CC suspende provisionalmente el decreto de aceptación de cargos

Resolución unánime de los magistrados bloquea la vigencia de cuestionada reforma al Código Procesal Penal.

Congreso aprobó la aceptación de cargos el 12 de noviembre de 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Congreso aprobó la aceptación de cargos el 12 de noviembre de 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendieron de forma provisional la aceptación de cargos decretada por el Congreso y que según abogados podría beneficiar a implicados en corrupción.

Se trata de la admisión de un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 10-2019 presentado a las 12.33 de la madrugada de este 16 de enero por las activistas Helen Mack y Eleonora Muralles, el mismo día en que entraba en vigor.

El tribunal informó que la resolución fue unánime.

Fuentes de la CC informaron que la sesión comenzó pasado el mediodía, luego los magistrados hicieron un receso para asistir a un acto sobre Constitución y jurisprudencia, y luego retomaron la plenaria a eso de las 20 horas.

El proceso continuará en manos de la corte para una resolución definitiva.

La reforma al Código Procesal Penal, que adicionaba el título sexto, procedimiento especial de aceptación de cargos, aprobada el 12 de noviembre de 2019, permitiría que las personas ligadas a proceso puedan obtener hasta 50 por ciento de reducción de condena si aceptan los delitos imputados por el MP.

Sin embargo, analistas y abogados han observado que queda abierta la puerta para que pandilleros o integrantes del crimen organizado se favorezcan porque los cambios permiten la aceptación para delitos como robo, estafa, fraude o delitos contra la seguridad pública.

Aparte, hay analistas que consideran que el sistema podría beneficiarse con una reducción de los tiempos procesales y aliviar la mora judicial.

La fiscal general María Consuelo Porras había anunciado en noviembre que accionaría contra el decreto porque distaba mucho de una propuesta hecha por instituciones relacionadas con el sector justicia.

En medio de esa controversia, el expresidente Jimmy Morales sancionó el decreto el 16 de diciembre.

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