debe ser una prioridad mejorar el intercambio de información, destinar recursos y capacitar a más personal en esa tarea.  Latinoamérica perdió el equivalente al 6.1% del PIB de la región debido a los incumplimientos tributarios.  Guatemala necesita crear unidades específicas y la asignación de recursos para personal, formación y herramientas técnicas.

Según Medina, el problema no es fácil de resolver, dado a que tanto la élite financiera y económica, así como diversos cuadros del Gobierno manifiestan una natural renuencia a que exista la posibilidad de conocer sus transacciones reales en el sistema financiero, lo que le permitiría a la SAT tener mejores resultados recaudatorios. Debido a esta situación, el país no está atendiendo los requerimientos que otras administraciones tributarias del mundo le realizan y por ende, el país se considera opaco”.

A su criterio, los primeros pasos giran en torno a flexibilizar los mecanismos para que la SAT tenga acceso a la información bancaria para atender los requerimientos planteados, así como crear los mecanismos necesarios para tener un apropiado control de las acciones nominativas, los beneficiarios finales de las empresas y otros mecanismos que han sido dispuestos por la OCDE.  “Resolverlo para tener una mejor calificación en el corto plazo es difícil, pero si no se hace, pronto Guatemala podría empezar a ser vista internacionalmente como una guarida fiscal”.

Con información de EFE

Analistas y autoridades coincidieron en que en esta evaluación se debe a la suspensión temporal del artículo 30 “C” del decreto 6-91 del Código Tributario, que este 3 de agosto cumple el primer año de la suspensión por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC).

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Juan Sebastián Blas, director de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas (Minfin), dijo que se bajaron dos escalones en la calificación (de inversión) por no cumplimiento y “hasta el momento se está esperando el documento el documento final”.

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La calificación es de “no cumplidores”. Explicó que las acciones de la CC sobre el artículo 30 “C” del Código Tributario tuvo una incidencia directa sobre el acceso a la información bancaria.

Pero también hay otros estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), así como los registros de los beneficiarios finales. Además, que la OCDE cambio la metodología en 2018 y el acceso a la información lo están midiendo (ahora) de forma automática.

“Habíamos cumplido con el estándar internacional en el 2016, y ahora la calificación es que no se cumple con el estándar internacional en el intercambio de información”, reconoció el técnico.

De momento, dijo Blas, se están observando cuáles son los factores que se evaluaron por parte de la OCDE, pero en una buena medida fue la acción de amparo de la CC sobre el artículo 30 “C” del Código Tributario.

Eso se impide el acceso a la información bancaria, subrayó.

Desde el 3 de agosto del 2018, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), no tiene acceso a la información de los contribuyentes y el único mecanismo es por medio de una orden de juez competente.

“Era de esperarse”

En el tema de acceso de información bancaria para fines de fiscalización, Abelardo Medina Bermejo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), detalló que el incumplimiento ya se esperaba y era “una muerte anunciada”, por parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Tributarios.

Ahora se espera que la CC resuelva en materia legal y tanto el Ejecutivo como el Legislativo deben de correr para corregirlo.

Si no hay ningún problema, dijo, la CC debe desentrampar en definitiva y que la SAT pueda cumplir con los acuerdos de intercambio de información.

Añadió que se debe resolver el tratamiento a las acciones al portador, en la cual se emitió una legislación que estaba prohibida estas acciones, no se definió el plazo para transformar a nominativas estas acciones al portador, las sanciones, procedimientos y eso está en el limbo.

Por el lado lavado de dinero, la Superintendencia de Bancos (SIB) ha logrado perseguir la apertura de cuentas, pero se carece de análisis de apertura, lavado de dinero en grandes estructuras financieras.

“El paso urgente que se tiene que dar es que la SAT recupere la capacidad para lograr acceso a la información bancaria, que dará la posibilidad de fiscalizar y perseguir la información que ellos necesitan”, afirmó Médina Bermejo.

Lo ideal es que el país pase de no cumplidores a parcialmente cumplidores, resaltó.

Apoyo a la OCDE

Blas confirmó que Guatemala solicitará cooperación y asistencia técnica a la OCDE en breve y de cara a la evaluación de los próximos dos años. El funcionario afirmó que la asistencia técnica será para a la SIB, Registro Mercantil, SAT para volver a alcanzar las acciones.

Tanto Blas como Fernando Suriano Buezo, intendente de Recaudación de la SAT, confirmaron que no existe un monto para cuantificar cuanto representó en términos de cobranza la suspensión del artículo a un año de la suspensión temporal.

“Es un instrumento de apoyo y de análisis, pero es muy difícil hacer una proyección de lo que ha representado al fisco no contar con esa herramienta”, manifestó el intendente.

El director afirmó que es difícil evaluar los efectos, “porque en parte, la resolución de la CC, como esta en función de los riesgos de los contribuyentes de pagar o no pagar, es muy impreciso calcular los impactos recaudatorios y es un proceso muy complejo”.

Posibles impactos

Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), es una percepción de paraíso fiscal y eso hay que revertirlo.

