COLABORACION
Privatización de la (in)seguridad
Ni la economía ni la política están preparadas para recibir semejante demanda acumulada.

Por Alvaro Velásquez

La excesiva privatización de la seguridad nos está costando cara. En un Estado democrático “normal” la seguridad pública y ciudadana es responsabilidad del sistema de gobierno en donde la ciudadanía tiene un papel que jugar pero circunscribiéndose a tres áreas a) la denuncia, b) respaldo de las políticas y cuerpos de seguridad y c) tributando. No es nuestro caso.

En Guatemala, un complejo círculo vicioso de acendradas prácticas autoritarias, débil democratización y ortodoxia económica han fomentado que la inseguridad ciudadana crezca a niveles alarmantes.

Veamos. A) Durante mucho tiempo el Estado guatemalteco fue grande para la represión (Ejército grande instalado sobre el aparato público y absorbiendo la economía para fines bélicos y propios): pero pequeño para la cohesión social (inversión pública y en capital humano nula o escasa).

El resultado es que con la llegada de la paz, los rezagos sociales no sólo persisten sino que son mayúsculos. Ni la economía ni la política están preparadas para recibir semejante demanda acumulada. Por otra parte, la impunidad se vuelve la regla por que hay que “cerrar el pasado” y los poderos conservan intacto su poder.

B) La democratización exige que el Ejército se retire a sus cuarteles y que la sociedad civil y política recobren y ocupen los espacio que las fuerzas armadas dejan tras de sí como funciones prioritarias del Estado. Pero el tránsito es lento. Con demasiadas resistencias del lado militar; con escasas experiencias del lado civil y poco voluntad del lado político.

Cierto que la “técnica democrática” ha sustituido el vociferar de las armas; pero la “cultura democrática” de deliberar, concertar y ejecutar con las reglas del Estado de Derecho, aún está gelatinoso. Amplios sectores y territorios resienten el vacío de poder y reclaman al único que ha sido eficiente: el ejército. Caso contrario, se privatiza la acción policial y judicial por parte de enardecidos ciudadanos.

C) Las políticas económicas del “Consenso de Washington” (o sea la ideología neoliberal hecha política pública a nivel internacional, impulsada y monitoreada principalmente por el FMI y el BM) han debilitado externa e internamente las escasas capacidades gubernamentales y estatales para hacer frente a sus problemas sociales de los Estados, contraviniendo inclusive a algunas cláusulas constitucionales que motivan el bien común y los derechos humanos de tercera generación.

El nuevo paradigma económico indica que son los ciudadanos los que deben resolver sus propios requerimientos, se privatizan las relaciones colectivas. Se cierran colonias, se cierran calles, ex militares fundan sus empresas de seguridad y al mismo tiempo se cierran escuelas, y plazas de trabajo, se cierra entonces la esperanza.