Melón, arándano y chocolate: piden reactivar más de US$20 millones en inversión agrícola

Cuatro proyectos agrícolas están en pausa por falta de estudios fitosanitarios y trabas comerciales con EE. UU. Sector privado destaca la necesidad de acción por parte del Congreso y el Maga. Mientras tanto, el Ministerio ve necesidad de intervención diplomática en países importadores.

Ximena Fernández

22 de julio de 2025

|

06:00h

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Más de US $20 millones podrían ingresar al sector agrícola al tener mayor certeza comercial, agilización de procesos y mayor legislación. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Según Gonzalo Salguero, presidente de la junta sectorial del sector agrícola de Agexport, cuatro proyectos de construcción o expansión de fábricas agrícolas están en pausa debido a tres factores: la incertidumbre sobre los aranceles impuestos por Estados Unidos, la falta de aprobación de la Ley de Innovación Agrícola y los estudios de análisis de riesgo de plagas (ARP). Esto representa alrededor de US$27.5 millones detenidos que podrían invertirse en el sector agro del país.

Según datos proporcionados por Salguero, las exportaciones del sector agro al cierre del 2024 sumaron US$4 mil 092 millones 819 mil 481. Los principales productos de exportación fueron las frutas (60%), cafés diferenciados (22%) y el cardamomo (8%).

En los próximos diez años, asegura Salguero, las exportaciones podrían incrementarse a US$3 mil 500 millones, siempre y cuando se establezcan las condiciones de ley y se agilicen los estudios ARP.

Actualmente, de acuerdo con datos del Maga, 12 productos están a la espera de aprobación de su análisis de riesgo en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran el aguacate, el mangostán y diez variedades de plantas ornamentales.

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Proyectos en pausa

Salguero destaca cuatro proyectos clave que actualmente se encuentran en pausa en el país, los cuales, reitera, debieron haber ingresado desde enero del 2025:

• Planta de producción y empacadora de arándanos: Este proyecto, ubicado en Quetzaltenango, presenta un avance del 50%, aunque opera solo en el mercado local. El monto de inversión detenido es de US$3 millones.
• Exportadoras de melón: Según Salguero, tres exportadoras tienen intención de establecerse en el corredor seco, pero su inversión, estimada en US$1.5 millones, permanece en pausa.
• Planta procesadora de chocolate: Se trata de un proyecto para instalar una planta de procesamiento de chocolate como producto terminado en una zona franca. La inversión pendiente asciende a US$20 millones.
• Ensambladora de bouquets: Esta planta, ubicada en Chimaltenango, ya está en funcionamiento, pero mantiene en pausa US$3 millones para su expansión, específicamente para ampliar su producción y establecer una sala de empaque para exportar orquídeas terminadas a Estados Unidos.

Análisis de plagas

Además de los aranceles y los obstáculos comerciales con Estados Unidos, Salguero señala que el asunto de la admisibilidad es otro factor que limita el crecimiento del sector agro guatemalteco. “Nosotros producimos pitaya, pero Estados Unidos no admite nuestras pitayas porque Guatemala no ha hecho los estudios de análisis de riesgo de plagas que garanticen que nuestra fruta no llegará a contaminar con algún bicho que no existe allá”, ejemplifica.

Salguero indica que una fábrica interesada en producir mango en Huehuetenango no puede exportar por falta de un certificado gubernamental que avale que la zona está libre de mosca. Estos estudios, aclara, son responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), que debe validar los resultados.

Jorge Gómez, director de Sanidad Vegetal del Maga, explica que el tiempo de análisis depende de qué tan completa y rápida sea la información que proporcione el exportador interesado. Si este no cuenta con la documentación requerida, se debe realizar un muestreo en un ciclo seco y otro en época lluviosa, lo que alarga el proceso.

Salguero afirma que hay solicitudes de estudios ingresadas desde el 2015 que no han avanzado. “Los mercados cambian. Hoy entra de moda un clavel, mañana una gerbera, pasado mañana una suculenta o un cactus. Esto es dinámico y se necesita agilidad”, enfatiza.

