Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), resolvieron declarar sin lugar las acciones de inconstitucionalidad que habían planteado Helen Mack Chang y Eleonora Muralles, la Fundación Mirna Mack, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y Acción Ciudadana en contra del decreto 10-2019 del Congreso de la República que contiene reformas al Código Procesal Penal e incluye el procedimiento especial de aceptación de cargos. 

Con esta resolución se reactiva la ley que permitiría que personas acusadas de varios delitos, entre ellos corrupción, obtengan una reducción de condena.  

La CC publicó su resolución el pasado miércoles 1 de junio de 2022 y en ella establecieron que las objeciones presentadas en la acción “resultan inexistentes las contravenciones constitucionales denunciadas”, por lo que la las reformas al Código Procesal Penal podrán cobrar vigencia.  

Los diputados del Congreso de la República aprobaron el 12 de noviembre de 2019 las reformas al Código Procesal Penal en la que se incorporaron al menos 14 artículos para beneficiar a personas señaladas de diferentes delitos.  

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El decreto 10-2019 adiciona el título 6, Procedimientos especiales de aceptación de cargos, al libro 4, Procedimientos específicos, del Código Procesal Penal. 

La norma permite que la persona acepte los cargos imputados por el Ministerio Público (MP) en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de forma consciente, libre, voluntaria e informada. 

El sindicado podrá pedir al juez una audiencia para aceptar los cargos y en ella el MP deberá presentar las pruebas sobre la imputación. La aceptación de cargos suspende el trámite del proceso común hasta que haya una decisión definitiva. 

El Congreso de la República publicó en el Diario de Centro América las reformas al decreto 51-92 del Código Procesal Penal el 16 de diciembre de 2019 y con ello se estableció que la normativa entraría en vigencia el 16 de enero de 2020. 

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El preciso día en que las reformas al Código Procesal Penal iban a entrar en vigor, Helen Mack Chang y Eleonora Muralles, presentaron a la CC un recurso de inconstitucionalidad a las 0.33 horas y los magistrados votaron de forma unánime y suspendieron de forma provisional dichas reformas, que incluían la aceptación de cargos.  

Ese día se analistas y abogados dijeron que, con la aceptación de cargos, quedaba abierta la puerta para que pandilleros o integrantes del crimen organizado se favorezcan porque los cambios permiten la aceptación para delitos como robo, estafa, fraude o delitos contra la seguridad pública.  

Desde ese día las reformas estaban suspendidas y fue hasta la publicación de la CC en el Diario de Centro América del pasado 1 de junio que se declaró sin lugar las acciones de inconstitucionalidad, con lo que la ley de aceptación de cargos quedó reactivada.  

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Las rebajas de penas 

El artículo 4 restringe la rebaja de penas por aceptación de cargos para los siguientes delitos: 

• Genocidio, desaparición forzada, ejecución extra judicial, tortura y delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, parricidio, asesinato, violación, agresión sexual, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución; promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada; actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, producción de pornografía de personas menores de edad, plagio o secuestro, trata de personas, robo agravado; extorsión, terrorismo, feminicidio y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad. 
• Los delitos que afecten la indemnidad, integridad de la niñez y adolescencia y los delitos contra la seguridad del Estado. 
• La rebaja de penas solo aplicará para las penas principales de personas naturales o individuales y no aplicará para “reincidentes habituales” por el mismo delito. 

El artículo 6 establece la reducción de penas, que dependerá de la fase procesal en la que la persona acepte su culpabilidad: 

• 50 por ciento de la pena si la persona acepta el delito en la audiencia de primera declaración o hasta antes del auto de apertura a juicio. 
• 33 por ciento si la persona acepta la culpa entre el auto de apertura a juicio y el inicio del debate. 
• 20 por ciento si la persona acepta la culpa durante el juicio, antes de la fase de recepción de pruebas. 
• Si el procesado recibe rebajas de penas por aceptación de cargos, y la pena excede los cinco años de cárcel, la primera tercera parte será inconmutable y el resto podrá cumplirla con dispositivo telemático. 

Si hay discrepancia entre la decisión del sindicado y el defensor sobre la aceptación de cargos, prevalecerá la del sindicado. 