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Mencionó que aún no está la definición final del informe y que hasta este miércoles, el grado de calificación de inversión para Guatemala era cuatro en los exim bank (bancos de comercio exterior) y no había variado.

En todo caso, si baja dos escalones a seis, las consecuencias serían en un posible incremento para las tasas de interés en créditos o préstamos que se adquieran en las actividades de comercio exterior.

Blas dijo que para la próxima semana se espera la versión final.

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La ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, explicó que la petición tiene como fundamento adoptar, lo más pronto posible, estándares de políticas públicas para reducir los índices de pobreza y mejorar las condiciones y bienestar de los ciudadanos.

“Para nosotros es de mucha importancia, porque creemos que a través de este centro de desarrollo podemos mejorar también todos los temas de políticas públicas y el tema de Gobierno Abierto”, aseguró luego de finalizar la reunión de Gabinete General.

Según la canciller, Guatemala cuenta con el apoyo de varios países para ingresar, como Perú, Costa Rica, España, Israel, Uruguay, Japón, Colombia, México, Argentina, Italia, Bélgica, Brasil y Panamá.

En el documento que se presentó, Guatemala expuso que se “avanza en la adopción de estándares de transparencia e intercambio de información, además de promover la creación de un Estado abierto a través del Plan de Acción de Gobierno Abierto”.

La solicitud fue planteada por los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y el comisionado presidencial de Gestión Pública y Transparencia.

“A raíz del fortalecimiento institucional que se ha vivido desde el 2015, políticas de gobierno y una agenda legislativa que busca la transparencia, la facilitación del comercio y la reactivación económica incluyente y sostenible, haciendo inversiones notables en salud, educación, seguridad y justicia”, resaltó Acisclo Valladares Urruela ministro de Economía, al presentar la solicitud a los miembros de la OCDE.

Guatemala hace solicitud para poder ingresar al Centro de Desarrollo @OECD_Centre con sede en París #Francia. El requerimiento lo presentan autoridades del @GUATEMINECO y @MinexGt este lunes. (Foto Minex). @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/y0z5y99yWl

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 2, 2018

Guatemala salió de la lista de países calificados como paraíso fiscal para la evasión y países no cooperantes de la Ocde, luego de que en el 2016 el Congreso aprobara las reformas a la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la liberación del Secreto Bancario, para fines de investigación fiscal.

“Medida buena, pero tardía”

David Casasola, analista de Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y Karin Slowing, exjefa de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), calificaron la medida de positiva, pero tardía.

“Es una asesoría y una orientación de proyectos que se está solicitando, pero debe transcender para los próximos gobiernos en reducir la pobreza y desnutrición en políticas a corto y mediano plazo”, aseguró Casasola.

El investigador dijo que a pesar de que existe el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que tiene que ver con la iniciativa de mejorar el bienestar de las familias por medio de programas, es una cartera que “no ha logrado alcanzar sus resultados y no ha reflejado un impacto real”.

“El Mides tiene una factura social pendiente”, destacó Casasola.

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Slowing agregó que la agenda social quedó relegada y no hubo un enfoque de compromiso en reducir la pobreza, luchar contra la desnutrición crónica en las áreas afectadas y programas de seguridad alimentaria, por parte de las autoridades. Además, hubo una rotación constante en el Mides, consideró.

“La Ocde tiene un equipo de primera calidad, pero en este Gobierno se han cometido varios errores y la atención social no fue una prioridad”, opinó Slowing.

Problema profundo

A decir de Casasola, la política de generación de empleo sobre todo para atender a la juventud que se inserta al mercado laboral, puede ser una solución a corto plazo y evitar en parte la migración legal de jóvenes hacia los Estados Unidos, aspecto que trató recientemente el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.

“Con solo crear nuevos puestos de trabajo en áreas donde están los jóvenes, se pueden mejorar los indicadores de pobreza y pobreza extrema”, subrayó.

Cada año, más de 200 mil jóvenes se integran a la masa laboral por cumplir la mayoría de edad o bien, finalizan su ciclo de estudio de educación media, pero no consiguen un empleo, señaló el analista.

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La exjefa de Segeplan comentó que también se deben atender programas que son básicos como salud materna, infantil, educación, agua y saneamiento.

“No se puede hablar de desarrollo integral cuando no hay disponibilidad de estadísticas para enfocar las políticas públicas y las últimas muestras ya están desactualizadas”, refirió.

Pobreza en el país

La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2014) determinó que la pobreza se ubicó en 59.3% y la pobreza extrema en 23.4%.

El estudio detalló que 9.4 millones de guatemaltecos se encuentran en la línea de la pobreza y que 3.4 millones viven en pobreza extrema.

La Encovi determinó también que Alta Verapaz y Sololá cuentan con los índices más altos de pobreza con 80% y 77.5%, respectivamente.

Qué es la Ocde

Tiene como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo y fue fundada en 1961.

Ofrece a los gobiernos trabajar conjuntamente experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes.
Se involucra en áreas como cambio económico, social y ambiental, medir la productividad, y los flujos del comercio e inversión. También estándares internacionales en el tema de políticas públicas.

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