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Según Eduardo Taracena, jefe de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo del Maga, el proceso puede tardar entre tres y cuatro meses, pues en algunos casos es necesario verificar la información en campo. Gómez añade que la entidad cuenta con un departamento de vigilancia epidemiológica para realizar los muestreos necesarios. Según el Maga, este proceso no tiene costo, salvo en casos de certificación para exportación.

Presión desde Estados Unidos

Gómez subraya que la aprobación final de los análisis de riesgo de plagas (ARP) no depende de Guatemala, ya que es tarea del país importador otorgar la validación definitiva a la documentación enviada. “Cada país es diferente —explica—. Algunos se demoran seis meses o hasta un año. Por ejemplo, Sudamérica es bastante ágil en este tipo de accesos. Pero todo el mundo quiere exportar a Estados Unidos”.

Por su parte, Salguero señala al Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a los embajadores, como actores clave en el seguimiento de los estudios cuando estos llegan a Washington. Según indica, corresponde a los embajadores estar atentos al estado del trámite y verificar que la documentación esté completa.

En concordancia con esta visión, el Maga argumenta que, en estos casos, lo que se puede hacer es que la embajada de Guatemala en Estados Unidos gestione un trabajo de cabildeo con las autoridades encargadas de procesar dichas solicitudes.

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Ley de Innovación Agrícola

Salguero afirma que la ausencia de una Ley de Innovación Agrícola limita la atracción de inversión extranjera directa. “No podemos traer cosas nuevas, innovadoras, que permitan establecer plantas distintas a lo que ya hacemos”, señala.

Explica que actualmente Guatemala no puede ofrecer productos diferenciados, como rosas de distintos colores o variedades más resistentes a enfermedades, debido a que no se dispone del material genético necesario. “Seguimos produciendo las mismas rosas que se cultivaban en los 80”, subraya. Añade que estos productos no son transgénicos.

En cuanto a la arveja, Salguero advierte que ha perdido competitividad, ya que en México existen cultivos capaces de resistir hasta 28 días de tránsito, lo que permite su exportación a Europa por vía marítima. Para incrementar la competitividad del país y atraer nuevas inversiones al sector, considera esencial la voluntad política del Congreso para aprobar dicha ley.

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Guatemala recibió más de US$800 millones en inversión extranjera directa y empresarios la califican como “modesta”

Durante el primer semestre del año Guatemala atrajo inversión extranjera directa (IED) por US$803.1 millones y refleja un leve aumento del 3.2% con relación a junio del 2023, según fuentes oficiales.

Urias Gamarro

18 de octubre de 2024

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05:00h

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Guatemala atrajo capitales por US$803 millones durante el primer semestre del 2024. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) que Guatemala recibió crecieron 3.2% durante el primer semestre del año al alcanzar US$803.1 millones, lo que supone un aumento de US$25.2 millones con respecto al mismo periodo del 2023, informó el Banco de Guatemala (Banguat).

Al primer semestre del año pasado se recibieron US$777.9 millones como capital foráneo, lo que supone un leve crecimiento con lo reportado a junio del 2024.

La meta para este año es recibir US$1 mil 650 millones y para 2025 en U$$1 mil 815 millones de IED, según las estimaciones oficiales.

Tan solo el pasado miércoles una industria textil de capital español habilitó una nave industrial por unos US$40 millones y tiene planes de expansión en el corto plazo por unos US$10 millones.

Actividad sectorial

Las estadísticas indican que cuatro actividades productivas aportaron el 99% del total recibido en el primer semestre al sumar US$794.7 millones de IED, y que han mostrado un comportamiento dinámico en la serie.

Actividades financieras y seguros registró US$343.3 millones; comercio y reparación de vehículos US$212.9 millones; industrias manufactureras US$138.6 millones e información y comunicaciones US$99.9 millones, durante los primeros seis meses del 2024.

Otros sectores con relevancia fueron agricultura, ganadería silvicultura y pesca con US$47.3 millones y transporte y almacenamiento por US$41.8 millones.

De las 11 actividades, la única que tuvo un desempeño negativo fue suministro de electricidad, agua y saneamiento con -US$99 millones, resalta el informe oficial.

