El letrado de Gao, Mo Shaoping, confirmó que apelará la sentencia —que incluye además un año de privación de sus derechos políticos— ya que considera que la periodista es una presa de conciencia y que el proceso ha estado “lleno de irregularidades.”

Gao, de 71 años y comentarista política para medios como la cadena alemana Deutsche Welle, fue detenida en abril del año pasado y juzgada en noviembre, y durante los primeros meses de su arresto le negaron el contacto con su abogado.

-Moratoria de tres meses-

Además, la corte pidió dos veces una moratoria de tres meses para anunciar su decisión, un periodo, seis meses en total, que no se restará de la pena impuesta como sí se hará con el resto del tiempo que estuvo detenida a la espera de juicio, indica el letrado.

Mo denuncia también las amenazas que sufrió su cliente y que le llevaron a realizar una “falsa confesión” de su supuesto delito —que fue televisada en China por la principal cadena estatal— al poco tiempo de ser detenida, y ante el temor de represalias contra su hijo.

Las autoridades alegan que Gao, conocida por sus duras críticas contra las políticas del Gobierno, obtuvo de manera ilegal un documento interno del Partido Comunista de China (PCCh) y lo transmitió a un medio en el exterior, el Grupo Mirror, un portal de noticias chino con sede en Estados Unidos.

Se trata del llamado Documento Número 9, una circular del PCCh que instaba a los miembros de la formación a centrarse en la reforma económica y combatir siete “males“, como la democracia occidental, los valores como los derechos humanos o la disidencia.

Partes de esta circular, del 2013, habían sido publicadas en páginas de internet oficiales, por lo que expertos legales consideran que el documento no podía considerarse un “secreto de Estado.”

– La “ambigüedad” de la Ley-

Precisamente, organizaciones de derechos humanos destacan que este caso evidencia la “ambigüedad” de la Ley de Preservación de Secretos de Estado en China y critican cómo el régimen se aproveche de esta legislación para acallar a las voces incómodas.

“La ley, que fue modificada en el 2010, supuestamente define qué es un secreto de Estado, pero aún es muy ambigua y básicamente dice que cualquier cosa puede serlo si así lo considera el Gobierno“, explica Frances Eve, investigadora de Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

Eve destaca que la ley también “tiene efecto retroactivo“, que es lo que ha llevado a Gao a ser condenada. “Básicamente -prosigue- significa que el Gobierno puede llamar a cualquier cosa secreto de Estado después de que haya sido publicada y después acusar a cualquier individuo de haberlo filtrado.”

Esta no es la primera vez que Gao acaba en la cárcel por sus comentarios políticos, después de ser condenada en 1993 a seis años de reclusión por el mismo delito por el que fue condenada este viernes, y a otros quince meses tras las protestas de Tiananmen de 1989, en las que se involucró.

De cumplir íntegra la condena, Gao saldrá de la cárcel con 78 años y sus allegados temen que su salud empeore en prisión ya que sufre una enfermedad cardíaca y el síndrome de Menière, que le ha provocado diversos desmayos recientemente.

Su caso se enmarca en la mayor represión que vive el país desde los años 90, y en la que se ha encarcelado a disidentes y activistas moderados como Xu Zhiyong o el profesor universitario uigur Ilham Tohti, y que ha sido fuertemente denunciada por la comunidad internacional, mientras Pekín desoye las protestas.

“La ley sólo es un concepto con el que juegan (los líderes)“, resumía el activista Hu Jia.

En conversación telefónica con desde su casa, donde permanece bajo arresto domiciliario, Hu consideró que lo que ahora ha enfurecido al régimen es que la gente descubra su forma de funcionar: “La gente pudo ver su lado oscuro tan claro como nosotros lo vemos.

Hong Lei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, dijo que a todos los ciudadanos chinos “se les respetan sus derechos humanos básicos, como estipula la Constitución” y que el caso de Gao se manejó con apego a la ley.

“Ningún país tiene el derecho a interferir en eso. Esperamos que otros países respeten la soberanía judicial de China” , dijo Hong.