Actualmente, el gobierno guatemalteco mantiene conversaciones en Naciones Unidas para revisar el mandato de la comisión, luego de que Morales intentó en septiembre pasado expulsar del país al jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez.
Morales declaró al exjuez como no grato al señalarlo de injerencia en asuntos internos y violar la presunción de inocencia de sindicados en casos de corrupción. La orden de expulsar a Velásquez fue anulada por la máxima instancia judicial.
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El intento por sacar a Velásquez se dio pocos días después de que la CICIG y la fiscalía pidieron quitar la inmunidad al mandatario e investigarlo por sospechas de haber financiado su campaña de 2015 con fondos ilegales.
Morales ha mantenido su inmunidad tras dos votaciones en el Congreso donde no se ha logrado llegar a la cantidad de votos suficientes para quitar el blindaje y ahora el gobierno se queja que la comisión de la mano de Velásquez ha sobrepasado sus funciones.
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“Los miembros del Grupo G13 (…) reiteran su apoyo y aprecio al trabajo desempeñado por la CICIG y por su Comisionado, Iván Velásquez”, agregó el comunicado.
Apreciamos el respaldo del G13, me parece importante el señalamiento al fortalecimiento que deben tener las instituciones de justicia, y el llamado que hacen sobre el proceso de selección de Fiscal General: @Ivan_Velasquez_
— CICIG Guatemala (@CICIGgt) February 26, 2018
Instalada en 2007 a petición de Guatemala, la CICIG ha colaborado con las autoridades judiciales en la depuración de jueces señalados como corruptos, además de desarticular grupos del narcotráfico y crimen organizado, entre otras acciones.
La CICIG cobró relevancia en 2015 con Velásquez, el tercer jefe de misión, tras revelar junto con la fiscalía una estafa en las aduanas que condujo a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla del fraude.
Velásquez lamenta postura del Gobierno
El jefe de la Cicig, Iván Velásquez, dijo este lunes que es “lamentable” que la canciller del país, Sandra Jovel, lo acuse a él de ser el problema de las controversias que el Gobierno mantiene con el ente de la ONU.
“No tengo ninguna opinión. Creo que es una afirmación lamentable, simplemente”, dijo el comisionado al ser preguntado por los medios después de que la ministra de Relaciones Exteriores dijera el 16 de febrero en una cita en el Congreso que la Comisión “no tiene ningún problema” y que lo que “está mal” es el actuar de Velásquez.
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La cancillería había dicho en una citación parlamentaria que “la Comisión como tal no tiene ningún problema (…). Aquí lo que está mal es la aplicación del acuerdo por la persona que lo está dirigiendo”.
Esta citación parlamentaria se produjo después de que Jovel acudiera a la ONU a una reunión privada con el secretario general, Antonio Guterres, en la que pidió la destitución de Velásquez, según trascendió.
El gobierno de Guatemala, que mantiene diferencias con la Cicig desde hace meses, argumenta que se violan los derechos humanos de los acusados por infringir su derecho a la presunción de inocencia y que el actuar de Velásquez representa injerencia en asuntos internos del país, además de que amenaza la independencia judicial y mediatiza los casos.
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