Por país de origen

De los 10 principales inversores en Guatemala, resalta la participación de Panamá con US$248.1 millones, seguido de Estados Unidos con US$197.4 millones; México US$132.8 millones; Luxemburgo US$66.4 millones y Países Bajos US$48 millones.

De Corea del Sur se recibió capital por US$42.6 millones; Honduras US$41.2 millones; España US$31.2 millones; Alemania US$19.8 millones y Costa Rica US$18.8 millones.

El documento expone que de Centroamérica y República Dominicana se recibieron US$286.6 millones y del resto del mundo US$516.5 millones.  

El presidente del Banguat, Álvaro González Ricci declaró que el flujo de IED acumulado a junio de US$803.1 millones, es un monto que va en línea con estimación para finales de 2024 de US$1 mil 650 millones. Para 2025 se prevé un flujo de IED de US$1 mil 815 millones.

Tímido crecimiento

Raúl Bouscayrol, presidente de junta directiva de Cámara de Industria de Guatemala (CIG) expresó que el crecimiento de IED del primer semestre es un crecimiento modesto, si se toma en cuenta las oportunidades que actualmente hay en atraer capitales relacionadas con el nearshoring.

Apuntó que Guatemala tiene, por ejemplo: un bono demográfico, acceso a ambos océanos, estamos cerca de Estados Unidos, se cuenta con varios tratados de libre comercio. Sin embargo, hoy no somos un destino codiciado para la inversión. “La nueva IED es valiosa para el país, porque representa empleos nuevos”, subrayó.

Al preguntarle sobre cómo se puede atraer más capitales y una expectativa de cierre, resaltó: “para atraer nuevos capitales, se requiere de cambios que permitan tener una mejor infraestructura, para reducir los sobrecostos que hoy tienen las empresas. El Congreso de la República puede contribuir aprobando la ley de infraestructura vial prioritaria, modificar la ley de alianzas público-privadas, para que sea funcional, como lo ha sido en otros países”.

Reiteró que es necesaria una ley de puertos y otra de aeronáutica, con nuevos modelos de gestión y de inversión.

“Desde el Ejecutivo, en urgente la reglamentación del Convenio 169 de la OIT, así como revisar los procedimientos para obtener las licencias que requiere un nuevo proyecto”, agregó.

Concluyó que, en la CIG, se estima que el cierre sobre IED para este año en Guatemala será similar a lo observado en el primer semestre de este año.

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La más reciente caravana de migrantes desde Honduras confirma que el tema ejerce presión a los países del Triángulo Norte, por lo que expertos consideran que, con el cambio de presidente en Estados Unidos, y con la llegada de Joe Biden, se tendrá que trabajar en nuevos instrumentos.

En diciembre del 2020, Guatemala firmó el memorándum para acceder a fondos con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en la iniciativa América Crece en 2021.

El fondo permite acceder hasta US$1 mil millones (unos Q7 mil 700 millones) para las empresas en proyectos de inversión estratégica que tengan impacto en crear fuentes de trabajo.

Los programas de cooperación de Estados Unidos podrían tener cambios con una nueva administración de gobierno, según la percepción de los consultados.

Obstáculos

Ocho de cada 10 solicitudes que se han presentado en la iniciativa América Crece para acceder al financiamiento con el DFC no han pasado el primer filtro, aseveró Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).

El ejecutivo confirmó que el año pasado solo se aprobó un financiamiento por US$200 millones, y en la actualidad están en gestión -que lograron pasar el segundo filtro- dos proyectos relacionados con construcción de vivienda y energía. Según el directivo, es probable que se logre acceder a un cupo de US$500 millones en la referida iniciativa.

“Estos programas tienen una barra alta. Muchos prospectos no logran pasar los primeros filtros basados en antigüedad del proyecto, en que no hay suficiente información financiera del desarrollo, o en que muchas solicitudes se quedaron en el primer filtro para poder ser financiadas”, precisó.

