La ministra afirmó que el presidente Jimmy Morales se reunió con la Asociación Nacional de Municipalidades y las cuatro comunas donde se quería implementar este salario —Masagua, Escuintla, Estanzuela, Zacapa y San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya, El Progreso— y allí le volvieron a manifestar su interés.

“No es que el Ejecutivo esté liderando este proceso, más bien el Presidente tiene una política de puertas abiertas, y en ese sentido los cuatro alcaldes están insistiendo en que el tema se aborde”, afirmó la ministra.

Teleguario afirmó que buscan tener una hoja de ruta, sin dejar de escuchar a todos y que trabajan para “para responder a las necesidades de la población”.

Rubén Morales, ministro de Economía, confirmó que apoyan a las cuatro municipalidades porque “tienen la necesidad de generar desarrollo económico en su territorio”.

Agregó: “En principio se trabajaría con los cuatro municipios, pero si hubieran otros interesados estamos abiertos para apoyarles. Si hubieran otros, estamos abiertos para apoyarlos”.

El funcionario dijo que aún no ha tenido acercamiento con ninguna empresa y que nadie lo ha abordado directamente, pero dijo que si hay algunos inversionistas a los que se les “debería dar seguimiento”.

“Estos cuatro municipios están ubicados en una franja económica importante del país, Masagua en la costa sur, y los otros tres en carretera al Atlántico, en función de su ubicación geográfica y estratégica para la industria es que se estarían promoviendo”, afirmó el ministro, quien agregó que podría haber empresas “interesadas en colocarse en estos lugares”.

Criticada iniciativa

El salario mínimo diferenciado es la autorización por parte del Gobierno central —Ejecutivo—, para que algunos gobiernos locales —municipalidades— autoricen a unos tipos de empresas, generalmente maquilas y manufactura ligera, el pago de un salario menor al mínimo autorizado a sus trabajadores.

Hubo dos intentos de implementar un salario mínimo diferenciado, el primero el 22 de diciembre de 2014, cuando el expresidente Otto Pérez Molina firmó los acuerdos gubernativos 471-2014, 472-2014, 473-2014 y 474-214, que autorizaban un salario mínimo diferenciado de Q1 mil 500, en cuatro municipios.

La disposición del Ejecutivo provocó una serie de críticas de organizaciones sociales y de Derechos Humanos, y el 8 de septiembre de 2015 la Corte de Constitucinalidad resolvió que los decretos que creaban los salarios mínimos diferenciados propuestos por Pérez Molina violaban la Carta Magna, porque eran una violación al derecho mínimo vital.

El segundo intentó ocurrió el 31 de diciembre de 2015, cuando el expresidente Alejandro Maldonado Aguirre, publicó los acuerdos gubernativos 304-2015, 305-2015, 306-2015 y 307-2015, donde autorizaba a los mismos municipios tener un salario mínimo diferenciado, esta vez de Q1 mil 954.95.

De nuevo las críticas no se hicieron esperar e incluso el Presidente defendió su posición, pero el 7 de enero de 2016, el pleno de la CC resolvió, por unanimidad, dejar en suspenso la implementación de los salarios mínimos diferenciados propuestos por Maldonado Aguirre; el argumento fue el mismo de la vez anterior, violaciones al derecho mínimo vital.

El pasado 2 de febrero Jimmy Morales, con el Acuerdo Gubernativo 35-2016 autorizó derogar los acuerdos con que se decretaba el salario mínimo diferenciado en cuatro municipios.

En el acuerdo se reconocía que los salarios diferenciados “no son acordes a los principios, derechos y garantías sociales que nuestra Constitución garantiza”.