La aprobación de las reformas a la Ley de Migración en el Congreso de la República, el 1 de febrero pasado, fue aplaudida por el presidente Alejandro Giammattei, así como por otros funcionarios que tienen que ver con asuntos migratorios.

La ley incrementó de ochos a 30, los años máximos de cárcel para aquellas personas que trafiquen migrantes, e incluye un aumento de dos terceras partes de la pena si en el tráfico están involucrados menores de edad, mujeres embarazadas o si el migrante muere en el trayecto, entre otros agravantes.

Analistas advierten que, si bien es cierto, el tráfico ilícito de migrantes es un delito que debe combatirse con todo rigor, existe una realidad innegable y que cuando un país endurece las leyes migratorias o aumenta las restricciones para tratar de aplacar este fenómeno, al mismo tiempo crecen los precios de los servicios de coyotaje.

Hacen a observación de que, en 2015, cuando se legisló el delito de tráfico ilícito de migrantes y se establecieron penas de seis a 10 años de prisión, el valor de los viajes aumentó considerablemente.

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El incremento de los precios ha sido paulatino desde inicios de siglo cuando los viajes se cotizaban desde US$2 mil —unos Q15 mil 500—.

Ya en el 2005, según reportes de prensa y de organizaciones pro migrantes, el costo de cada viaje había aumentado de US$4 mil a US$5 mil —de Q31 mil a Q39 mil—. Entre 2014 y 2015, ya se cotizaban hasta en US$10 mil —Q75 mil—.

En el 2017, con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de EE. UU. se produjeron severas medidas para atajar la migración irregular, las cuales, para su implementación contaron con el apoyo de países como México y Guatemala.

Estas medidas restrictivas hicieron más dificultosa la migración irregular lo cual se ha traducido en nuevos aumentos de los precios.

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Más riesgos más costos

La lógica de los coyotes es simple e incluso parece la misma que la que usa la economía tradicional: entre más riesgos se asuman por prestar un servicio este será más caro. Por aparte, la necesidad de migrar, sobre todo en la provincia, es grande, y se ve empujada por la cada vez más deteriorada situación socioeconómica de las comunidades.

“Puede ser un disuasivo, pero si hoy capturan a una persona, hay otros de la banda que asumen su lugar. Así que esta ley no soluciona en nada el problema de la migración”, dijo el consultor en temas de migración Fernando Castro.

Castro, quien trabajó varios años con consultor en el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), indicó que en el tiempo que estuvo en esa institución visitaba las comunidades rurales y los pobladores confirmaban que cuando el Congreso aprobó los castigos por tráfico de personas los coyotes comenzaron a cobrar más.

“En Conamigua escuchábamos esos testimonios. En ese tiempo teníamos contacto con mucha gente que decía que el coyotaje se encarecía porque lo coyotes argumentaban mayores riesgos”, añadió.

El abogado Pedro Pablo Solares, analista en temas migratorios, indicó que existe una variedad de factores que inciden en el precio que cobran los coyotes por el viaje a EE. UU., desde el lugar de origen, el de destino, la ruta a tomar, si se viajará solo o con un menor de edad, o incluso las comodidades para el traslado.

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El servicio más básico, suele costar entre US$7 mil y US$10 mil, por lo regular son aquellas personas que viajan hacinados en cualquier tipo de transporte. El precio sube si se hace el viaje en un vehículo particular con dos o si mucho tres personas.

Incluso, apunta Solares, los precios más caros y que pueden llegar a costar hasta US$25 mil incluyen el traslado por avión hasta le frontera norte de México y la entrada a EE. UU. por las aduanas normales, como pasajero de un vehículo. Esto implicaría necesariamente la colusión de los guardias fronterizos de este país.

“Estos precios no existían hace 20 años, pero en la medida que los gobiernos endurecen las estrategias de seguridad sale la justificación de que ‘si yo me arriesgo más, cobro más’. Esas mafias se organizan como vender productos comerciales y en bases a los riesgos y leyes del mercado, así manejan sus precios”, añadió Solares.

