EDITORIAL
Reflexiones sobre armas de fuego

Otro de los temas que han despertado interés en los últimos días es la emisión del reglamento que restringe por seis meses la extensión de licencias para armas ofensivas, y ordena que éstas sean entregadas para su registro.

La causa es que saca de nuevo a flote el tema de portar y usar las armas de fuego en una sociedad asolada a causa de la presencia indiscriminada de éstas.

Los defensores del derecho del ciudadano a tener armas a su disposición tienen el criterio de que cuando éste se restringe en cualquier forma, los beneficiados son los delincuentes, que tienen entonces la seguridad de que enfrentarán a sus víctimas con toda ventaja, porque éstas no tendrán la misma calidad de armamento para defenderse en forma efectiva de la acción de los antisociales.

Otras personas, sin rechazar que el fondo del criterio anterior es razonable, piensan distinto y consideran que la proliferación del uso legal y, sobre todo, permisivo de armas de fuego provoca el aumento de crímenes cometidos con éstas, por simple lógica y porque la sociedad comienza a considerar natural la presencia constante de personas armadas que no pertenecen a ninguna de las fuerzas de seguridad ni trabajan en ninguna actividad que obligue al empleo de armas de fuego.

La verdad se encuentra en el balance de estas dos ideas. Los ciudadanos tienen derecho a portar y a tener armas en el interior de sus propiedades, pero lo que se pone en duda es que esto signifique permitirles tener fusiles de asalto como el AK 47, la subametralladora Uzi y otras de similar poder de fuego.

Las armas pueden ser analizadas desde la perspectiva que se emplea en casos como los vehículos.

Son necesarios para poder funcionar correctamente en la actual sociedad, pero ello no significa que se necesite tener uno de carreras en la puerta.

El ciudadano desarmado está a merced de los delincuentes, obviamente. Pero quien tiene armas puede enfrentarse con éxito, porque tenerlas implica que la persona tenga la disciplina de entrenarse en su uso, pero además la serenidad y la madurez para saber en qué momento usarlas y, sobre todo, con qué propósito.

El derecho de usar armas lleva implícita la obligación de que el Estado haga los exámenes psicológicos y de conducta necesarios, a fin de que los aspirantes a portadores comprueben que no constituyen un riesgo latente para la comunidad.

Por aparte, el derecho al uso de armas debe ser reducido o eliminado en aquellas personas que tengan ingresos a la cárcel por actos ilegales cometidos utilizándolas.

Y la simple portación de determinadas armas ofensivas debe ser calificada como delito, pero siempre y cuando exista la voluntad política de aplicar la ley.

Las estadísticas mundiales indican que mientras más armas de fuego andan diseminadas por todos lados, mayor es el número de delitos relacionados con éstas.

La reducción de la facilidad de usar armas será paralela a la disminución de hechos delictivos, y para proteger a los ciudadanos es necesario aplicar las leyes existentes, y hacerles los cambios necesarios.