Justicia

Interventor de la SAT asume el control de Aceros de Guatemala

El auditor de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Rolando de Jesús Oliva Alonzo, asumió la tarde de este jueves el control de Aceros de Guatemala, horas después de que el Juzgado Séptimo Penal firmara la medida contra la empresa procesada por intentar desviar la atención hacia proveedores inexistentes en un caso de defraudación por Q255 millones.

Por Claudia Palma y Natiana Gándara

Abogados de la SAT notifican a Aceros de Guatemala sobre la intervención firmada por un juzgado. (Foto Prensa Libre: SAT)
Abogados de la SAT notifican a Aceros de Guatemala sobre la intervención firmada por un juzgado. (Foto Prensa Libre: SAT)

La Fiscal General aseguró que el interventor será, a su vez, supervisado por el MP,  PGN y  SAT.

El interventor  tendrá el control de la empresa y ningún movimiento de dinero podrá hacerse sin su consentimiento.

Tampoco puede facilitar información de la situación fiscal de la firma.

El objetivo primordial del nombramiento es asegurar  el monto de los impuestos defraudados, para evitar que el capital de la empresa salga del país  o sea trasladado a otras, afirmó el fiscal de Delitos Económicos, Andrei González.

“Las cuentas no se embargan, pues el control lo tendrá el interventor, y no queremos interferir en el funcionamiento de la compañía. Con la medida se asegura el dinero de esas cuentas, y pueden seguir operando con normalidad”, agregó González.

La intervención durará hasta que finalice el proceso penal, agregó el fiscal. 

"Tenemos un caso sólido de defraudación", dijo este jueves el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa.

El  Juzgado accedió al arraigo contra los socios mayoritarios José Luis Gabriel Abularach y María Eugenia Valdez Gómez, y el representante legal Pedro José Paiz Valdez, detalló Solórzano.



Edificio de la zona 13 donde funcionan las oficinas de Aceros de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)
Edificio de la zona 13 donde funcionan las oficinas de Aceros de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Paulo Raquec)


Fraude millonario

La deuda de Aceros de Guatemala podría ascender a más de Q500 millones, y esto únicamente  por multas, intereses y moras, informó el superintendente.

Según la Fiscalía, la compañía se valió de agentes externos a  la SAT  y de altos funcionarios de ese organismo para lograr la devolución de un crédito fiscal por US$11.8 millones.

Ocho de 15 sindicados fueron enviados a prisión preventiva por ese caso.

Investigan a Tres Puertos

El titular de la SAT agregó que se encuentran en investigación  algunas empresas que hacían uso de los servicios de la compañía Tres Puertos, con sede en el país.

Aceros de Guatemala habría contratado por Q1.3 millones a Tres Puertos para encargarse de desvanecer el adeudo fiscal.

Unas semanas atrás, Tres Puertos Guatemala era, para la Fiscalía, una compañía que auxiliaba a las empresas con servicios de gestión de devolución de crédito fiscal y se dedicaba al transporte de chatarra.

Las pesquisas llevaron a los fiscales a determinar que Tres Puertos era algo más que una compañía con enlaces externos y contactos en la  SAT para ofrecer esa clase de servicios.

Según el Registro Público de Panamá,  Alfredo Muñoz Ledo —ahora detenido por el caso de Aceros de Guatemala— constituyó en el 2011 la empresa Tres Puertos Panamá, S.A.

La compañía fue creada con un capital de US$10 mil,  divididos en cien acciones comunes  que se emitirían en forma nominativa y con valor de US$100 cada una.

Las oficinas, según el Registro Público de Panamá, se  ubican en la calle San Francisco, edificio Empor, uno de los distritos más lujosos de la capital panameña, donde se concentran  grandes compañías.

Como vicepresidente figura Luis Enrique Duarte García, y como secretaria, Patricia Carolina Ortiz.

De acuerdo con Panjiva, una plataforma digital que permite encontrar empresas que compran o fabrican productos en todo el mundo, el mejor cliente de Tres Puerto Panamá es la Siderúrgica de Caldas, cuya casa matriz está en Manizales, Colombia,  destinada a la producción de aceros con “bases productivas”, localizada en Argentina, México, Colombia, Estados Unidos y Guatemala, según su propia página web.

Otras pesquisas

Los fiscales, además, investigan la participación de Geovanni Marroquín Navas, subcontratado por Tres Puertos —detenido  por los casos La Línea y Aceros de Guatemala—, y un empresario azucarero.

De acuerdo con las pesquisas, existe una segunda cartera de clientes, la mayoría exportadores, que Marroquín Navas y este empresario asesoraban para ofrecer servicios de devolución de crédito fiscal. Se averigua si esto se hacía de manera lícita o fraudulenta.

Sin pronunciamiento

  • Nely Morataya, gerente de Mercadeo de Aceros de Guatemala, expresó que por orden de los abogados de la empresa  no pueden dar  información  y que están interesados en dar a conocer su postura, pero lo harán cuando se les indique.

Antecedentes

  • La compañía es una de  dos  en el país  que producen varillas de hierro para la construcción, producto que  se exporta a Centroamérica, entre otros productos metalúrgicos.
  • Aceros de Guatemala empezó a operar como empresa individual en  1963, cuando se dedicaba  a la fabricación de clavos, labor  que arrancó con varias máquinas de tecnología alemana.
  • Aceros de Guatemala opera con los nombres comerciales  Distun, Despensa Ferretera y Ferretería Ferrominera.
  • En cinco años fue beneficiaria de 47 contratos con diferentes dependencias del Estado, por más de Q42 mil millones, según los registros del portal Guatecompras.

Estructura defraudó Q255 millones

La causa  contra  Aceros de Guatemala se abrió cuando la Fiscalía de Delitos Económicos encontró pruebas de defraudación tributaria por Q255 millones 612 mil 266.82, así como la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores  por Q11.8 millones.

“También se solicitó, como medida cautelar, la intervención de la entidad Aceros de Guatemala, S.A., ya que consideramos que tenemos un caso bastante sólido de defraudación tributaria”, resaltó el funcionario.

Solórzano indicó que  la SAT consideró  que ante el impago de la empresa de sus obligaciones tributarias, “era necesario tomar estas medidas”.        

La fiscal general, Thelma Aldana, explicó que el  MP, SAT y  Procuraduría General de la Nación (PGN), en una audiencia, pidieron al juez contralor Adrián Rodríguez Arana que se decretara la intervención de la compañía

y el arraigo de varias personas, a lo cual el juez accedió, como medida precautoria.