De igual forma a la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales de los Recursos Naturales de Ciencias Naturales y el Medio Ambiente –Asorema-. Al Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático, la Academia de Ciencias Médicas, Física y Naturales de Guatemala y el listado de Científicos Guatemaltecos que respaldan una carta abierta, publicada el pasado 25 de marzo.
En la convocatoria se solicita que se nombre a un representante para que acudan a las reuniones en la Universidad del Valle de Guatemala, ubicada en zona 15.
El objetivo de las reuniones es generar una propuesta de forma participativa, incluyente e integral que permita solucionar la problemática de la contaminación hídrica del país, en especial en la cuenca del lago de Amatitlán.
Proyecto polémico
La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, manifestó el pasado día 30 la decisión de su gobierno de suspender la limpieza del lago de Amatitlán mientras se intentaba llegar a un acuerdo con científicos y universidades nacionales que se oponían a la aspersión de un químico en esa cuenca.
Un día antes de que la vicepresidenta comunicara la suspensión de la limpieza, científicos guatemaltecos de diversas universidades públicas y privadas del país y de otras partes habían mostrado su “desacuerdo” con el producto que el Gobierno había adquirido.
La vicepresidenta Roxana Baldetti verifica la limpieza del Lago de Amatitlán.
En el escrito, los expertos destacaban que el Estado debía “velar por la protección de nuestros recursos acuáticos”, así como por su conservación, desarrollo y aprovechamiento racional, porque, a su juicio, son parte de los recursos naturales que integran el patrimonio de la nación.
La embajada de Israel también se desligó de esta polémica, después de que la firma de ese país Tarcic Engineering Ltd recibiera el contrato, por valor de unos 17 millones de dólares, con el objetivo de sanear el accidente geográfico.
El pasado martes el director de Amsa, Edvin Francisco Ramos Soberanios renunció al cargo argumentando “asuntos personales”.
Ramos Soberanis había firmado los contratos con la empresa M. Tarcic Engineering Ltd. por Q137.8 millones, aunque ante diputados en el Congreso el pasado 10 de marzo, reconoció que (Amsa) por ser una entidad dependiente de la Vicepresidencia, recibió recomendaciones de la vicemandataria Roxana Baldetti para adjudicar el proyecto a la empresa israelí.