Ya están aumentado

La Red Migrante Guatemalteca, una organización que tiene miembros tanto en EE. UU. como en México, afirma que dos semanas después de la aprobación de las reformas a la Ley de Migración, el traslado de los guatemaltecos hasta Dallas, Texas, por ejemplo, pasó de US$10 mil a US$12 mil, según relatos que migrantes les ofrecieron al pasar por Tapachula.

“Las mafias nos ven como migrantes VIP —persona importante y valiosa, en inglés— porque el guatemalteco paga, no suele viajar en caravana porque sus familiares en EE. UU. están dispuestos a pagar”, dijo Natanael Castillo, miembro de la Red en esa ciudad mexicana fronteriza con Guatemala.

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Para Carlos Eduardo Woltke, defensor de las Personas Migrantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, estas alzas del costo por los traslados “es algo que ha pasado antes”, sobre todo cuando aumentaron las restricciones durante los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump”. “Cada vez que había una restricción nueva se conocía que los grupos de traficantes de personas subían los precios”, precisó.

“Ese tipo de acciones, en quienes repercute es en las personas que acuden a esos grupos porque las investigaciones o los riesgos para los coyotes siguen siendo los mismos”, agregó Wolkte.

Entonces, los precios aumentan porque deben pagar más a las autoridades para que les permitan el paso y “ahí se diluyen los costos”, refirió.

Perseguidos

Los analistas coinciden en que, si el objetivo de las reformas a le ley es capturar coyotes o desarticular bandas, no tendrá resultado si el aumento de penas no se acompaña de un fortalecimiento de los procesos de investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil.

Castro cree que los procesos judiciales con sentencia condenatoria son mínimos, “porque el Gobierno no tiene la capacidad a través de sus instituciones para plantear los procesos correspondientes”. El día de la aprobación en el Congreso, diputados criticaron que en dos años solo ha habido cuatro sentencias por tráfico ilícito de personas, cuando miles migran a diario.

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Y si no va a impactar en la desarticulación de las estructuras criminales, estas reformas a la Ley de Migración impactarán mucho menos en la reducción de la migración irregular, ya que esta no se produce porque haya mucha oferta de coyotes, sino por las condiciones de pobreza y falta de oportunidades de desarrollo en que viven las comunidades de origen, apunta Wolkte.

Los números confirman esta tendencia.

De 2016 —después de la aprobación de las primeras reformas a la Ley de Migración que incluyó por primera vez cárcel por el tráfico de personas— hasta el 2021, las detenciones en la frontera sur de EE. UU. de guatemaltecos se incrementaron 279%, y pasaron de 74 mil 201 a 283 mil.

Diputados del Congreso de la República aprobaron este martes 1 de febrero las reformas a la Ley de Migración en la parte referente al tráfico de personas, la cual fue propuesta recientemente por el Ejecutivo.

Fue el mismo presidente Alejandro Giammattei quien anunció el pasado 14 de enero que buscaría endurecer las penas por tráfico de migrantes, por lo que envío una iniciativa al Congreso, donde los diputados la sometieron a discusión.

En esa oportunidad, el mandatario propuso endurecer las penas de prisión contra los traficantes, conocidos como “coyotes”, y pidió a Estados Unidos – principal destino de la migración guatemalteca – recibir en “extradición” a “este tipo de delincuentes que se enriquecen con la migración irregular y el sufrimiento de las familias”.

Pero fue hasta este martes 1 de febrero que, con 91 votos a favor, los diputados aprobaron las reformas y, justamente, endurecieron las penas para los traficantes de personas.

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Con 87 votos los parlamentarios aprobaron una modificación al artículo 108 de la Ley de Migración, con la que se aumentará la condena para los “coyotes” en dos terceras partes en algunos casos específicos.

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“Artículo 108. Agravantes. La pena prevista para los delitos de tráfico licito de personas y tráfico ilegal de guatemaltecos, será aumentada en dos terceras partes cuando:

• La persona migrante sea niño, niña o adolescente
• La mujer migrante se encuentre en estado de embarazo.
• Se ponga en peligro la vida, la integridad o la salud del migrante, por las condiciones o medios en las que se ejecute el hecho, o se le cause grave sufrimiento físico o mental.
• El autor o partícipe sea funcionario o empleado público.
• El autor o participe sea notario, que en ejercicio de sus funciones y con conocimiento, favorezca o facilite la acción ilícita.
• El hecho se realice por un grupo de tres o más personas, se trate o no de delincuencia organizada.
• La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier orden, o falleciere.