“El ejecutivo de EE. UU. se fijará más en estos países. (Ahora) es cuando se tiene que hacer lo propio a lo interno y ser más efectivos en los programas de cooperación para aprovechar esas herramientas de mejor forma”, aseveró.

Más flexibilidad

Carrasco reconoció que fueron muy pocos los proyectos seleccionados para poder financiar en 2020, pero que esperan este año, con llegada de la Administración Biden, más ejecución y visibilidad de los proyectos. Eso sí, dijo que habría que adaptar los financiamientos a la realidad local.

Según el presidente de AmCham, los criterios de evaluación son de estándares de países de economías desarrolladas.

En los expedientes recibidos hay algunos que no cuentan con un récord financiero, o que el plan de negocios es muy sofisticado para el mercado nacional.

Además, preparar toda esa información financiera, especialmente para muchas medianas empresas, le representa un alto costo, elaborar esos informes, y se vuelve muy difícil acceder a estos recursos, indicó.

En todo caso, apuntó que se deben flexibilizar los requisitos para calificar, ya que la idea es financiar proyectos que la banca local no está atendiendo por motivos de riesgos, informales o problemas garantías.

Carrasco enfatizó en que debe existir un trabajo político, social y económico por parte de los países del Triángulo Norte de Centroamérica para solucionar los problemas, y se esperaría una relación más estrecha con Estados Unidos.

Atraer inversionistas

Para Rolando Paiz Klanderud, comisionado del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), la caravana de migrantes está poniendo más presión a los países, y el camino más directo es convencer a las empresas estadounidenses de que inviertan en Guatemala.

Precisó que más que financiamiento o capital, la idea es generar empleo en Guatemala para todas las empresas americanas que están buscando mover sus cadenas de suministros de Asia a países más cercanos. “Esto abre posibilidades en la industria de medicamentos, equipos o dispositivos médicos, ensamblaje de electrónicos, centros de llamadas”, dijo.

“La idea es lograr que se establezcan estas compañías que están buscando a la región para fortalecer su cadena de suministro”, puntualizó.

Paiz Klanderud añadió que también puede haber incentivos para las empresas de EE. UU., para invertir en países del Triángulo Norte de Centroamérica, y establecer sus operaciones de manufactura.

“Hay presión”

“La presión es poder hacer las cosas mejor para poder generar oportunidades de trabajo. Ahora hay una altísima ventana de oportunidad para atraer empresas americanas y sus cadenas de suministros y como autoridades debemos trabajar de una manera acelerada para poder aprovecharla y que no se vaya a cerrar porque esto no se mantendrá abierto y otros países las van a aprovechar”, subrayó.

Habló de un reto que es de vieja data en el país: dar certeza jurídica a los inversionistas, mantener las reglas del juego.

También destacó la necesidad de contar con que los jóvenes se capaciten en hablar el idioma inglés, ya que hay una industria que ya está instalada, y hay otros interesados en invertir; agilizar los trámites y permisos en las entidades lo más rápido posible; que el Congreso apruebe la iniciativa de Ley de Zonas Francas; el Convenio 175 y la reglamentación del Convenio 169 de la OIT.

Reenfoque y compromisos

El internacionalista Roberto Santiago Servent, consideró que es muy probable que con la llegada de Biden se afine la iniciativa América Crece, y que durará por los menos 12 meses para que la nueva administración que llegue “ordene” la Casa Blanca.

Afirmó que la iniciativa podría estar “mal enfocada”, pero podría corregirse y llegar a las medianas empresas, y salirlas a buscar socios, sobre todo en áreas del occidente guatemalteco.

Expuso que la migración tiene cuatro aristas: el que sale por violencia, por extorsión, por desintegración y por reencuentro familiar, y que quien migra tiene una necesidad económica, así que la iniciativa sí puede funcionar con este último fin.

Jahir Dabroy, analista en temas migratorios de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), remarcó que en los próximos 180 días se tendrán que establecer varios marcos de cooperación junto al impacto y la transformación de la realidad de la ejecución en el tema de la migración en los países del Triángulo Norte.

Sobre esas condiciones, Dabroy manifestó que se deben generar las condiciones de inversión para el sector privado y mejorar el recurso humano y capital social.

