Jueces por la Integridad: no me extrañaría que la aceptación de cargos tuviera errores e inconstitucionalidades

Haroldo Vásquez, presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), dice que en estos momentos “lo que tenemos que hacer es observar lo que ocurre alrededor del caso, sobre el cual, incluso, ya se plantearon algunos amparos”.

Diputados durante la sesión plenaria del 12 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)
Diputados durante la sesión plenaria del 12 de noviembre. (Foto Prensa Libre: Noé Medina)

El juez Haroldo Vásquez insiste en que las reformas al Código Procesal Penal debió no solo discutirse más, sino escuchar criterios afuera del Congreso, para evitar que, por hacer una mejora se cometan errores.

El administrador de justicia también externa su preocupación con relación a que los cambios podrían procurar impunidad para ciertos grupos, algo que debe de analizarse detenidamente para descartar tal extremo.

¿Qué opina de las reformas al Código Procesal Procesal Penal?

Hay mucha preocupación, porque es una ley que sorprendió a la población por lo apresurado con que la aprobó el Congreso de la República, porque, de alguna manera, no generaron consensos y tampoco existió transparencia desde el inicio del proyecto hasta el día de la votación. Incluso, se dice que algunos diputados no tuvieron la oportunidad de leer lo que se aprobó.

El tema ha despertado mucha controversia, porque fueron propuestas que en su momento pretendía limitar la mora judicial, bajo estándares internacionales y bajo condiciones en las cuales se pudiera percibir transparencia, adecuadas y que beneficiaran a la justicia en el conjunto de los sindicatos y las víctimas.

También veo que no se discutió ni se socializó el tema de manera adecuada y con transparencia, por lo cual la preocupación persiste en cuanto cuál va a ser el resultado verdadero de origen de esto, porque  muchos ya señalan que su origen puede estar muy orientado para que un grupo pueda privilegiarse de una herramienta legal y con ello generar impunidad.

Según algunos abogados, estas reformas también abren las puertas a delitos cometidos por la delincuencia común y organizada, ¿Qué opina?

Claro que sí. Debió haberse efectuado un estudio más profundo para determinar cuáles eran los límites y no generar excesos. También se debió hacer un análisis profundo sobre el Sistema Penitenciario y la aplicabilidad dentro del debido proceso por parte de los tribunales y los juzgados.

Me parece, insisto, en que por la de falta de publicidad y socialización, estas reformas, de entrada, generan duras y confusión entre la población y los abogados.

En estos momentos existen pocas herramientas para discutir lo que ya se aprobó, por lo que ahora lo que tenemos que hacer es observar lo que ocurre alrededor del caso, sobre el cual, incluso, ya se plantearon algunos amparos.

La aceptación de cargos funciona en varios países, ¿Cuál es la diferencia de la aprobada en Guatemala?

Una  aceptación de cargos trabajada adecuadamente, con transparencia y con estándares internacionales, genera un beneficio para la justicia como tal, pero antes de aprobarla debe hacerse un gran análisis y un estudio profundo para que pueda ser aplicable. Si no se hace todo este proceso puede provocar enormes dudas a la población y a otros la certeza de que va a generar una instrumentalización que se puede aplicar en beneficio de situaciones que no son correctas.

¿Esta falta de discusión puede deberse a que,  según se dice, las reformas están dedicadas a un grupo de políticos que tienen problemas legales?

Yo no tengo la certeza para pronunciarme al respecto, pero lo que dicen algunos sectores es que es una ley que beneficia ese tipo de intereses. Algunos analistas han dicho que los otros beneficiados serán los congresistas, será algo que tendrá que verse y analizarse.

Me parece que no se profundizo para concluir que esto era lo mas adecuado, si este es el momento y si las condiciones eran propicias para promover esta ley, pero no tengo el análisis concreto de quienes van a salir beneficiados en lo individual o qué grupos serán privilegiados.

¿Cuál considera usted que es el principal problema de estas reformas?

Uno de los problemas es que no se analizó con actores importantes, que están afuera del Congreso, porque el problema de la prisión preventiva y de justicia son de nación no solo de un sector o de los políticos. Es un asunto que debe tratarse ampliamente y esto es algo que hace falta, entonces, mientras la transparencia y la discusión de esta ley no se dé,  lo único que existe es confusión y llama a suspicacias.

¿Considera que tiene algunas inconstitucionalidades?

Habría que analizar caso por caso y determinar pero no me extrañaría que hubiera algunos errores en el tema y esto se debe a la forma apresurada como se llevó a cabo el proceso.

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