La reforma agrega que “en ningún caso se tendrá como eximente o atenuante de responsabilidad el requerimiento, el pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero.

Por lo anterior y con la modificación del artículo 107 bis de la Ley de Migración, quienes trafiquen guatemaltecos irían a prisión entre 10 y 30 años (inconmutables), con un pago de entre Q100 mil y Q200 mil por connacional traficado. Anteriormente las penas eran de 6 a 8 años.

En los últimos años, decenas de guatemaltecos han sido víctimas durante su periplo hacia Estados Unidos, la última de estas ocurrida en diciembre pasado, cuando un tráiler cargado con centroamericanos volcó en una carretera de Chiapa de Corzo, Chiapas México, donde 56 migrantes perdieron la vida y más de un centenar resultó herido. 40 de los fallecidos eran guatemaltecos.

Además, El 22 de enero de 2021, los cuerpos de 19 personas fueron localizados carbonizados en un camino del municipio mexicano de Camargo, estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos y golpeado desde hace años por el crimen organizado. De estos, 16 eran de Guatemala.

Operativo

Guatemala dijo el viernes recién pasado haber desbaratado una red de traficantes de personas señalada como la presunta responsable de haber transportado ilegalmente a 15 guatemaltecos migrantes que fueron asesinados en México en 2021 en su intento por llegar a Estados Unidos.

El grupo, denominado “Los Coronado”, fue desmantelado tras varios allanamientos en Comitancillo, San Marcos, en los que se arrestó a 10 personas acusadas de integrar la red de trata, dijo Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes.

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Entre los detenidos figura uno de los supuestos líderes de la red de “coyotes”, como se les conoce a los traficantes, mientras que otro de los presuntos cabecillas, un exalcalde municipal de Comitancillo está prófugo junto a otras cinco personas, añadió Campo.

La mayoría de los detenidos fueron llevados a la capital tras la operación que tuvo apoyo de agentes del departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos.

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El 22 de enero de 2021, los cuerpos de 19 personas fueron localizados carbonizados en un camino del municipio mexicano de Camargo, estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos y golpeado desde hace años por el crimen organizado.

De las víctimas, 16 eran guatemaltecas y las otras tres de origen mexicano. En el grupo de centroamericanos, 15 eran migrantes y uno era el guía o “coyote”, parte de la red desmantelada este viernes.

Los cadáveres fueron hallados en el interior de un vehículo que había recibido 113 impactos de bala y fue posteriormente quemado, según investigaciones de las autoridades. Doce policías mexicanos fueron detenidos por su responsabilidad en lo ocurrido.

Los cuerpos de los guatemaltecos, todos originarios de Comitancillo, fueron repatriados casi dos meses después de la matanza.

“Se estableció que la estructura criminal captaba a las víctimas, acordando con ellas un pago que oscilaba entre los Q95 mil y los Q120 mil (unos US$11 mil 875 y US$15 mil), para trasladarlos hacia el territorio estadounidense”, agregó el fiscal.

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Por su lado, el ministro del Interior, David Barrientos, declaró en conferencia de prensa que en los operativos se incautaron grandes cantidades de quetzales y dólares, así como un arma de fuego, municiones y equipo de cómputo, entre otras evidencias.

Cada año, miles de guatemaltecos, muchos con apoyo de traficantes, emprenden el peligroso camino sin papeles para atravesar México y llegar a Estados Unidos huyendo de la pobreza y la violencia que azota la región.

El Decreto sancionado por el presidente es el número 10-2015, aprobado en el Congreso el 19 de noviembre pasado y con el que se tipifica como delito específico el trabajo de los coyotes. (persona que trafica con inmigrantes)

La Ley de Migración fue aprobada de urgencia nacional con el voto a favor de 118 diputados; sin embargo, el 3 de diciembre esa aprobación fue “censurada” por la Organización de Naciones Unidas, que considera que fomenta la “persecución penal del tráfico ilícito”  de personas e implica incluso “la criminalización” de la migración irregular.