“Hay condiciones de inversión para establecerse las reglas respecto de derecho, temas de corrupción y acciones a mediano plazo en el tema formativo”, agregó.

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La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), las Empresas Portuaria Quetzal (EPQ) y Nacional Champerico, Ferrocarriles de Guatemala (Fegua), presentaron sus ejes de potencial inversión, así como su incidencia que pueda tener.

Algunos de estos proyectos deberán ser conocidos por el Congresos.

“Guatemala debe ser un país más competitivo y ahora aprovechar el rompimiento de las cadenas de valor a escala mundial”, afirmó el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, al abordar la temática inversión pública y privada.

Portafolio identificado

Érick Uribio, director interino de Anadie, requirió un presupuesto de Q16.2 millones y un buen porcentaje se destinará para la estructuración, estudios, servicios, promoción y socialización para proyectos de infraestructura economía.

El portafolio que mantiene esa institución es de US$1 mil 560 millones -Q12 mil millones- distribuidos en siete proyectos y que podrían incidir en 4% del PIB, según el director.

El funcionario explicó que algunos estudios ya se encuentran en fase de prefactibilidad, otros tienen avances y otros están en análisis que han requerido varias dependencias públicas, e identificó el monto de las inversiones como proyectos prioritarios.

Los proyectos son:

• Modernización del Aeropuerto Internacional La Aurora: Inversión estimada por US$120 millones.
• Interconexión vial y transporte urbano de pasajeros del eje norte-sur de la ciudad de Guatemala: Inversión proyectada US$770 millones.
• Rehabilitación, administración, operación, mantenimiento de la Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje: US$80 millones.
• Sistema del transporte público masivo del eje oriente–occidente del área metropolitana de Guatemala: Pendiente de establecer monto.
• Construcción, ampliación y mejoramiento del libramiento a la ciudad de Guatemala a través de la Interconexión CA-09 Norte- CA-01 Oriente Vía Expres: US$300 millones.
• Centro Administrativo del Estado (CAE) en la ciudad de Guatemala: US$250 millones.
• Puerto Intermodal Tecún Umán II: US$40 millones.

Los proyectos tendrán impactos en la generación de empleo, subrayó Uribio.

Confirmó que el consejo de Anadie ya aprobó un proyecto de reformas a la ley, que incluirá el desarrollo de infraestructura en salud, agua y educación, que deberá conocer el Congreso.

“No es prestar servicios, pero sí la infraestructura”, recalcó.

El @MinfinGT realiza taller de Presupuesto Abierto con tema de inversión pública y privada. Expondrán @ANADIEGuatemala @FFegua y empresas portuarias. Hay que estar preparados para la recuperación indica @alvarogricci. @prensa_libre @Economia_pl pic.twitter.com/hfRIGpr7id

— Urías Gamarro (@ugamarro_pl) July 13, 2020

Portuaria Quetzal

La EPQ presentó proyectos de ingeniería civil de inversión para 2021, de los cuales hay dos significativos.

El primero contempla una ampliación del muelle comercial hasta 390 metros, mejorar los atracaderos existentes y profundizar al rostro del muelle, para que permita atender busques de mayor calado por Q216 millones.

El segundo proyecto, es el mejoramiento del rompeolas este y oeste de EPQ, por unos Q170 millones, se detalló en el foro.

Por aparte, Fegua requirió un presupuesto de Q50 millones.

Planes en Champerico

La Empresa Nacional Champerico en Retalhuleu, requirió un presupuesto de Q206 millones para 2021.

Se presentó como proyecto de inversión un nuevo muelle de 900 metros de largo, y para 2021 se realizarán el estudio de prefactibilidad por unos Q15 millones, mientras que en el 2022 el estudio de pre-inversión y diseño de la obra.

Para 2023-2025 se tendría la construcción del nuevo mulle sobre pilotes dentro del océano.

Los objetivos es atender a buques comerciales de carga con un calado de 11 metros, ser una nueva ventana de atención para el comercio internacional y atracción de capitales en esa zona costera.

