Más detenidos
Del total de aprehensiones, el 43 por ciento —equivalente a 260— corresponde a empleados y extrabajadores del Registro Nacional de Personas (Renap) y 35 por ciento a la Policía Nacional Civil (PNC).
Entre los casos en los que se vieron involucrados varios agentes, según datos del MP, está el desvío de Q52 millones de la institución a cuentas en el país y en bancos de Panamá.
Versiones preliminares refieren que esa red enviaba a reparar los autopatrullas a talleres fantasmas, con sobrevaloración de servicios y repuestos.
Otro de los casos señala a unos 20 policías de la red de estar involucrados en muertes extrajudiciales en Raxruhá, Alta Verapaz, durante la liberación de ocho agentes de la PNC en el 2014.
La Sección de Operaciones de la Inspectoría General de la Policía manifestó que entre los delitos que se les imputan a los agentes está encontrarse bajo efectos de alcohol, asociación ilícita, abuso de autoridad y denegación de asistencia económica.
El año pasado fueron detenidos 520 efectivos, se explicó, de los cuales 149 pertenecían a la Inspectoría General y 371 de otras áreas de la PNC.
A la entidad policial le sigue el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con el 8.6 por ciento de detenidos; es decir, 52 personas.
Seguro Social
Un reporte de la Subgerencia de Integridad y Transparencia del IGSS establece que del total de aprehensiones, 28 fueron solicitadas por la institución por irregularidades en la construcción de hospitales, entre ellos el de Morales, Izabal.
El resto están señalados en otras investigaciones que sigue el MP y la Cicig.
Entre esos casos se encuentran IGSS-Pisa y Negociadores de la salud. En el primero, el 2 de octubre del 2014, los integrantes de la Junta Directiva del Instituto aprobaron un contrato que se adjudicó de manera irregular a la droguería Pisa, S.A., para efectuar servicios de diálisis peritoneal para enfermos renales.
Por este caso están detenidos, entre otros, Juan de Dios Rodríguez, quien presidía la Directiva de esa institución; Jesús Arnulfo Oliva Leal, representante del Consejo Superior Universitario, de la Universidad de San Carlos; y Julio Suárez, como representante de la Junta Monetaria.
“Desde que la oficina de transparencia se habilitó se han presentado 32 denuncias, por medio de las cuales se logró detener a 28 personas. A esos casos, el IGSS también se adhirió a los procesos penales investigados por el MP y la Cicig”, dijo Lucía Dubón, vocera del IGSS.
Menos capturas
Los capturados en el Ejecutivo representan el 1.6 por ciento de las detenciones del reporte. Por primera vez en la historia la presión social contribuyó a logar que los gobernantes renunciaran a sus cargos y luego fueran aprehendidos por desvíos millonarios.
En la actualidad guardan prisión preventiva el expresidente Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, por supuesta participación en la red de defraudación aduanera denominada la Línea. En ese mismo caso está procesado Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de la Vicepresidencia, en la gestión de Baldetti.
Por un proceso de tráfico de influencias se capturó al exsecretario General de la Presidencia y yerno de Pérez Molina, Gustavo Martínez.
Por denuncias planteadas contra el Ministerio de Salud se reportan cinco detenciones: tres en Quetzaltenango, una en Zacapa y otra en la capital.
Además, en la Superintendencia de Administración Tributaria se detuvo a 25 personas, y en el MP van 26, tres vinculados con la red que filtraba información.
En el Organismo Judicial se reportan cinco aprehensiones, el 0.8% del total.
En las detenciones se incluye a las juezas Jisela Yadel Reinoso Trujillo, Marta Josefina Sierra González de Stalling —libre bajo fianza— y al magistrado Érick Gustavo Santiago de León —con libertad condicionada—.
