En el marco del Día Internacional de la Juventud, las organizaciones argumentaron que hay casi 80 mil jóvenes que no estudian ni trabajan en Guatemala –grupo denominado Ninis–, lo que evidencia la ausencia de políticas de protección para la juventud y revela la relación de muchos de ellos con pandillas y crimen organizado.
La información de las agrupaciones indica que de 200 mil jóvenes que cada año se incorporan al mercado laboral, solo el 10 por ciento accede a un trabajo estable y con prestaciones de Ley, el resto se ubica en el sector informal, con condiciones precarias.
Otra de las preocupaciones es que según el informe “Formalizando la informalidad juvenil”, de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en el 2015, la brecha salarial de genero en las personas jóvenes es de 38 puntos porcentuales.
Marlon García, miembro de la Fundación para la Juventud y del Frente Nacional de Juventud, señaló que durante muchos años, los jóvenes, hombres y mujeres, salen día a día a vivir, sobrevivir o morir debido a la falta de políticas públicas y de interés de las autoridades.
“Tomando en cuenta que somos casi 6 millones de jóvenes existe aún pendiente de aprobación una ley nacional de juventud en el congreso que permitiría generar condiciones para que jóvenes pueden acceder a oportunidad de empleo y de trabajo digno y que esto nos permitirá tener un mejor nivel de vida”, indicó García.
El activista agregó que “de lo contrario tendríamos a jóvenes, que a pesar de los datos que hemos compartido hoy, que a pesar de que estudian o tienen habilidades y destrezas muy particulares son víctimas del crimen organizado para utilizarlos como sicarios como aquellos personajes que van a traer la extorsión o como herramientas de las trata de personas, especialmente las mujeres, que son víctimas de violaciones de sus derechos e integridad física”.
Las organizaciones exigieron al presidente, Jimmy Morales; al director del Concejo Nacional de la Juventud, Edgar Chin; al presidente del Congreso, Mario Taracena; al jefe de la bancada oficial, Javier Hernández; y la presidenta de la Comisión de la Juventud en el Congreso, Eva Monte, que se aprueben la ley nacional de la juventud y que le den viabilidad a la política nacional 2012-2020.
Como parte de las actividades, algunas agrupaciones juveniles realizaron una manifestación por el Centro Histórico, incluyendo el Congreso de la República, donde exigieron a los diputados más atención.
