“Somos un grupo diverso de profesionales del derecho dedicados al ejercicio de la profesión liberal, la docencia y la investigación. En esta ocasión coincidimos en que el decreto 10-2019 es contrario a los intereses de la Nación”, dice la carta.
La misiva es firmada por letrados de renombre como el exProcurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque; los constitucionalistas Jorge Mario García Laguardia y Gabriel Orellana Rojas; además del exembajador de Guatemala ante la Organización de las Naciones Unidas, Francisco Villagrán de León; y la exmagistrada exiliada en Estados Unidos, Claudia Escobar.
Este decreto fue aprobado por los diputados el 12 de noviembre y es conocida porque en ella, los congresistas permiten que delincuentes puedan beneficiarse con la reducción de hasta el 50 por ciento de su pena si confiesan los actos reclamados.
Esto beneficia a todos aquellos señalados actualmente por delitos de corrupción, asociación ilícita, lavado de dinero, delitos electorales, entre otros; muchos de ellos son exfuncionarios de gobierno y diputados de la actual legislación que mantienen su derecho de antejuicio.
Presidente @jimmymoralesgt: abogados de diferentes ideologías coincidimos en que el decreto 10-2019 (#AceptaciónDeCargos) es un atentado contra los intereses de la nación. Usted tiene el poder de detenerlo. Haga uso de su facultad constitucional y vete este decreto.#Veto102019 pic.twitter.com/fmmZvjU2fN
— Edgar Ortiz Romero (@edgar_ortizgt) November 27, 2019
Los abogados firmantes de la carta dirigida al Presidente, explican la necesidad de vetar esta ley ya que bajo los términos en que fue aprobada “desvirtúa e instrumentaliza la justicia premial, pone en riesgo la correcta aplicación de la justicia y contiene artículos que notoriamente adolecen de vicios de inconstitucionalidad”.
El artículo 178 de la Constitución Política menciona que “dentro de los quince días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, el Presidente de la República podrá devolverlo al Congreso con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto”.
Según la ley, los decretos no pueden ser vetados parcialmente, por lo que si el Ejecutivo no devuelve el decreto aprobado dentro de los quince días siguientes, el Congreso lo podrá promulgar como ley dentro de los ocho días siguientes.
Debido a que este decreto, a decir de ellos, no reúne las condiciones mínimas ni los estándares internacionales, los togados piden que se discuta una reforma procesal para incorporar otras medidas de desjudicialización.