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La rebaja de la pena solo tendrá efecto hasta que el sindicado hayan hecho reparación digna e integral a las víctimas o agraviados en sus componentes de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. Tampoco surte efecto hasta que la persona haya entregado a las víctimas o al Estado el incremento patrimonial fruto del delito. 

Si la persona no tiene condiciones para pagar en un solo acto, el juez puede fijar una cuota inicial de entre 20 y 30 por ciento, y definirá la forma de pagar el resto, del cual deberá haber garantías reales o personales, y deberá haber un convenio de pago entre sindicado y las víctimas. 

Juan Francisco Sandoval, titular de la Feci, informó que hace un trabajo de inventario de qué casos son los que se verían en afectados por la entrada en vigor el próximo 16 de enero del decreto 10-2019.

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Añadió que hizo una petición a la fiscal Consuelo Porras para que el Ministerio Público (MP) con base en las facultades que tiene, analice si es pertinente el planteamiento de alguna acción,

“Tomando en consideración, dicha normativa vulnera disposiciones de la Constitución Política de la República, es contraria a los avances en materia de política criminal”, argumentó Sandoval.

Agregó que se crea un confuso procedimiento que afecta otras figuras, como medidas que están contempladas en el Código Procesal Penal.

Además, demerita lo que es la colaboración eficaz para el proceso de desarticulación de estructuras criminales.

“En ese sentido considero que el MP debiera adoptar alguna medida en relación con la entrada en vigor del cuerpo legal. También hemos escuchado que distintos sectores harán los planteamientos que correspondan o bien harán las peticiones para que la Corte de Constitucionalidad resuelva lo que está pendiente de resolver”, manifestó el jefe de la Feci.

El presidente Jimmy Morales sancionó el decreto, aunque guardó silencio durante los 15 días que tenía de plazo.

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También conocida como Ley de Aceptación de Cargos, fue publicada en el Diario de Centroamérica el lunes 16 de diciembre y tomará vigencia en un mes y tiene como objetivo que las personas que sean acusadas por varios delitos podrán aceptar su culpa y tendrán una reducción de la pena.

En la modificación se agregó el artículo 491 bis que señala que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho de aceptar los cargos que el MP le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal”.

Señala también que “esto implica aceptar los hechos, con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica”.

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La aceptación de cargos debe realizarse por medio de su abogado defensor, la persona ligada a proceso podrá aceptar los hechos hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia y así obtener un beneficio de reducción en las penas.

En el proceso también se podrá conciliar entre el procesado y las víctimas para determinar una clase de reparación digna.

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En la modificación se agregó el artículo 491 bis que señala que “toda persona ligada a proceso penal tiene derecho de aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal”.

Tiene inconstitucionalidades

El coordinador del Programa de Justicia de Impunity Watch, José Gonzáles afirmó que estas reformas son “esencialmente inconstitucionales porque limitan la independencia de los jueces, ya que basta la solicitud de la persona que está siendo procesada para aceptar el cargo y el juzgador tiene la obligación de aceptarlo”.

“Con esto se limita el control jurisdiccional que debe haber para determinar si es procedente o no este tipo de beneficio para el que está siendo procesado”, afirmó el abogado, quien agregó que igualmente se podría cuestionar el hecho de que una persona (el sindicado) declare contra ella misma, pues la Constitución lo prohíbe.

El académico resaltó que la figura de colaborador eficaz contempla que para tener una redención de penas el sindicado tiene que coadyudar en la investigación, mientras que en la ley de aceptación de cargos no, lo cual representa un problema con relación a la investigación.

A criterio de González, se debe tomar en cuenta que el proceso penal ofrece diversas salidas y rutas de desjudialización que representan beneficios para los procesados por lo que no es necesario recurrir a la aceptación de cargos el cual se “tomó del sistema anglosajón, pero que el país no tiene la capacidad para asumir, ante la falda de candados y de la independencia  judicial”.

El 12 de noviembre pasado, el Congreso de la República aprobó las modificaciones que quedaron dentro del decreto 10-2019, el cual fue recibido en el Ejecutivo este 3 de diciembre. De acuerdo con la Constitución, el Presidente tiene 15 días para sancionarla o vetarla, plazo que vencía el próximo 23 de diciembre.

Expertos en temas de justicia consideran que las reformas al Código Procesal Penal con las que se busca implementar un procedimiento especial de aceptación de cargos y así reducir penas tienen errores técnicos y llevan implícitos intereses políticos que van más allá de reducir la mora judicial y agilizar los procesos penales.

