La pena contra Baldetti es mínima en relación al daño que ocasionó al país con las redes mafiosas que tejió.

La condena a más de 15 años de cárcel, impuesta la madrugada de ayer a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, es la primera contra una funcionaria que como pocas ejemplificó la corrupción, el descaro y la certeza de salirse con la suya. Aunque ahora vendrán las apelaciones contra dicha sentencia, este hecho envía el mensaje positivo de que se puede combatir la corrupción y la impunidad en el sistema de justicia guatemalteco.

La condena a 15 años y seis meses de prisión decidida el lunes por el juez Pablo Xitumul, del Tribunal C de Mayor Riesgo, contra Roxana Baldetti no se puede rechazar ni criticar. Es el resultado lógico de las consecuencias legales de delitos cometidos en el ejercicio del poder político, como producto directo del convencimiento de la impunidad. Al analizar el caso, desde el inicio se manifestó la segura comisión de un hecho fuera de la ley por su imposibilidad. Simplemente era ridículo pensar siquiera en la posibilidad de limpiar el charco antes conocido como lago de Amatitlán con una pócima. Era realmente un insulto a la inteligencia de cualquiera, no solo la idea en sí, sino la existencia de una empresa extranjera, en este caso dirigida por un israelí, capaz de hacer realidad un absurdo como ese.

Desde que Roxana Baldetti se subió a una lancha en marzo de 2015, se puso a cantar y habló con optimismo de lo que para ella ya eran avances en el saneamiento del Lago de Amatitlán, hasta que el juez Pablo Xitumul sentenció que ese proyecto fue un acto de corrupción e impunidad, el caso Agua Mágica ha generado mucha información.

Uno de los mayores problemas de las democracias latinoamericanas es que sus burocracias se vuelven insostenibles, debido a un crecimiento desmesurado, clientelar o de poca calidad, lo que redunda en un perjuicio generalizado para las sociedades, que solo se convierten en espectadoras de modelos desfasados, onerosos e incapaces de generar desarrollo.