El reporte Más allá del conflicto, luchas por el bienestar, que será presentado hoy, se basa en la evaluación de  las políticas públicas que rigieron el país desde 1985 hasta el 2015 y los resultados de su aplicación, e incluye parte de una encuesta que ofrece cifras más recientes sobre la situación en que vive la población.

El perfil

Según el estudio del PNUD, el guatemalteco promedio acude a los servicios públicos de salud por el acceso físico y económico que este representa, aunque dude de su calidad, no tenga confianza y haya poca pertinencia cultural en ese centro.

Por lo menos una vez, ese guatemalteco fue a un servicio de salud pero no fue atendido por falta de insumos, medicinas o personal médico; entonces, decidió acudir a un centro privado. La otra opción era esperar a que a la clínica estuviera abastecida o quedarse sin recibir atención.
En el informe se detalla que el 80.5 por ciento de guatemaltecos se inscribe en una escuela pública, porque no puede pagar un colegio, aunque la calidad de la educación ofrecida por el Estado es precaria y eso afecta su desarrollo laboral y de participación política.

El guatemalteco, por lo general —82.37%—, no puede cubrir el total de gastos de su hogar, que incluye salud, educación, alimentación, servicios del hogar, alquiler o pago de vivienda, recreación, transporte, vestido, calzado y artículos para el hogar.

Esa población considera que la dificultad para cubrir esos gastos se debe a que los ingresos que devenga no son suficientes —Q2,644.40 es el salario mínimo—, que son  menores al costo de la canasta básica alimentaria —Q3,589.80—, y mucho menores a la canasta básica vital —Q6,550.70—.

Cuando el guatemalteco no puede cubrir un gasto, deja de consumir o acude a un préstamo.

Durante el último año, el 49% de ciudadanos pensó que su familia podría quedarse sin comida, y el 23.2% de  hogares sufrió esa situación.

Uno de cada cuatro guatemaltecos se ha sentido discriminado y cree que su nivel económico es causa de esa situación. Esa percepción se incrementa si la persona es indígena.

La casa del guatemalteco, por lo general, está construida con block y lámina metálica, pero los habitantes indígenas que vive en la provincia regularmente habitan en hacinamiento, con piso de tierra y con acceso limitado al agua.

La mayoría de habitantes del país tiene menos de seis años de escolaridad y siete de cada 10 trabaja en la informalidad.

El guatemalteco —90%— cree que el Gobierno le debe dar salud gratuita, educación obligatoria  y garantizar los derechos de los trabajadores.

También considera que es responsabilidad del Estado proveer de electricidad y que las personas tengan un transporte público de calidad.

El 60% de los guatemaltecos cree que el Gobierno no invierte lo suficiente en las personas de escasos recursos.

Proceso

No satisfacer las necesidades del hogar, sentirse excluido y sin información son causas de la conflictividad, según el documento.

El indicador del PNUD demuestra que el país tuvo un impulso hasta el 2006, cuando el crecimiento del índice era de 2.3% anual, pero a partir de ese año se redujo a 0.3% por ciento anual.

“El proceso de democratización en Guatemala, a partir de 1985, y el fin del conflicto armado interno, en 1996, facilitó condiciones para establecer una agenda de país con mayor justicia y equidad. No obstante y de forma contradictoria, se debilitó la capacidad pública para cumplir con los compromisos, mediante políticas de reducción de funciones del Estado y privatizaciones poco transparentes”, señala el informe.

Otro aspecto que destaca en el estudio es que la baja inversión social del Estado y el modelo económico del país obstaculizaron la reducción de la pobreza. La población en esta condición se redujo en los primeros años posteriores a los acuerdos de paz de 72% a 58%, pero después del 2006 la pobreza se ha incrementado y alcanza  dos terceras partes de la población.

Se debe atender la conflictividad

En los últimos años en el país se ha producido un incremento de acciones colectivas vinculadas con disputas por ausencia de servicios básicos, descontento con autoridades gubernamentales, reclamos territoriales y rechazo a proyectos que afectan el medioambiente, según el informe.

El modelo económico y las políticas públicas del país han excluido a gran parte de la población y originado desigualdad económica y social que limita el bienestar de los guatemaltecos, reflejado en el IDH.

Esas disparidades desatan conflictos sociales. Por ejemplo, en el 2015, la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos reportó 441 conflictos —135 relacionados con temas agrarios, 111 con políticas públicas y 86 con recursos naturales—, la mayoría en Alta Verapaz, Chimaltenango, Huehuetenango y Xela.

Entre el 2004 y el 2015 se contabilizan 93 consultas comunitarias, pero ninguna ha generado resultados vinculantes a políticas públicas o megaproyectos, aunque las comunidades han expresado su desacuerdo en la instalación de estos.

Un ejemplo del rechazo es Alta Verapaz, departamento con mayor número de hidroeléctricas, en donde solo el 43.5% de población cuenta con servicio de energía eléctrica.

El PNUD hace un llamado para que las manifestaciones públicas y demandas colectivas sean comprendidas más allá de la conflictividad social y buscar un modelo incluyente de desarrollo.