Guatemala

María Consuelo Porras: La mora judicial es demasiado alta

La recién nombrada fiscal general, María Consuelo Porras, concedió una entrevista radial en la que se refirió a varios temas y resaltó como uno de los mayores retos reducir la mora judicial que, indicó, es casi la misma que dejó la gestión de Claudia Paz y Paz.

María Consuelo Porras, fiscal general electa para el período 2018-2022, asiste a reuniones de etapa de transición a cargo de Mayra Véliz, secretaria general del MP. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

María Consuelo Porras, fiscal general electa para el período 2018-2022, asiste a reuniones de etapa de transición a cargo de Mayra Véliz, secretaria general del MP. (Foto Prensa Libre: Estuardo Paredes)

María Consuelo Porras, quien tomará posesión como fiscal general el próximo 17 de mayo, participó en el espacio radial Uno a Uno, de La Red, y dijo que le preocupa “la alta mora judicial” que persiste en el Ministerio Público (MP), e incluso mencionó que es casi la misma que dejó la gestión de Claudia Paz y Paz.


Ronald Figueroa, coordinador de informática del MP, comentó a Prensa Libre, que cuando asumió el cargo Thelma Aldana, en el 2014, empezaron a determinar el número de expedientes por resolver, sumado a todo lo que ingresaba diariamente y lo pendiente de años anteriores, y lograron identificar un millón 280 mil casos.

A raíz de esos resultados se tomaron las acciones correspondientes, como la creación de la Fiscalía Liquidadora. Con ello se logró resolver el 57% de los expedientes, equivalente a casi 650 mil, sin incluir los nuevos casos, dijo Figueroa.

Añadió respecto de los casos de 1990 que “era una cifra negra, y tocó ir a buscar archivos y desempolvarnos, buscar procesos y analizarlos, porque aparecían pendientes de resolver. Todo esto se explicará a la nueva fiscal en el proceso de transición”, puntualizó el profesional.

Evaluación de desempeño será general

Por la alta mora judicial, todas las jefaturas de las fiscalías del MP serán evaluadas, informó la nueva fiscal. Ese análisis le dará la pauta de mantener o impulsar una reestructuración que garantice un desempeño eficiente.

La evaluación alcanzará a Juan Francisco Sandoval, quien fue nombrado recientemente fiscal regional metropolitano, a Óscar Arturo Schaad, fiscal de Delitos Electorales, y “todos los otros jefes de fiscalías, porque es nuestra obligación realizar una evaluación a todo nivel”, enfatizó Porras.

La fiscal general agregó que de acuerdo con los informes que recibió, la fortaleza del MP es el buen desempeño que ha tenido la  Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), pero advirtió de que las demás fiscalías no han dado los resultados deseados; por lo tanto, el reto es fortalecer a las demás unidades y que las buenas prácticas de la Feci se trasladen.

“Todo delito es importante e igual a otros, aun cuando sea de menor rango, y dependerá del diagnóstico que realicemos, el que determinará si una fiscalía tuvo más atención que otras”, resaltó la profesional.

Falencias en investigaciones

Porras señaló en la entrevista radial que una de las falencias se encontraba en el modelo de gestión actual del MP, “porque está muy fraccionado todo el procedimiento investigativo”.

Porras agregó que la propuesta es tener fiscales que trabajen desde la recolección de evidencias hasta llegar a tribunales e involucrar a los investigadores de la Policía Nacional Civil“Porque se está perdiendo tiempo”, comentó.

En ese tema, Mayra Véliz, secretaria general del MP, recordó que en el 2009 empezó una etapa de transición en la que se asignó un equipo solo para investigar, porque se analizó que las personas que asistían a audiencias no atendían mesas de trabajo dentro del MP.

“Le explicaremos este modelo a la nueva fiscal, porque cada persona tiene una capacidad de investigar y otros son buenos litigadores. Sobre esa base existe un documento técnico elaborado para seleccionar al personal idóneo. Mañana abordaremos ese tema”, expresó Véliz.

Opinión sobre la Cicig

Al consultar a Porras sobre la posibilidad de extender el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), dijo que, en principio, es respetuosa de la ley, y que la competencia de esa decisión le corresponde al presidente Jimmy Morales.

Sin embargo, si le pidieran su opinión, la proporcionará en su momento, y reiteró que la decisión es exclusiva del mandatario.

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