Errores técnicos

El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Fernández Molina señaló hace pocos días que las reformas el Código Procesal Penal tienen varios errores técnicos y “algunas intenciones que se pueden leer entre líneas”, pero hay una importante que puede causar “caos”.

Fernández Molina, dice que hay tres fases en las que el procesado puede aceptar la culpa, y según la fase en la que se encuentre así se hará la rebaja de penas. En la primera declaración, se rebaja la pena a la mitad; en la fase intermedia, la rebaja es de 33% y en la última etapa del proceso es del 25%.

El problema es que las penas, que tienen un rango como de 3 a 5 años, por ejemplo, se imponen solo al finalizar el proceso y depende de un juez decidir la cantidad de años. “Si se acepta el cargo en la primera etapa, la pena se reduce a la mitad ¿Pero la mitad de qué? ¿Del mínimo o del máximo, o la mitad del punto medio? Con solo eso va a ser una situación sujeta a amparos e interpretaciones que los que redactaron la ley debieron determinar”, dice Fernández Molina.

Analizan accionar ante la CC

El presidente de Acción Ciudadana (AC), Edy Cux, dice que están analizando presentar esta semana un recurso de inconstitucionalidad  porque “se pierde el propósito del Derecho Penal que plantea como principio la prevención general, es decir que la gente le tenga miedo a la ley, y en estas reformas disminuye la sanción, lo  que permitiría delinquir libremente porque se sabe que la aceptación de cargos reduce su pena y no se incluye a la víctima”.

A criterio de Cux, la sanción hecha por el presidente Jimmy Morales representa “un gran retroceso al sistema de justicia, porque hay puntos muy cuestionables porque no solo beneficia a las personas que han sido señaladas por corrupción, financiamiento electoral ilícito, como los diputados y el mismo presidente Morales o excandidatos, sino también a la delincuencia en general”.

El presidente de Acción Ciudadana considera que a nivel penal se abarca la mayoría de los delitos que contempla el Código Penal, incluso la portación ilegal de armas saldría beneficia. En el fondo estas reformas afectan la seguridad ciudadana, incluso la seguridad nacional.

En noviembre pasado, AC, los 48  Cantos de Totonicapán y la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda presentaron sendos amparos en la CC en contra de estas reformas; sin embargo, no han sido resueltas. “El tribunal constitucional está obligada a resolver los tres amparos”, afirmó Cux.

La Fiscal General María Consuelo Porras, unos días después de que el pleno de diputados aprobara la Ley de Aceptación de Cargos, anunció que analizarían el contenido de la normativa para tomar las acciones legales pertinentes; sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado.

Existen contradicciones

El analista en justicia y seguridad ciudadana, Lizandro Acuña, asegura que la sanción de las reformas por parte del presidente Morales demuestran que el Ejecutivo y funcionarios que tienen problemas procesales “tenían urgencia en aprobar el decreto 10-2019”.

No obstante, resaltó que “obviamente -las reformas- presentan inconsistencias” porque debilita el tema de extinción de dominio, porque solo bienes a nombre de la persona van a ser utilizados para resarcir a la víctima, a quien, también, obliga a aceptar la voluntad de quien está siendo juzgado y se declaró culpable, porque el derecho penal constitucional y humanos protegen a las víctimas”.

Acuña dice que el mismo fenómeno se dará con en el tema de Ley contra la Delincuencia Organizada, porque la figura del colaborador eficaz no puede aceptarse en este caso personas que estén vinculados a una red criminal. “Esas son claras contradicciones que se dan dentro de un mismo cuerpo como lo es el Código Procesal Penal, por lo que es susceptible de inconstitucionalidades”.

El experto en seguridad y justicia considera que antes de sancionarla se debió tener el cuidado de hacer los análisis correspondientes y respetar las figuras legales que ya se tienen. “No se trata solo de establecer un decreto para fines de protección y auto blindaje, para determinados sectores de la población”.

Acuña asegura que uno de los grandes problemas que afecta el país son las extorsiones, vinculadas a las pandillas y que con esta ley de aceptación de cargos, “vemos como estas personas van a  beneficiarse, lo cual preocupa porque el Estado no tiene capacidad de rehabilitar y reinsertar a los reos.

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