Representantes de varias cámaras empresariales lamentaron la decisión del Congreso de no aprobar la construcción de la autopista de Escuintla hacia Puerto Quetzal, el primer proyecto de inversión bajo la sombrilla de la Ley de Alianzas Público Privada (APP).

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El proyecto, que no fue aprobado en tercera lectura el martes pasado  por los diputados,  traerá consecuencias negativas al país en las áreas de transporte y logística, inversión privada y generación de empleo.

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Por otro lado, se manda un mensaje negativo a los potenciales inversionistas y la falta de seriedad del país, afirmaron delegados de varias cámara empresariales en conferencia de prensa ofrecida en las oficinas del  Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industrias y Financieras (Cacif).

Además, consideraron hacer modificaciones a la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie).

El proyecto consistía en la rehabilitación, operación y mantenimiento de un tramo de 40 kilómetros, por el que circula el mayor porcentaje de transporte pesado del país, por las actividades de comercio exterior —importaciones y exportaciones—.

Los miembros del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie), sesionaron ayer con el objetivo de promover acciones alternas para rescatar el proyecto.

Se informó que se requirió hacer un análisis jurídico del proceso de la no aprobación y que se conocerá en la siguiente reunión, para adoptar una decisión oficial por parte de los integrantes del consejo, donde participan representantes del sector público y privado.

Desinterés

Juan Carlos Tefel, presidente del Cacif, resaltó que los diputados actuaron de forma acelerada y “sin el menor intento de discutir la iniciativa”, quienes votaron en contra y mostraron un evidente desconocimiento del proyecto y de cómo funciona el modelo de las alianzas público-privadas.

“Con esa actuación, motivada por la ignorancia, ideología o por intereses particulares, los legisladores han puesto en riesgo meses de trabajo técnico y provocan que el país arriesgue la oportunidad de contar con una obra innovadora y que contribuiría al desarrollo de las comunidades aledañas, entre otros beneficios”, recalcó en la conferencia.

Advertencia

Tefel añadió que estudian legalmente la forma en que se produjo la votación por las anomalías registradas en el procedimiento, y no descartó accionar por esta vía contra lo sucedido en la sesión plenaria del martes, cuando se conoció  en  tercera lectura la iniciativa del contrato.

El presidente del Cacif afirmó que la actitud del Legislativo sugiere que las decisiones están vinculadas a conflictos de interés con adjudicaciones de obras de acuerdo con el modelo actual poco transparente y abierto a prácticas de corrupción.

Por otro lado, exigieron que se revise la Ley de Anadie para permitir que se aseguren procesos de aprobación responsables y libres de conflictos de interés, siempre que dichos proyectos sean de beneficio público.

Los proyectos público-privado, según Tefel, son un mecanismo de transparencia para desarrollo de la infraestructura que requiere el país, “y es precisamente lo anterior lo que hace que los diputados se opongan”.

Reparación

La desaprobación del contrato del primer proyecto de Alianza Público-Privadas genera mal precedente a futuros inversionistas.

De acuerdo con la ley, se deberá hacer una reparación a la empresa Consorcio de Autopistas de Guatemala, pero hasta ayer los integrantes de Conadie analizaba como se puede aplicar.

Tefel indicó que la penalización estimada es del 5% del monto de inversión comprometida, que podría ser de unos Q30 millones.

Érick Uribio, director interino de Anadie, afirmó que ese tema se empezará a analizar, así como las cantidades y las decisiones que adopte Conadie.

Mientras, el ministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruiz, aseveró que se deberá indemnizar a la empresa, como lo indica la ley de Anadie.

Mal mensaje

Tefel insistió en que lo actuado por el Congreso también afectará el clima de inversión en Guatemala.

Víctor Manuel Asturias, comisionado del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), aseguró que es un mal mensaje a los potenciales inversionistas, pero a la vez brinda la oportunidad de hacer las correciones, en este caso modificaciones a Ley.

“Viéndolo del lado positivo, hay una ley con la cual no se puede operar, ya está más que claro cambiar la normativa”, expuso el comisionado.