Una de las principales reformas a la Ley contempla una pena de prisión de seis a ocho años a quienes, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico, promueva o facilite el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras.

Lo mismo se aplicará a quien facilite o promueva el transporte o tránsito de una o más personas extranjeras y a quien facilite un documento de viaje o identificación falsa a los extranjeros.

En el artículo 16 también se indica que los responsables por los delitos contenidos en la Ley, quedarán obligados a indemnizar a los agraviados por los daños y perjuicios causados, incluidos todos los costos de atención necesarios para su completa recuperación física, psicológica y económica.

La nueva Ley de Migración entra en vigencia mañana miércoles según la publicación oficial firmada por Maldonado Aguirre; la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal y el secretario general de la Presidencia, José Roberto Hernández.

“Sería importante adecuar el contenido de dicha ley a los estándares internacionales de derechos humanos, para orientarla hacia un abordaje de garantías e integridad del fenómeno migratorio que mejore las respuestas ante los enormes riesgos y vulnerabilidades asociadas” , apuntó la ONU en un comunicado.

Guatemala es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, pero las reformas aprobadas “se enfocan únicamente en la persecución penal como solución”, subrayó el organismo de Naciones Unidas.

El pasado 19 de noviembre, el Congreso aprobó la nueva normativa, que sanciona con penas de hasta 10 años de cárcel y multas de Q200 mil a Q300 mil el tráfico de migrantes en el país centroamericano.

La propuesta de la ONU pasa por redactar, en colaboración con los diferentes sectores de la sociedad civil, una nueva ley “integral”  “acorde con los estándares internacionales”.

Asimismo, subrayó el ente, “sería positivo reforzar las normas en materia de casos particulares de solicitantes de asilo, refugiados y apátridas”  e “incorporar un abordaje especializado para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y unidades familiares”.

#COMUNICADO Sistema de Naciones Unidas recomienda al Congreso un abordaje integral del tema migratorio. Lee aquí –> https://t.co/uBxV89MhPY

— ONU Guatemala (@ONUGuatemala) December 2, 2015

Con 118 votos a favor, los congresistas reformaron la Ley de Migración, que ahora tipifica como delito específico el trabajo de los “coyotes”, personas que se dedican al traslado de indocumentados hacia Estados Unidos.

Una de las principales reformas a la Ley contempla una pena de prisión de seis a ocho años a quienes, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico, promueva o facilite el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras.

La misma pena se aplicará, según la reforma, a quien facilite o promueva el transporte o tránsito de una o más personas extranjeras y a quien facilite un documento de viaje o identificación falsa a los extranjeros.

Diputados aprueban el Decreto 10-2015 que reforma la Ley de Migración y castiga el tráfico ilegal de personas pic.twitter.com/JuakejbzRF

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) November 19, 2015

Las penas según los cambios aprobados en el Congreso, se podrán agravar si la persona migrante es menor de edad, si la mujer está en estado de gravidez, al poner en peligro la vida o la salud del migrante, si el que participa en el tráfico sea funcionario o empleado público, si se comete el tráfico por un grupo organizado de tres o más personas, si el migrante resulta víctima de trata o sufra vejámenes o si el migrante sufriera privación de su libertad en el extranjero o falleciera por causa directa del tráfico ilegal.

Migración continúa

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, señaló que durante el año fiscal que concluyó en aquel país el 30 de septiembre se contabilizaron 13 mil 589 detenciones de niños, niñas y adolescentes guatemaltecos.

La cifra representa una disminución de un 20.33 por ciento, pero no significa que menos infantes hayan intentado el viaje, ya que México casi ha duplicado las deportaciones.

Según estadísticas de la Dirección General de Migración, en 10 meses del 2015 el vecino país expulsó a 10 mil 377 menores, cifra que ya superó en un 68.67 por ciento al total de deportaciones de menores de todo el 2014, que fue de seis mil 152.