Más consecuencias

Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) declaró que el Gobierno de Estados Unidos, por medio de Millenium Challenge Corporation (MCC), brinda apoyo en estudios y asistencia técnica para desarrollar diferentes proyectos y están listos para brindarles soporte a la Anadie y al Ministerio de Finanzas.

Sin embargo, luego de la decisión, MCC advirtió que no podrían seguir financiando proyectos, ya que el único que fue licitado y adjudicado —el de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal— se encontraba estancado desde hace más de un año.

“Era una oportunidad de gran valor para Guatemala, ya que precisamos carreteras en buen estado, que cumplan la función de conectar el comercio”, indicó Carrasco.

Se calcula que el 56% del comercio exterior del país fluye por esa autopista.

“Somos creyentes en Guatemala”

René Muñoz, director de asuntos corporativos de Consorcio Autopistas de Guatemala (Convía), empresa adjudicada, declaró que el proyecto es importante para el desarrollo económico de Escuintla y lo más delicado es para las actividades del comercio exterior.

Afirmó que las comunidades son las más perjudicadas porque se pierde con este proyecto, como los programas de responsabilidad empresarial, el canon que ya estaba dispuesto para proyectos, la pérdida del modelo público-privado, que en otros países se ha demostrado que es una herramienta de creación de infraestructura.

El ejecutivo declaró que lo más delicado es la pérdida de confianza de posibles inversionistas en temas de alianzas público-privadas y en otros temas de inversión, así como la falta de certeza jurídica.

“Es lo peor que puede pasar en estos momentos”, lamentó Muñoz.

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Aseguró que como empresa aún no han sido notificados, para conocer cuáles serán los siguientes pasos por parte de Anadie.

“Somo creyentes en Guatemala y la necesidad de desarrollo, el proyecto se pueda salvar. No hay fracaso, seguiremos trabajando, pero ahora esto está cuesta arriba”, enfatizó.

Mega obra

La autopista de Escuintla a Puerto Quetzal es considerada clave para el comercio exterior.

• En octubre del 2018 se presentó al Congreso la iniciativa del contrato de alianza público-privada de la autopista.
•  Se estima una inversión de entre Q600 a Q700 millones.
•  La obra consta de 41 km con la construcción de distribuidores viales y conexiones.
• El período de construcción estaba proyectado ocho meses después de la aprobación del contrato. La construcción sería de Puerto Quetzal a Escuintla, por ser el tramo con mayores daños.

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Aunque de momento no existe una propuesta para aplicar una APP, el marco jurídico actual permite implementar estos instrumentos, aseguraron expertos internacionales que visitaron Guatemala para abordar sus experiencias.

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Érick Uribio director interino de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie), dijo que a futuro habrá que analizar la discusión de incluir estos proyectos para mejorar la competitividad de país y afrontar los desafíos en cuanto a la movilización de las mercancías y las terminales de cruceros.

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El sistema portuario nacional lo componen terminales de contenedores, granel sólido y líquido, tanto en el mar Pacífico como Atlántico, donde más del 80% de las mercancías y bienes se movilizan por medio de la carga marítima.

En el primer semestre del año, el movimiento de carga total del sistema es de 13.9 millones de toneladas métricas.

Potencial en puertos

Enrique Oliveros, socio líder de la firma Ernst & Young (EY) con sede en Perú para el área de infraestructura de Latinoamérica, contó a Prensa Libre que Guatemala cuenta con un potencial para implementar proyectos en la red portuaria por la vía APP que pueden ser 100% privados o mixtos.

Reconoció que Guatemala cuenta con la Ley de Anadie, pero no con la experiencia de una operación para el sector portuario que atrae flujos interesantes de inversión, como el caso de Perú, que ha desarrollado más cien proyectos de infraestructura bajo este esquema y en particular en los Puertos de Callao y Pisco que están bajo la sombría de APP.

“Hay una curva de aprendizaje que se ha desarrollado en otros países y esto se puede compartir con Guatemala, que empieza con la discusión de otros proyectos encaminados a futuro”, explicó Oliveros, que participó en reuniones con autoridades y miembros del sector naviero.

El directivo de EY destacó que hay capitales internacionales que están buscando oportunidades de negocios en infraestructura, y también banca local que se interesa en este tipo de obras.

Retos del sistema portuario

Oliveros dijo que, dentro de los retos a seguir en Guatemala y dada la experiencia de Perú, es tomar como referencia proyectos existentes, con estándares internacionales.

El otro aspecto es la creación de nuevas terminales en zonas de amortiguamiento en las reservas naturales y se deben buscar desarrolladores y promotores que tengan la capacidad del manejo y estándares ambientales, para no generar un pasivo ambiental.

Además de la contratación del personal, que anteriormente trabaja en los puertos que estaban administrados por el sector público, y que se traspasen a una nueva nómina en la cual las condiciones laborales no cambian.

“El éxito del proyecto se basa en sacar al mercado una propuesta de estructura madura y bien hecha. No es una tarea fácil y en los casos de Perú una tarea de dos años para preparar los estudios técnicos y de impacto ambiental, para luego convocar a los privados”, citó el directivo de EY.

¿Un puerto por la vía APP?

El experto peruano resaltó que en este tipo de proyectos es muy fundamental la estructura del proyecto y que sea de beneficio para el estado, los usuarios e inversores.

“Es un proceso joven que se está empezando en Guatemala y deben generar credibilidad y construir respaldo de estas operaciones entre los ciudadanos, la clase política y los beneficios. Los puertos, las carreteras, los aeropuertos generan una mejor competitividad de país, bien estructurado y manejado es de beneficio para todos”, afirmó.

Para el sector financiero, que son proyectos a largo plazo, también hay retos por su componente. Los recursos pueden venir de la banca local o bien del mercado de valores local y es un “gatillador” para el crecimiento de este sector.

En otros países –sobre todo del cono sur–, se han emitido bonos (títulos de valores) a 30 años para financiar infraestructura y los inversores locales comprenden como funciona estos negocios, se sienten cómodos y los riesgos que se asumen; pero es un proceso dinámico.

“La gran ventaja de Guatemala es que no pasarán con la curva de aprendizaje por la que han pasado otros países y se evidenciaron los errores. Tienen la suerte de aprender de estas lecciones y que el proceso nazca de las mejores prácticas internacionales”, afirmó Olivares, quien reitero que todos los países están compitiendo en atraer a estos inversores.

En ese sentido, en la medida que se planten las mejores propuestas de portafolio de proyectos, atractivos, estructurados y proyectos maduros, se pueden atraer inversores importantes y “ese es el reto que tiene Guatemala en los siguientes años”.

Fuertes inversiones

En la presentación del “modelo de APP y su aplicación en proyectos de infraestructura portuaria”, se determinó que existe un incremento del 4.3% anual del 2010-2017 y en pasajeros de cruceros a nivel mundial del 5.1% 2010-2019.

David Álvarez y Edwin E. González Montalvo, ambos de la firma CPM (con sede en Miami, Florida, EE. UU.), explicó que las tendencias y el crecimiento global ejercen mayor presión sobre las infraestructuras portuarias, que, por un lado, están limitando la capacidad en las terminales para cruceros y por otro lado retrasos y congestión en puertos de contenedores.

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Explicó que las necesidades de inversión en infraestructura portuaria se estiman en unos US$63 mil millones para el período 2016-2030 y la región Latinoamérica captura una interesante proporción de inversión privada en sector portuario.

Álvarez mencionó que, de acuerdo con los estudios financieros, en el manejo de inversiones institucionales en búsqueda de apoyar proyectos de infraestructura unos US$120 trillones y que Guatemala y la región Centroamérica puede captar parte de ese interés.

Las fuentes de financiamiento pueden ser:

1. Bancos con US$40 trillones.
2. Compañías de inversión US$29 trillones.
3. Compañías de seguro y pensiones privadas, US$26 trillones.
4. Planes de inversión públicos, US$11 trillones.
5. Fondos soberanos US$6 trillones.
6. Operadores y desarrolladores de infraestructura, US$3 trillones.        Fondos de capital privado, US$3 trillones.
7. Fondos dotales y fundaciones US$1 trillón.

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